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Miguel de la Madrid
Cambio de rumbo
Las elecciones de 1988
 
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Miércoles 6 de julio de 1988, 8:00 am. México iniciaba el primero de los dos comicios presidenciales más polémicos después de haber comenzado la reforma política en 1977 (1). Se instalaron en todo el territorio nacional 54,641 casillas de votación. A esa misma hora, en la ciudad de México, daba inicio en la Secretaría de Gobernación una sesión permanente de la Comisión Federal Electoral, que vigilaría el desarrollo de las elecciones.

El ambiente era de expectación. Se trataba de unas elecciones generales con características inéditas, pues habían sido precedidas por la mayor escisión del partido en el gobierno desde 1952, de la que derivaron numerosas movilizaciones en favor de un candidato diferente del oficial, y era la contienda más reñida de aquella época.

La reforma política iniciada durante el gobierno de José López Portillo había generado importantes espacios para la participación de nuevos partidos políticos. Los pasos siguientes durante la administración de Miguel de la Madrid, entre 1986 y 1987, limitaron el control del gobierno en los procesos electorales y fortalecieron la corresponsabilidad de partidos y ciudadanos en ellos. No obstante, los principales candidatos opositores y varios articulistas en la prensa afirmaban que el partido oficial y el gobierno tenían preparado un gran fraude electoral. La regla, en esos tiempos, eran los conflictos postelectorales.

Los contendientes

Carlos Salinas de Gortari, candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), competía contra otros cuatro candidatos, después de que un quinto había renunciado a su postulación. En estas elecciones se dejó atrás el llamado "carro completo" en favor del partido oficial, que significaba que éste obtenía la gran mayoría o todos los puestos de mayoría relativa en el Congreso de la Unión. Fue también el principio de un esquema político de tres partidos predominantes, que se mantiene hasta el comienzo de la segunda década del siglo XXI.

El contendiente de oposición más fuerte era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien había encabezado el desprendimiento del PRI de un extenso grupo de miembros del partido opuestos a los cambios en el modelo de desarrollo introducidos por el Presidente De la Madrid, pues sentían que se traicionaba el nacionalismo revolucionario, que era el corazón de la ideología priista, y como grupo habían sido desplazados de los cargos más importantes de gobierno.

El secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, había sido una pieza clave en estos cambios y era señalado como el representante de un proyecto que reducía la intervención directa del Estado en la economía, y se empeñaba en conseguir el equilibrio presupuestal y la baja en la inflación, como precondición para lograr un crecimiento económico alto y sostenido.

Las medidas económicas que había aplicado el gobierno para afrontar las crisis, como la disminución del excesivo gasto público y la devaluación de la moneda, y para cambiar el modelo de desarrollo, como la desincorporación de empresas paraestatales y la apertura de México al comercio internacional, provocaron malestar entre la población y podrían tener efectos negativos para la candidatura de Carlos Salinas.

Sin embargo, lo que para unos era desventaja, para muchos era virtud: por haber sido titular durante todo el sexenio en una dependencia decisiva para la planeación del desarrollo, Carlos Salinas de Gortari conocía en detalle los distintos sectores gubernamentales; era, primero entre los precandidatos del PRI, y también entre los candidatos de todos los partidos, quien conocía mejor los problemas del país y las posibles soluciones en la circunstancia que se vivía; por la naturaleza de su trabajo, mantenía contacto con autoridades de los tres órdenes de gobierno y con organizaciones representativas de la sociedad y los sectores productivos. Comprendía la necesidad y compartía la implementación de los cambios estructurales iniciados por Miguel de la Madrid. Era el indicado para afrontar con claridad y firmeza un futuro que se antojaba incierto.

Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, entre los personajes más importantes de la disidencia priista, formaron dentro de su partido la Corriente Democratizadora (que después de las elecciones se denominó Corriente Democrática), para exigir que el proceso de selección del candidato del partido a la Presidencia de la República se abriera, de modo que Cárdenas pudiera registrarse como precandidato, y se eligiera internamente entre los distintos aspirantes. Ésta era la única posibilidad de que el grupo no perdiera completamente su influencia en el aparato estatal.

