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Miguel de la Madrid
Cambio de rumbo

Las siete tesis


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Las siete tesis, un programa para el cambio de rumbo de México.

Las siete tesis de Miguel de la Madrid constituyeron los ejes centrales de su propuesta de gobierno. Se elaboraron a partir de las principales demandas recogidas durante la primera etapa de su campaña electoral para la Presidencia de la República. El 5 de enero de 1982, durante un mitin partidario en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (1), el candidato De la Madrid expuso un primer esbozo de las siete tesis, enumerándolas como sigue:

  1. Nacionalismo revolucionario
  2. Democratización integral
  3. Renovación moral de la sociedad
  4. Sociedad igualitaria
  5. Planeación democrática
  6. Desarrollo, empleo y combate a la inflación
  7. Descentralización de la vida nacional

A lo largo de la campaña electoral, cada tesis fue desarrollada en discursos específicos, y cada una tuvo una expresión consistente durante su periodo presidencial en legislación, cambio institucional y políticas públicas. A continuación se enuncian las tesis en el orden cronológico en que fueron presentadas.

Renovación moral

El 7 de marzo de 1982, en Mérida, Yucatán, De la Madrid se refirió a la renovación moral señalando que "una sociedad que permite la generalización de conductas inmorales o corruptas es una sociedad que se debilita, es una sociedad que decae". Añadió que la corrupción en el sector público era la forma más intolerable de inmoralidad social. Exigir una conducta intachable en los altos mandos era indispensable, para que el mal ejemplo no cundiera entre sus subordinados. Propuso reformar leyes y sistemas de control, vigilancia e inspección, para evitar que los funcionarios públicos hicieran negocios desde sus cargos, se promovieran con recursos presupuestales o gozaran de prebendas indebidas; ofreció sanear los cuerpos de seguridad pública y el sistema de administración de justicia.

Su propia conducta personal como Presidente fue ejemplo de honestidad y austeridad republicana. Miguel de la Madrid mantuvo a su familia alejada de la política y de los puestos gubernamentales; una de sus primeras medidas fue reducir prestaciones a los mandos del sector público. Anteriormente, era frecuente que hasta un jefe de departamento tuviera coche y chofer pagados por el erario. Durante su sexenio, prohibió que las obras a inaugurar llevaran el nombre del Presidente de la República o de alguno de sus familiares. El gobierno debería estar en la primera línea de la renovación moral de la sociedad, afirmaba. En su libro El ejercicio de las facultades presidenciales, escribió: "Creo que la legitimación del poder público no solamente se da, como los autores clásicos lo señalan, por el origen del mandato, esto es, por las elecciones, o bien, por la eficacia en el cumplimiento de la función pública, sino también por la opinión que la sociedad tenga de la moralidad de los actos de gobierno". Durante todo su mandato, se tomó muy en serio su voluntad de predicar con el ejemplo.

Mediante una nueva Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, se desarrollaron los principios sobre responsabilidad política y administrativa establecidos en la Constitución; con ello se terminó la distinción entre "delitos y faltas oficiales" y "delitos comunes", que había facilitado la impunidad hasta entonces. La única nueva secretaría que creó De la Madrid fue la de la Contraloría General de la Federación que, aunque con cambios de nombre, sigue existiendo hasta el momento en que estas notas son escritas. La actual Secretaría de la Función Pública, desde sus orígenes, se encargó de vigilar e identificar las responsabilidades de los servidores públicos, y de aplicar sanciones en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal.

La renovación moral en la administración pública se encaminó más a la prevención que a la persecución. Se expidieron normas para evitar el nepotismo, se estableció un sistema de registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos y se tipificaron claramente sus delitos y faltas; se prohibió a los altos funcionarios la inversión en valores que pudiera implicar el uso de información privilegiada; también se les prohibió otorgar contratos de obra pública o de servicios a parientes cercanos, y recibir regalos con valor superior a diez veces el salario mínimo.

Asimismo, se actualizaron las normas sobre adquisiciones, se redujeron las partidas presupuestales de ejercicio discrecional y se promovió la desregulación y simplificación administrativa. Una figura que introdujo Miguel de la Madrid, y que se mantiene hasta nuestros días, es la contraloría social, por la que se hace partícipes de la evaluación y el control del ejercicio del gasto público a organizaciones de la sociedad. Además, se suprimieron cuerpos policiacos anticonstitucionales, se depuró a personal corrupto y se mejoró el sistema de reclutamiento, selección y capacitación de policías. No obstante, en materia de seguridad y justicia, Miguel de la Madrid no quedó satisfecho de los resultados (2).

