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Miguel de la Madrid Hurtado
Cambio de rumbo
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ. Procuraduría General de la República.
Marzo de 2009.
Grande Normal Chico

Miguel de la Madrid llegó a la Presidencia de la República con un equipamiento personal, profesional y ético sobresaliente, que se reflejó en su concepto y su atención a las tareas realizadas en materia de justicia. El titular del Ejecutivo era jurista por vocación y formación, profesor universitario, tratadista de Derecho, funcionario público con larga trayectoria. Puso énfasis en la renovación jurídica para consolidar y actualizar el Estado de Derecho. Consciente de que para ello no basta la reforma de normas, sino es también indispensable la reforma de las instituciones, emprendió esa tarea por ambas vías. El esfuerzo fue ininterrumpido y dio buenos resultados.

Cuando asumió la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el 1 de diciembre de 1982, De la Madrid encomendó expresamente al Procurador General de la República la realización de una consulta nacional sobre impartición de justicia y seguridad. Este encargo, atendido en forma inmediata y sistemática, implicó la apertura de foros de debate en las capitales de todas las entidades federativas, con la presencia y colaboración de los respectivos gobernadores, además de instalar un foro central en el Distrito Federal.

Se constituyeron diez subcomisiones de trabajo a cargo de otras tantas áreas de la impartición de justicia, cuyas presidencias quedaron en manos de prominentes juristas de las respectivas especialidades. Este proceso —sin precedentes en México, como dijo De la Madrid en su primer informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1983; y mucho más extenso que cualquier otro emprendido en años posteriores— generó una amplia variedad de proyectos de reforma que efectivamente impulsaron la obra legislativa y la reforma institucional de los años siguientes, hasta la conclusión del sexenio. Sólo en la primera etapa hubo diez iniciativas de reforma o nueva legislación, que el Congreso atendió en 1993. Fue, proporcionalmente, el conjunto más numeroso y uno de los más trascendentes.

Como dije, las reformas no podían concentrarse exclusivamente en novedades jurídicas, aunque éstas son indispensables para fijar el marco de los cambios en un Estado de Derecho. Jamás se perdió, eludió o redujo la preocupación —que corresponde a un deber estricto del gobierno— por guiar los pasos de la Administración, y específicamente de la procuración de justicia, conforme a los principios y reglas del Estado de Derecho. No hubo, por supuesto, falsos dilemas entre juridicidad estricta y seguridad pública, que desviaran la orientación del Estado.

La reforma jurídica se vio acompañada por renovaciones administrativas de primer orden: así, la desconcentración territorial y funcional de la Procuraduría de la República a través de delegaciones de circuito; el establecimiento de condiciones estrictas para la incorporación de los servidores públicos, con apoyo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales; la creación del Ministerio Público Itinerante; la emisión de nuevos reglamentos y la supervisión de la marcha de todas las unidades técnicas y administrativas; la dotación de equipo mejor y más adecuado para el desempeño de las tareas de la institución; el establecimiento de vínculos de colaboración institucional con las Procuradurías de las entidades federativas; el saneamiento de la policía y la desaparición de cuerpos policiales sin fundamento constitucional, etcétera, etcétera.

Las condiciones presupuestales no eran favorables. Sin embargo, la Procuraduría mantuvo el paso después de ajustar en serio el presupuesto disponible, reasignar recursos y requerir a su personal esfuerzos adicionales, conforme a las circunstancias de ese momento. Cuando concluyó el sexenio, esa dependencia contaba solamente con un subprocurador, un coordinador general y cuatro direcciones generales. Eso era todo. Fue suficiente.

La Procuraduría de la República tiene a su cargo la persecución de delitos del fuero federal, pero también constituye una institución del Estado de Derecho con diversas funciones y objetivos. En el sexenio del Presidente De la Madrid no quedó confinada como una instancia policiaca, sino asumió sus tareas como verdadera "abogacía" en ámbitos diversos del Ejecutivo federal y en el trato responsable y cotidiano con las autoridades legislativas y jurisdiccionales. El Presidente de la República favoreció la imagen y el desempeño de la Procuraduría en este campo.

En lo que respecta a la persecución de delitos federales, la mayor carga de trabajo residió en asuntos vinculados con el narcotráfico. La batalla —se denominó: "el esfuerzo de México"— fue constante, enérgica y eficaz. Los resultados de ese período se han documentado ampliamente, tanto en el plano penal como en el preventivo. Fue entonces que surgió el programa "Atención a la Farmacodependencia", en toda la República y con resultados apreciables. También es preciso mencionar la intensa actividad internacional que perfeccionó los vínculos interinstitucionales y salió al paso de la desinformación más allá de nuestras fronteras. La posición mexicana quedó planteada y fue sostenida con veracidad y sin desvíos o claudicaciones. El Congreso de la Unión estuvo siempre al tanto de las tareas del Ejecutivo en esta materia. Es obvia la diferencia entre la situación existente entonces y la que llegaría más tarde.

Conforme al estilo del Presidente De la Madrid, muy cuidadoso del seguimiento de los programas emprendidos, el Procurador rindió informes sistemáticos al Titular del Ejecutivo, tanto en los acuerdos acostumbrados —verbalmente y por escrito— como en otras oportunidades. La marcha de la Procuraduría fue constantemente analizada a través de esta supervisión, que no sólo fue conveniente, sino también estimulante para quienes dedicaban su tiempo y su trabajo a la procuración de justicia.

Conviene destacar, desde luego, un rasgo sobresaliente de la relación entre el Ejecutivo y la Procuraduría: respeto total y constante del Presidente hacia las funciones constitucionales y legales del Ministerio Público, que se hallan sujetas a un marco legal, no a instrucciones políticas. Esto debiera ser obvio. Pero debe ser destacado. Es uno de los datos sobresalientes de aquella época en los quehaceres de la Procuración federal de justicia. Suelo subrayarlo cuando se me pregunta por el "estilo" del Presidente De la Madrid.

Sergio García Ramírez