La dirigencia del PRI, en acuerdo con el Presidente De la Madrid, intentó negociar con ellos para que no insistieran en registrar un candidato propio, pero fue una exigencia que no movieron ni un milímetro, pues en la coyuntura era su carta más fuerte. Estaban convencidos de que el malestar popular por las crisis, el descontento de sectores priistas con las políticas restrictivas y la popularidad del nombre de Cárdenas, les daban altas posibilidades de inclinar la balanza del partido en su favor.

El problema de fondo con este escenario era que los cambios en el modelo de desarrollo debían mantenerse, pues las condiciones hacían imposible volver al esquema anterior, y mucho menos sostenerlo. Esta polémica no era exclusiva de México, sino del conjunto de los países subdesarrollados o en desarrollo, como empezó a llamárseles. En América Latina, durante esos años, la pugna entre reformistas y populistas llevó a una serie de golpes de Estado violentos, que dieron lugar a dictaduras militares que acabaron con las libertades durante largo tiempo. En este contexto, el PRI y el Presidente no estaban dispuestos a abrir opciones al retroceso en materia de reformas económicas.

Cuando Salinas fue designado candidato del PRI, la Corriente Democratizadora decidió separarse del partido y buscar la candidatura de Cárdenas por otra organización. Se formó así el Frente Democrático Nacional (FDN), integrado por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM, bajo cuyas siglas se registró Cárdenas como candidato a la Presidencia de la República), Popular Socialista (PPS) y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN, ex Partido Socialista de los Trabajadores, PST). Paulatinamente, la candidatura de Cárdenas logró importantes movilizaciones, sobre todo en zonas donde se mantenía vivo el prestigio del general Lázaro Cárdenas, fallecido en 1970.

La candidatura del ingeniero Cárdenas entró en conflicto con la del también ingeniero Heberto Castillo Martínez, postulado por el Partido Mexicano Socialista (PMS), a su vez formado por una coalición de izquierda que incluía al viejo Partido Comunista Mexicano. Varias organizaciones de esta tendencia, y una buena parte de su propio partido, al ver cómo crecía la candidatura de Cárdenas, le pidieron al abanderado socialista renunciar a la suya y unirse al disidente del PRI.

Castillo era un líder histórico de la izquierda, protagonista destacado del movimiento estudiantil de 1968 y leal seguidor del general Lázaro Cárdenas. Sin embargo, consideraba que Cuauhtémoc Cárdenas no era un hombre de izquierda, y que su gobierno en Michoacán había perjudicado a las clases populares. Por su parte, Cárdenas efectivamente negaba ser de izquierda y se declaraba nacionalista revolucionario. Finalmente, el ímpetu social del nuevo cardenismo se impuso; Castillo cedió y el PMS se sumó al FDN. A partir de ese momento, Castillo abrazó sinceramente el nuevo cardenismo, hasta su muerte en abril de 1997.

Esta alianza daría lugar, pasado este proceso electoral, en mayo de 1989, a la formación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se convertiría en la tercera fuerza electoral del país, con presencia en algunos estados y el Distrito Federal. Gracias a la reforma política emprendida desde 1977 y profundizada en distintos momentos, ésta fue la primera vez en que una importante disidencia del PRI permaneció y se desarrolló en el marco legal e institucional.

En el proceso electoral de 1988, el principal candidato opositor de derecha fue Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, carismático empresario sinaloense postulado por el Partido Acción Nacional (PAN). Al comienzo del proceso, el PAN y su candidato aparecían como la segunda fuerza electoral, aunque todavía lejos del PRI. Hacia el final de las campañas, sin embargo, las encuestas serias, que entonces comenzaron a aparecer como elemento permanente en el escenario mexicano, lo ubicaban en el tercer lugar de preferencias, debajo de Cárdenas, que aparecía en el segundo sitio, y de Salinas de Gortari, en el primero. Las movilizaciones panistas en 1988 fueron notables en distintos lugares del país, incluida la ciudad de México. Manuel Clouthier murió a poco más de un año de estas elecciones en un accidente automovilístico.

Los otros candidatos fueron la activista por los derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra, postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, de orientación trotskista, reacio a aliarse con otros partidos de izquierda), y Gumersindo Magaña Negrete, político michoacano de derecha, identificado con el sinarquismo y postulado por el Partido Demócrata Mexicano (PDM). Rosario Ibarra había sufrido la desaparición de un hijo en 1975, durante la persecución de los movimientos guerrilleros que actuaban entonces en el país, y había adquirido prestigio como valiente opositora a la llamada "guerra sucia" y como crítica intransigente del régimen. En 1982 había sido ya candidata del PRT a la Presidencia, y era diputada federal cuando fue postulada nuevamente en 1988. Después de la elección, Gumersindo Magaña se retiró de la política, no así Rosario Ibarra, quien ha seguido ocupando cargos de elección popular.