A la fecha, este tema sigue siendo una asignatura pendiente en el servicio público.

Democratización integral

El 20 de marzo de 1982, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, abordó el tema de la democratización integral. En el orden político, la democratización suponía someter todo acto de autoridad al derecho, reivindicando el respeto a la ley por todos; incluía también el fortalecimiento de los partidos políticos y del sistema electoral, y reforzar el federalismo mediante una revisión de las facultades de los municipios, los estados, e incluso de la federación. Propuso, asimismo, perfeccionar los contrapesos al Ejecutivo robusteciendo a los poderes Legislativo y Judicial.

Para fortalecer la democracia social, entre otros objetivos se propuso estimular el diálogo y la participación popular en los asuntos públicos, establecer una mayor representación ciudadana en el Distrito Federal, reformar al partido en el poder y apoyar la democratización de ejidos, cooperativas y sindicatos. En cuanto a la democracia económica, era necesario vigorizar el esfuerzo para una mejor distribución del ingreso, ampliar la generación de empleos, integrar a los grupos marginados y satisfacer las necesidades populares de alimentación, salud y seguridad social, vivienda y vestido. Para ello se propuso fortalecer el sistema de economía mixta y regular los fenómenos de concentración económica. Por último, la democracia integral requería la democracia cultural, que implicaba el acceso de la población a los distintos niveles educativos, la promoción de la capacitación laboral, y el estímulo a la creatividad a través de los medios de comunicación masiva, evitando inducir imitaciones de culturas extranjeras y difundiendo información suficiente y de calidad.

Ya como Presidente, el apego a derecho fue su norma de conducta. Con el fin de dar fundamento legal a su programa para hacer frente a la crisis e iniciar simultáneamente el cambio estructural, el 12 de diciembre de 1982 presentó al Congreso de la Unión una reforma a cinco artículos de la Constitución (3), con el objeto de ratificar el régimen de economía mixta, precisar la rectoría económica del Estado, limitar su injerencia en la producción de bienes y servicios y crear un sistema de planeación democrática con participación de todos los sectores de la sociedad. Mediante este sistema se generó un Plan Nacional de Desarrollo, así como planes sectoriales, estatales y aun municipales, con metas específicas para cada orden de gobierno. Este método de planeación democrática sigue vigente.

Perfeccionó la reforma política de López Portillo limitando el control del gobierno en los procesos electorales, y fortaleciendo la corresponsabilidad de partidos y ciudadanos en los comicios (4). Esta reforma fue el preámbulo de la alternancia en el poder como ahora la conocemos.

Asimismo, promovió la creación de una Asamblea de Representantes en el Distrito Federal, que con el tiempo evolucionó para convertirse en Cámara de Diputados local, con el nombre de Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El propósito fue ampliar la representación de los ciudadanos del Distrito Federal en el gobierno capitalino e impulsar su participación en la toma de decisiones relativas a la organización y administración de la ciudad. Durante 1986 se realizaron seis consultas públicas, a partir de las cuales se delineó la propuesta de constituir un órgano de representación popular y composición pluripartidista, con 66 representantes electos cada tres años, 40 de mayoría relativa y 26 por representación proporcional, que fue aprobada en 1987. La Asamblea tendría carácter normativo, ya que podría establecer reglamentos sobre más de 50 materias relacionadas con las actividades y problemas más importantes para la ciudad, como educación, salud, seguridad pública, vialidad, uso del suelo, transporte, agua, drenaje, entre otros. También se le dio derecho de iniciativa para proponer al Congreso de la Unión normas relativas a la ciudad, se le otorgaron facultades para supervisar y controlar la administración del Distrito Federal, para aprobar los nombramientos presidenciales de magistrados al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, facultad que antes correspondía al Congreso de la Unión, y se consolidaron otros canales para la participación ciudadana, como el Consejo Consultivo de la Ciudad de México, las Juntas de Vecinos, las Asociaciones de Residentes y los Comités de Manzana.