Una elección inédita

Si bien seis años antes se había registrado un mayor número de candidatos a la Presidencia, en 1987-1988 la competencia fue más reñida, pues los partidos de oposición se habían fortalecido al triple impulso de la reforma política, las crisis económicas y la base social que crecientemente votaba por sus candidatos.

La reforma política durante el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo importantes avances. El más extendido fue la creación de regidores de representación proporcional en los ayuntamientos, con lo que la reforma política bajó a ras del suelo, pues el Presidente consideraba que el municipio debía ser "escuela de democracia". Se aumentó el número de los diputados de representación proporcional al Congreso de la Unión, de 100 a 200, para un total de 500 diputados; se dio más representación a los partidos políticos y ciudadanos en la Comisión Federal Electoral y en las Comisiones Locales y Comités Distritales; se ampliaron las garantías y prerrogativas de los partidos, incluido un sistema de financiamiento público; se creó un Tribunal de lo Contencioso Electoral, dotado de autonomía; se agilizó la actualización del padrón electoral y se abrió el acceso de los partidos a revisarlo; se acortaron los tiempos para la publicación de resultados de las elecciones, entre los aspectos más importantes de la reforma. Respecto a las demandas de reforma política en la capital del país, se instituyó una Asamblea de Representantes en el Distrito Federal.

Las campañas tuvieron una intensidad nunca antes vista, lo mismo que su seguimiento por la prensa. La legislación y los procedimientos electorales eran más equitativos, no así las condiciones financieras y materiales en que se desenvolvían las campañas. Faltaban todavía varios pasos en la reforma política para llegar a la equidad en dichas condiciones, lo que se consiguió de manera más completa hasta 1996.

El día de la votación

El miércoles 6 de julio, periodistas de México y de medios de comunicación internacionales acompañaron a los candidatos y al Presidente de la República a depositar su voto. Al hacer lo propio, el Presidente de la Madrid declaró que "el gobierno vigilaría la paz y el orden público, pero sería el pueblo quien llevaría a cabo las elecciones y cuidaría su transparencia"(2).

Cada etapa del proceso electoral se había cumplido con apego a las leyes vigentes que, con las reformas de 1986-1987, habían ampliado la participación partidista y ciudadana en la preparación y desarrollo de los comicios, restando al gobierno facultades que antes le permitían un control prácticamente absoluto del proceso. La intención fue hacer corresponsables a los partidos y a los ciudadanos en la organización y vigilancia de las elecciones, de manera que éstas ganaran en certidumbre y credibilidad.

Antes de 1987, por ejemplo, la Comisión Federal Electoral se integraba por nueve comisionados de los partidos políticos, uno por cada uno de ellos; tres representantes del Poder Ejecutivo, dos del Poder Legislativo (uno por cada Cámara) y un notario público. En conjunto sumaban 15 integrantes de la comisión, todos con voz y voto.

Con la reforma, la representación de los partidos en la comisión se incrementó, para llegar a 28, con voz y voto. El número de los que correspondían a cada partido se determinó de acuerdo con el porcentaje que cada uno de ellos había logrado en la elección inmediata anterior. La cantidad de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo siguió siendo de tres y dos, respectivamente, aunque ahora uno de los del Ejecutivo, el director del Registro Nacional de Electores, quedó con voz pero sin voto, y desapareció la representación del notariado. La Comisión Federal Electoral quedó, entonces, con 33 integrantes, de los cuales 28 no tenían cargos en el gobierno y uno de los que sí lo tenían, perdió su derecho a voto.

Antes, el Registro Nacional de Electores, dependiente de la Comisión Federal Electoral, se encargaba de la depuración del padrón; con la reforma, los partidos políticos pudieron participar en la depuración y en la revisión anual del padrón; para facilitarles la supervisión, se les proporcionaron las listas de electores con toda oportunidad.

Las funciones de control del Comité Técnico y de Vigilancia, que antes estaban centralizadas, se delegaron a 32 Comisiones Estatales y 300 Comités Distritales, integrados bajo criterios similares a los de la Comisión Federal Electoral. Los presidentes y secretarios de las casillas de votación fueron nombrados por los presidentes de los Comités Distritales, como antes, pero los escrutadores se decidieron por votación de los comités integrados de manera plural.

Más adelante, en 1990, la democratización y ciudadanización de la autoridad electoral federal se acentuaron con la promulgación de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ordenaba crear al Instituto Federal Electoral, que ahora es un organismo constitucional autónomo. La cifra final del padrón de 1988, el más limpio y depurado hasta entonces, fue de 38'074,926 ciudadanos inscritos, 49% hombres y 51% mujeres, es decir, 87% de los electores estimados. En total se nombraron más de 400 mil ciudadanos como funcionarios de casillas, que fueron capacitados para contar y registrar los votos. Adicionalmente, los partidos políticos habían acreditado a cerca de dos millones de ciudadanos como sus representantes. Para el día de los comicios, era insostenible pretender que el proceso electoral estaba en manos del gobierno (3).

La votación fue copiosa y hasta el cierre de las casillas se desarrolló pacíficamente y en orden. Durante su sesión permanente, la Comisión Federal Electoral recibió algunas denuncias de irregularidades en diversos estados. Las denuncias también provinieron del PRI, por presuntos actos ilegales de sus adversarios en los estados en que eran más fuertes, como Michoacán y el Distrito Federal. Aunque los partidos de oposición intentaron generalizar la idea de fraude a partir de los incidentes denunciados, al cierre de las casillas los reportes mayoritarios eran de "sin novedad". En un gran número de comentarios periodísticos, la participación social fue considerada como un signo alentador en la democratización del país.

La "caída del sistema"

Aquel miércoles 6 de julio de 1988, el nuevo sistema electoral, más transparente, democrático y nutrido por una extensa participación partidista y ciudadana, estaba superando exitosamente la prueba de la práctica. Hasta que ocurrió un incidente no calculado que propició la desconfianza, al que se conoce todavía —equivocadamente, como veremos—, como la "caída del sistema".

Durante las campañas, como en el día de las votaciones, y más adelante hasta la calificación final, la oposición se empeñó en argumentar que se estaba orquestando un gran fraude electoral para beneficiar al PRI.

Esta estrategia se mantuvo, a pesar de que el nuevo Código Electoral introducía dos novedades respecto de la legislación anterior a favor de la transparencia y certidumbre en los resultados. La primera, que una vez concluido el conteo de votos se colocaría una cartulina en el exterior de cada casilla, con los resultados por votación y por partido, para que la ciudadanía los conociera de manera inmediata; adicionalmente, cada representante de partido se quedaba con una copia del acta de cómputo de casilla, lo cual hacía prácticamente imposible la alteración de resultados. La otra, que en los Comités Distritales se leerían en voz alta los resultados consignados en las actas de casilla, para conocimiento de los partidos y los asistentes a las sesiones.

La ley no obligaba a la Comisión Federal Electoral a dar resultados sino hasta el final del cómputo distrital que se iniciaría el domingo 10 de julio. Sin embargo, para favorecer un clima de confianza, el Registro Nacional de Electores se había dado a la tarea de implantar un sistema que permitiera, por primera vez, ofrecer datos previos a los partidos políticos, que fijaran tendencias confiables sobre el sentido de la votación.

Se tenía previsto que al cerrarse las casillas y completarse en ellas el escrutinio correspondiente, los resultados se enviarían al Comité Distrital respectivo, donde estaría un delegado del Registro de Electores, quien a su vez transmitiría telefónicamente los datos por casilla a las oficinas del mismo en la ciudad de México, donde un equipo de recepcionistas tomaría los datos. Después, también por vía telefónica los transmitirían al centro de cómputo del Consejo Nacional de Población, donde serían capturados y procesados en computadora. De ahí serían enviados los datos a la Comisión Federal y a los representantes de los partidos. El director del Registro, José Newman Valenzuela, había explicado que se daría preferencia a la votación para Presidente de la República, sobre la cual se haría un muestreo representativo de todo el país, y que se haría lo posible para tener, el mismo día de las elecciones, una idea confiable del resultado general.

Cabe señalar que, a pesar del incipiente desarrollo que entonces tenían las tecnologías de la información y la comunicación, otros organismos y partidos habían previsto también tener funcionando el 6 de julio sistemas de captura y procesamiento semejantes, para anticipar resultados. Así lo anunciaron la Asamblea Ciudadana, la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo, el Frente Democrático Nacional, el PAN, el PMS, el PFCRN y también el PRI.