La reforma mantuvo la situación jurídica y política del Distrito Federal como sede de los Poderes de la Unión y cuyo gobierno corresponde al Presidente de la República, en contra del punto de vista de la oposición, que se inclinaba por crear un estado libre y soberano en el territorio del DF. Con estas bases, en años posteriores se ha ido perfeccionando la reforma original. Así, por ejemplo, en 1993 se le otorgó a la Asamblea jerarquía de órgano de gobierno local con facultades legislativas, y desde 1996 los representantes son reconocidos como diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La democratización de la capital también recibió un fuerte impulso por la participación popular y las negociaciones con los damnificados con motivo de los sismos de septiembre de 1985. Desde 1997, la capital del país es gobernada por un partido de izquierda (5).

Por otra parte, se reformó el artículo 115 constitucional con el propósito de fortalecer este orden de gobierno. Esta reforma precisó las causales de suspensión de ayuntamientos, para evitar abusos de los gobernadores de los estados; clarificó las competencias municipales, identificó sus facultades en materia normativa y se permitió a municipios conurbados coordinarse y asociarse para una más eficaz prestación de los servicios públicos. Asimismo, se precisaron los renglones de la hacienda municipal, especialmente el impuesto predial, y se asignaron a los municipios facultades en materia de desarrollo urbano, reservas territoriales, uso del suelo, tenencia de la tierra urbana, licencias y permisos de construcción y reservas ecológicas.

Un aspecto de la reforma del 115, de la mayor importancia para la democratización del país, fue introducir el principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos. A partir del Gobierno de Miguel de la Madrid, miles de cuadros de los partidos comenzaron a integrarse en funciones de gobierno proporcionalmente a la cantidad de votos obtenida; con la institución del Convenio Único de Desarrollo y del Convenio de Coordinación Fiscal, los gobiernos locales tuvieron mayor participación en los ámbitos fiscal y presupuestario (6). Todas estas novedades permanecen como patrimonio democrático de nuestro federalismo.

En cuanto al Poder Legislativo, también mediante reformas constitucionales Miguel de la Madrid fortaleció la representación proporcional en la Cámara de Diputados, al aumentar de 100 a 200 el número de diputados electos conforme a este principio, adicionales a los 300 electos por mayoría.

Con un mayor número de integrantes de representación proporcional en la Cámara de Diputados se ampliaba la posibilidad de que los partidos minoritarios pudieran incrementar la cantidad de sus diputados y los partidos con más votación pudieran acceder a esta forma de representación y postular de esta manera a algunos de sus mejores cuadros, asegurándose de que llegarían a la Cámara de Diputados. Con esta iniciativa, De la Madrid se propuso fortalecer la autonomía y el diálogo político en la Cámara baja, a través de una pluralidad más efectiva que la que se tenía con la ley electoral de 1977 (7).

En la elección de 1988, con la reforma de Miguel de la Madrid, la oposición, en su conjunto, alcanzó 240 diputaciones, cerca de la mitad de las 500 disponibles; el PRI alcanzó 260, la menor cantidad hasta entonces (8). El objetivo de ampliar la representación proporcional para propiciar una composición más plural y equilibrada en la Cámara de Diputados, y con ello estimular la independencia de este órgano legislativo, se había cumplido.

A diferencia de la ley electoral de López Portillo, la de Miguel de la Madrid permitía que el partido mayoritario participara en la distribución de diputaciones proporcionales, hasta un tope de 350, hipótesis que jamás se ha cumplido. En cambio, los partidos con más votación han sido capaces de fortalecer su bancada con especialistas y técnicos, muy útiles en la preparación y discusión de leyes, quienes con frecuencia difícilmente hubieran podido ganar una elección distrital.

Otra particularidad de la reforma fue haber permitido las coaliciones y frentes electorales, lo que favoreció la integración del Frente Democrático Nacional, que alcanzó una copiosa votación en 1988 (9).

Además, se establecieron dos periodos ordinarios de sesiones para el Congreso de la Unión, lo que aumentó el tiempo efectivo de trabajo del Legislativo y con ello su presencia en la vida política nacional. Asimismo, la Comisión Permanente creció de 29 a 37 integrantes, acercándola más a la nueva realidad pluripartidista. Para facilitar el trabajo de análisis y dictaminación de iniciativas de ley, se reforzaron las disposiciones que obligan al Ejecutivo a entregar oportunamente su información al Legislativo, y se impusieron a aquél nuevas obligaciones de información al Congreso. En el Senado se estableció la renovación por mitades cada tres años, facilitando la continuidad transexenal y robusteciendo la autonomía de este órgano legislativo (10).

También fue una norma del gobierno de Miguel de la Madrid el respeto a la integridad e independencia del Poder Judicial. Mediante otra reforma a la Constitución, se estableció como garantía individual que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos, de manera pronta, completa e imparcial, y que las leyes federales y locales provean medios para garantizar la independencia de los tribunales, así como la ejecución de sus resoluciones; se dio reconocimiento constitucional al Poder Judicial en los estados, estableciendo que las leyes locales aseguren la independencia de magistrados y jueces, fijen las condiciones para el ingreso, formación y permanencia del personal judicial, y que magistrados y jueces cuenten con una remuneración adecuada e irrenunciable, que no podría ser disminuida durante su encargo. Se instituyó la inamovilidad de los magistrados de tribunales locales, y se dio base constitucional a la institución de tribunales de lo contencioso administrativo en los estados.

Entre otras medidas, se extendió de cuatro a seis años la duración en el cargo de magistrados de circuito y jueces de distrito, se derogaron las facultades del Ejecutivo para destituir funcionarios judiciales y se reordenó la estructura del Poder Judicial Federal redistribuyendo competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito; la Suprema Corte se dedicaría fundamentalmente a la interpretación definitiva de la Constitución, y los tribunales colegiados a todos los recursos de legalidad; asimismo, se mejoraron los presupuestos de la judicatura y las percepciones de su personal (11). Gobiernos posteriores han trabajado para acentuar la independencia del Poder Judicial y su eficacia, como lo hizo el Presidente Ernesto Zedillo, al instituir el Consejo de la Judicatura Federal, con funciones de administración que perfeccionaron el sentido de las reformas iniciadas por Miguel de la Madrid.

En cuanto a la democracia social, las medidas del Presidente De la Madrid para enfrentar la crisis e iniciar el cambio estructural se fundaron en el diálogo con los sectores sociales y la consulta popular; el mismo método se empleó para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, los Planes Sectoriales, Estatales y Municipales. Los Comités para la Planeación del Desarrollo, instituidos durante esa administración federal, siguen siendo organismos fundamentales para la formulación, instrumentación, control y seguimiento de la planeación del desarrollo a escala local.

Los planes de ajuste emprendidos durante su administración, siendo severos, no provocaron rupturas ni desórdenes sociales, precisamente porque Miguel de la Madrid tuvo el cuidado de consensuarlos con los sectores de la sociedad, y fueron las organizaciones sociales las que, con la moderación de sus demandas, facilitaron la aplicación de las medidas emprendidas; un notorio caso de éxito de un plan de ajuste consensuado fue el Pacto de Solidaridad Económica, durante el último año de su gobierno. En la democracia económica, si bien no se logró recuperar el poder de compra del salario, si se logró estabilizar indicadores económicos que fueron fundamentales para la reactivación de la economía en administraciones posteriores.

Miguel de la Madrid consiguió introducir las siete tesis en el programa del PRI. Durante su XII Asamblea, en agosto de 1984, se promovió una modernización de los estatutos y se puso énfasis en la voluntad de hacerlos cumplir; se respaldó una fuerte movilización de los 40 mil comités seccionales para fortalecer la estructura horizontal del partido; una medida novedosa, que reanimó a la militancia, fue introducir un nuevo sistema para elegir mediante el voto secreto de los priistas a los candidatos a alcalde de los municipios pequeños; en los más grandes se mantuvo la elección de candidatos en convenciones, para evitar enfrentamientos y desgastes internos. La reactivación del PRI le permitió recuperar, en elecciones posteriores, plazas importantes que le había ganado la oposición. Un caso memorable fue la recuperación de Chihuahua en 1986, donde el PRI había sufrido una fuerte derrota en 1983 (12). Asimismo, se creó una Comisión de Honor y Justicia, encargada de vigilar el comportamiento ético de militantes y dirigentes.

Para sistematizar la intervención del gobierno federal en materia de medios de comunicación, durante su sexenio se crearon los institutos nacionales de la Radio, la Televisión y el Cine (13).