Sin embargo, el 6 de julio ninguno de estos sistemas pudo cumplir su cometido de dar en poco tiempo información cualitativa sobre la votación nacional. Los resultados tardaron en llegar a los centros de cómputo debido a la magnitud de la votación; su prolongación más allá de las seis de la tarde en las numerosas casillas donde a esa hora había filas de ciudadanos en espera de votar; el tiempo que tomaron las mesas directivas de casilla y los representantes de los partidos en realizar el escrutinio y en levantar las distintas actas requeridas; la insuficiencia de las comunicaciones y aun el mal tiempo prevaleciente ese día en gran parte del territorio nacional.

Durante la tarde de aquel 6 de julio, en la sesión de la Comisión Federal Electoral, un comisionado del PAN dijo que había recibido informes del Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, en el sentido de que "se calló la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callar". Como el tiempo pasaba y los resultados no fluían, exhortó a hacer las gestiones "para que volviera a trabajar"(4), sin que la información fuera afectada. Los comisionados del PFCRN, del PMS y del PARM confirmaron la noticia y solicitaron explicaciones.

El secretario técnico de la Comisión Federal Electoral, Fernando Elías Calles, explicó a los comisionados de los partidos que la ausencia de información en el sistema del Registro Federal de Electores se había debido a que el sistema telefónico instalado para captar la información se había saturado, por lo que ofreció que los datos se canalizarían al equipo de cómputo que la Secretaría Técnica tenía en el sótano de la Secretaría de Gobernación, donde había 300 líneas telefónicas directas conectadas con todos los distritos electorales.

Cerca de la medianoche, los comisionados de los partidos visitaron las instalaciones mencionadas; ahí solicitaron que se hiciera un corte de la información que se tuviera capturada y se les dieran copias, a lo que el secretario técnico accedió. Más tarde, al término de la sesión plenaria de la comisión, los representantes de los partidos recibieron información de los resultados de la votación para presidente en 1,100 casillas electorales que sí se habían computado en el sistema antes de que se interrumpiera la información. Los resultados favorecían al PRI, con 96,379 votos, seguido del FDN, con 80,680, y del PAN, con 37,742.

Ello no bastó para disipar la desconfianza de la oposición. A las 21:30, los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Rosario Ibarra se habían presentado sin previo aviso en la Secretaría de Gobernación durante un receso de la sesión de la Comisión Federal Electoral, para leer un documento en que hacían un "llamado a la legalidad"; anunciaban que no reconocerían a autoridades que provinieran de comicios fraudulentos y mencionaban algunas irregularidades, que no eran representativas del desarrollo general de las elecciones.

A la desconfianza generada por la tardanza en la entrega de resultados preliminares, se añadió otro hecho ocurrido en la madrugada del 7 de julio. Ante millares de simpatizantes que aguardaban impacientes en la sede central del PRI, el presidente del CEN de ese partido, Jorge de la Vega, declaró que "a esta hora, aun de los lugares más remotos del país, estamos recibiendo de representantes y delegados del partido información que confirma nuestro triunfo contundente, legal e inobjetable"; insistió en que eran cifras de su partido, y que las cifras oficiales las daría la Comisión Federal Electoral (5).

Al reanudarse la sesión permanente de la comisión, el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, pidió a los candidatos que habían leído el documento en que se cuestionaba la legalidad de la elección sin datos firmes que reunieran pruebas suficientes para sustentar sus dichos, y que las presentaran en el cómputo distrital, que empezaría en unas horas. El proceso, agregó, seguiría adelante como lo marcaba el Código Electoral, y todos debían atenerse a lo que mandaba la ley.

Sin embargo, siguieron los cuestionamientos de los comisionados de oposición. "Insistieron, aunque ya prácticamente sin proporcionar datos concretos, en que sí estaban fundadas las sospechas de irregularidades generalizadas, y que la interrupción del flujo de información en el Registro Nacional de Electores se debía a que los resultados iniciales registrados por el sistema de cómputo eran contrarios al partido en el poder, por lo que los representantes del gobierno y del PRI se habían puesto nerviosos y habían suspendido el flujo de información deliberadamente, buscando tiempo para manipular los datos"(6).