Nacionalismo revolucionario

El 2 de abril de 1982, en el puerto de Veracruz, el candidato De la Madrid expuso su tesis sobre el nacionalismo revolucionario. El nacionalismo, explicó, es un valor fundamental para la independencia. Los mexicanos somos nacionalistas, recordó, por necesidad vital, pues frente a las agresiones y ambiciones externas "no hubiéramos sobrevivido sin el nacionalismo". En el siglo XX, asentó, el nacionalismo revolucionario era la fuerza unificadora sustancial de los mexicanos para cumplir las metas populares y para preservar la soberanía.

Como se puede apreciar en las entradas "Síntesis del sexenio" y "Política económica" de esta página web, Miguel de la Madrid privilegió la defensa del interés de México en el exterior, y se mostró dispuesto a aprovechar los beneficios de la integración económica global, siempre con apego y respeto a la soberanía nacional. Las relaciones con Estados Unidos fueron respetuosas pero firmes en materias delicadas, como la migración, el narcotráfico y, señaladamente, la deuda externa. Fue insistente en señalar que para pagar a los acreedores era necesario crecer, tesis que en su momento enfrentó la resistencia de los organismos financieros internacionales, en los que la opinión de los Estados Unidos era, como sigue siendo, decisiva; actualmente el principio de crecer para pagar es universalmente reconocido. De la Madrid logró una importante renegociación de nuestra deuda externa y abrió nuestro país al comercio internacional, con su ingreso al GATT, la actual Organización Mundial del Comercio. Una actividad sobresaliente en política exterior fue el respaldo al Grupo Contadora, que sentó las bases para la pacificación en Centroamérica, donde amenazaba estallar un conflicto armado internacional que probablemente hubiera alcanzado nuestra frontera sur.

Sociedad igualitaria

La tesis sobre sociedad igualitaria fue desarrollada con amplitud en Ixmiquilpan, Hidalgo, el 17 de abril de 1982. Se considera a este discurso uno de los más importantes de su campaña, pues en él expuso 20 puntos específicos, en lo social y lo económico, para alcanzar la sociedad igualitaria. Dijo que aunque la Revolución Mexicana había llevado justicia social a grandes sectores de población, "no hemos podido moderar fenómenos de riqueza extrema y dispendiosa" ni eliminar la marginación y la pobreza. El reto era lograr la igualdad sin destruir la libertad. La lucha por la igualdad no podía ser un mero reparto de lo existente, sino una acción que persiguiera equidad en la distribución de bienes y servicios, así como la ampliación sistemática de la capacidad productiva. De la Madrid advirtió que no ofrecía la igualdad en un sexenio, pero se comprometió a multiplicar el esfuerzo y a introducir reformas que permitieran avanzar en su consecución.

Los programas de ajuste que promovió como Presidente tuvieron la particularidad de cuidar la no afectación del gasto público en servicios básicos, como el abasto, la educación y la salud; se privilegió la defensa de la planta productiva y el empleo, y se iniciaron programas que requerían el uso intensivo de mano de obra, para dar ocupación a la población más necesitada en momentos de dificultades severas. La reorganización de la administración pública y el adelgazamiento del Estado tenían como objetivo, junto con la reducción del déficit público, la reorientación de los presupuestos hacia donde más hacía falta.

En la política agraria se puso énfasis en la solución de controversias por la tenencia de la tierra y en el apoyo a la producción, con independencia de la militancia política de los campesinos. En lo laboral, apoyado en la fortaleza de las organizaciones sindicales afines, dio prioridad a evitar el cierre de empresas, para no agrandar el problema del desempleo, mediante una política de contención salarial. Durante su gobierno, a pesar de la crisis económica, no se presentaron conflictos graves en el campo ni entre los trabajadores organizados.

El derecho a la salud se elevó a rango constitucional y se promovió una ley general en la materia para consolidar un Sistema Nacional de Salud que ampliara la cobertura de los servicios, optimizara el aprovechamiento de recursos y elevara la calidad de la atención médica. Se inició la desconcentración a estados y municipios de los servicios para la población abierta, y se fortalecieron los dirigidos a localidades pequeñas, especialmente del campo. Con motivo de la destrucción de varios hospitales por los sismos de 1985, se construyeron seis hospitales generales, redistribuidos en el Valle de México. Para fines de su gobierno el número de enfermeras había aumentado 19% y el de médicos 30 por ciento, respecto de los que había en 1983. La descentralización fue notoria en los servicios de asistencia social, con la constitución de 31 sistemas estatales y 1,857 sistemas municipales del DIF.

En materia educativa, se elevó a nivel de licenciatura la educación normal; se revisaron y actualizaron los planes de estudio de todo el sistema, así como los textos gratuitos para primaria. Se establecieron 92 mil "rincones de lectura" en las primarias, y se introdujo la computación en la secundaria. El número de museos creció de 54 a 119, y el de bibliotecas públicas de 351 a 2,573. La cobertura de los servicios educativos alcanzó al final del sexenio a 29.6 millones de personas, 4.2 millones más que la registrada en el ciclo 1982-1983. El avance en la descentralización del sistema educativo fue muy reducido, debido a la resistencia del sindicato de maestros y de algunos gobernadores; sin embargo, quedaron sentadas las bases para que este proceso se desplegara en gobiernos posteriores, como ocurrió. Entre otras acciones, se estableció el Sistema Nacional de Investigadores, institución que sigue siendo fundamental para estimular la investigación científica y tecnológica en México.

El derecho a la vivienda también fue elevado a rango constitucional, y se ampliaron los alcances y la efectividad de los programas de vivienda. Entre 1983 y 1988 se construyeron 1.5 millones de casas habitación; la restitución de vivienda a quienes la perdieron por los sismos de 1985 alcanzó a 50 mil familias en el Distrito Federal. Este programa obtuvo reconocimientos internacionales por la rapidez con que se concluyó, en no más de dos años, y por la intensa participación social en las decisiones para la reconstrucción. Un programa análogo se desarrolló en Jalisco, donde también hubo afectados por los sismos.

La política ecológica recibió un fuerte impulso durante el gobierno de Miguel de la Madrid, con la creación de normas y organismos en los que actualmente se apoyan la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable. El marco legal se actualizó gracias a reformas a los artículos 27 y 73 de la Constitución federal; se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y se expidieron diversos reglamentos; asimismo, se estableció un programa para el sector, como parte de los planes sectoriales de la planeación del desarrollo nacional. Se promovió la coordinación de los tres órdenes de gobierno para los fines del plan y se hizo obligatoria la evaluación del impacto ecológico para las obras públicas. Se estableció el Sistema Nacional de Información Ecológica y se formularon normas de ordenamiento para puertos industriales, zonas metropolitanas, áreas naturales como la selva lacandona y la de la mariposa monarca, así como de diversas cuencas hidrológicas. Asimismo, se estableció por primera vez el monitoreo de la calidad del aire en el Valle de México, y se inició la producción de combustibles sin plomo y con bajo contenido de azufre; también, fueron creados el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Programa Nacional de Inspección y Vigilancia de la Flora y Fauna Silvestre, y el Instituto Nacional de Ecología (14).

Planeación y descentralización

El 26 de abril, en Valle de Bravo, De la Madrid amplió sus referencias a la tesis sobre la planeación democrática, la cual, dijo, debía "derivarse de los propósitos políticos de la sociedad y ser el más poderoso medio de gobierno para resolver los desafíos que enfrenta la nación". Con un Plan Nacional de Desarrollo, anunció, haríamos frente "a los grandes problemas nacionales que ahora amenazan con agobiarnos", pero también a los que ameritaban mayor serenidad y una acción ordenada para construir la nación del futuro próximo y lejano.

De manera consistente, como se menciona en otras entradas de esta sección, al comenzar su gobierno anunció el Programa Inmediato para la Recuperación Económica, y una serie de reformas a la Constitución que le permitieron iniciar el cambio estructural en distintos órdenes de la vida nacional, para lo que la planeación democrática del desarrollo fue un componente central.

La descentralización de la vida nacional fue abordada por el entonces candidato el 7 de mayo de 1982, en el Distrito Federal. Explicó que por mucho tiempo se dio al federalismo una dinámica centralizadora que había permitido acelerar el desarrollo, pero esta tendencia había superado sus posibilidades y se estaba convirtiendo en una grave limitante del mismo. "El problema es hoy buscar un nuevo estilo al federalismo mexicano", y éste debería abarcar los ámbitos político, administrativo, económico y cultural.

Como se ha visto, una vez asumida la Presidencia, Miguel de la Madrid cumplió en poner en práctica las demandas sobre descentralización recogidas durante la consulta popular. Se revisaron y redistribuyeron las competencias de los estados, los municipios y la federación; se devolvieron al municipio capacidades para el gobierno directo de la comunidad básica y se inició la reforma del PRI.

En lo económico, se aplicaron criterios descentralizadores a la promoción de las actividades productivas, el gasto de inversión y el gasto corriente del gobierno, así como a la revisión de los subsidios a la inversión y al consumo, para elevar su eficacia. En comunicaciones y transportes se inició la tendencia, que hasta ahora prevalece, de sustituir el antiguo sistema radial con eje en el Valle de México, por otro que enlace directamente a las demás regiones entre sí. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, instituido en 1983 por Miguel de la Madrid, fue pionero en la desconcentración de organismos públicos, al establecer su sede en Aguascalientes en 1985 (15). La actividad descentralizadora que inició Miguel de la Madrid fue, como lo anunció en aquel discurso de campaña, "un movimiento eficaz, gradual, firme, sistemático e inaplazable".

Desarrollo, empleo y combate a la inflación

El 24 de mayo, en León, Guanajuato, abundó en la tesis sobre desarrollo, empleo y combate a la inflación. Habló de apoyar una economía nacional que resolviera sus principales desequilibrios, los que provocaban carestía, ponían en peligro los empleos, generaban pobreza y disminuían la productividad y competitividad. Al mismo tiempo, reconoció que durante los gobiernos de la Revolución México había adquirido notables fortalezas en infraestructura, planta productiva y mano de obra experimentada, que era menester aprovechar para superar los momentos de dificultad y recuperar el dinamismo de la economía. Para ello propuso un cambio de rumbo "firme, ordenado, que consolide lo que funciona y que reoriente lo que la realidad ha demostrado que es insuficiente o equivocado". Tres fueron sus objetivos generales: abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria, defender la actividad económica y el empleo, y actuar simultáneamente en los grandes problemas estructurales del desarrollo mexicano.

En la entrada sobre "Política económica" de esta misma sección, se desarrollan las estrategias que Miguel de la Madrid siguió y los resultados que obtuvo, ya como Presidente, para añadir estabilidad a los principales indicadores económicos, como el gasto público, la deuda externa, la inflación, la balanza comercial, el tipo de cambio y el ahorro interno. La corrección de las deficiencias de la economía y el cambio estructural fueron la base para que los gobiernos posteriores pudieran avanzar en la atención a las desigualdades. Con clara visión de futuro, concluyó su discurso de campaña exclamando: "No vamos a dejar que se nos desbarate la Patria entre las manos. Con el esfuerzo y con la solidaridad de todos, México saldrá adelante". Éste, sacar adelante al país en una época de crisis recurrentes y en medio de un entorno mundial complejo, en el que las crisis económicas en países emergentes se sucedían sin parar, fue el mérito principal del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

  1. Presidencia de la República, Unidad de la Crónica Presidencial. Las razones y las obras, Gobierno de Miguel de la Madrid. Crónica de la campaña electoral de Miguel de la Madrid, FCE, México, 1988, p. 152.
  2. Miguel de la Madrid, El ejercicio de las facultades presidenciales, ed. Porrúa, México, 1988, p. 52.
  3. Ver el artículo "Política económica, 1982-1988", en esta sección de la página web.
  4. Ver "Las elecciones de 1988", en esta misma sección de la página web.
  5. Ver "Sismos de 1985", en esta sección de la página web.
  6. Miguel de la Madrid, El ejercicio de las facultades presidenciales, ed. Porrúa, México, 1988, pp. 26 y 27.
  7. Ver Renovación política electoral Consultado el 31 de marzo de 2012.
  8. Ver: Nuestro siglo - De la Reforma de 1986 a la modernización del proceso electoral y Colegios electorales. Ambiente de incertidumbre , consultados el 31 de marzo de 2012.
  9. Ver: Colegios electorales. Ambiente de incertidumbre, consultado el 31 de marzo de 2012.
  10. Miguel de la Madrid, El ejercicio de las facultades presidenciales, ed. Porrúa, México, 1988, pp. 20-23.
  11. Id., pp. 24 y 25.
  12. Ver "Procesos electorales y partidos políticos", en la Crónica del sexenio, Procesos electorales y partidos políticos. Consultado el 24 de febrero de 2012.
  13. Miguel de la Madrid, El ejercicio de las facultades presidenciales, ed. Porrúa, México, 1988, p. 59.
  14. Id., pp. 124-132.
  15. Acerca del INEGI. Consultado el 31 de marzo de 2012.