El mismo 7 de julio, tanto Clouthier como Cárdenas divulgaron resultados que los favorecían en las entidades donde tenían mayor presencia. Cárdenas, al constatar que tenía una tendencia favorable en el Valle de México y en Michoacán, comenzó a matizar su reclamo; dejó de hablar de una anulación de las elecciones, y se inclinó por la defensa de los resultados. El mismo día, la comisión aprobó un acuerdo en el que señalaba que las declaraciones de candidatos y partidos sobre resultados electorales en la elección presidencial no estaban apoyadas en ninguna información oficial proveniente de la comisión, ya que ésta no había emitido ningún resultado preliminar oficial. Como se ha mencionado, el conteo distrital iniciaría el domingo 10 de julio y, de acuerdo con la ley, sería a su término cuando la Comisión Federal Electoral tendría que ofrecer resultados oficiales.

El 10 de julio, cuando apenas comenzaban los cómputos distritales, Cuauhtémoc Cárdenas se proclamó ganador, e insistió en que no reconocería a autoridades surgidas del fraude electoral. El PRI, por su parte, reafirmó su certeza sobre el triunfo de Carlos Salinas, a partir de los resultados que registraban las actas en su poder, de la gran mayoría de las casillas.

Mientras tanto, los 300 Comités Distritales se instalaron en sesión permanente para el cómputo de las votaciones para diputados de mayoría, diputados plurinominales, senadores y Presidente de la República. En cada caso, se abrieron los paquetes de casilla en orden numérico, y se cotejaron las actas de escrutinio y cómputo con las que tenían los miembros del comité. Cuando coincidían las actas, se daba por bueno el resultado; cuando esto no ocurría o no existía el acta en el paquete, se realizaba de nuevo el conteo de votos. Los resultados se anotaron en el acta de cómputo distrital y en una hoja de gran formato, conocida como "sábana". Se sumaron las cifras y se notificó el resultado a la Comisión Federal Electoral y a la respectiva Comisión Local, quienes recibieron copia del acta de cómputo distrital.

Con los paquetes de cada elección se formaba un paquete único, al que se adjuntaron copias de las actas de escrutinio de las casillas, los recursos interpuestos, un informe de incidentes y todos los documentos que hubieran presentado los representantes de los partidos. Los paquetes de cada elección se enviaron para su resguardo a la instancia que legalmente correspondía (Cámara de Diputados y Legislaturas locales), en tanto se calificaba cada proceso. Los recursos de queja interpuestos en las casillas y en los Comités Distritales fueron enviados por los partidos al Tribunal de lo Contencioso Electoral para que resolviera. La Comisión Federal Electoral se instaló en sesión plenaria para dar seguimiento al cómputo distrital.

En cada momento del proceso, la oposición se empeñó en restar credibilidad a las elecciones. Sin embargo, cada etapa se fue desahogando conforme a la ley, no sin enconados debates que incluso llegaron a los jaloneos y golpes, como ocurrió en la calificación de la elección presidencial.

La llamada "caída del sistema" en realidad consistió en un retraso en la entrega a la Comisión Federal Electoral de información preliminar a la que el gobierno no estaba obligado por ley, retraso que fue aprovechado por la oposición en su estrategia de propaganda para deslegitimar la elección, aun haciendo a un lado el hecho de que los partidos y organizaciones que tenían preparados sistemas de cómputo para adelantar resultados no oficiales tampoco pudieron ofrecerlos.

Al final, quedó demostrado que la conspiración para realizar un gran fraude electoral no existió ni éste pudo haberse dado, debido a la democratización del proceso, a la vigilancia extrema de que fue objeto por parte de ciudadanos y partidos políticos, y a la voluntad del Presidente Miguel de la Madrid de que las elecciones se desarrollaran de manera pacífica y con apego a la ley.

En otra de sus obras (7), Miguel de la Madrid observa: "A lo largo de los seis años de mi gobierno hubo conflictos y querellas alrededor del tema electoral, en parte, porque indudablemente nuestro sistema todavía adolecía de fallas y también debido a que se había creado ya la inercia de una cultura del fraude electoral en México: la costumbre de los partidos de oposición de alegar de manera sistemática el fraude electoral aunque fuesen sabedores de que habían perdido limpiamente las elecciones".

Los resultados

El 13 de julio de 1988, la Comisión Federal Electoral anunció los resultados oficiales. De una votación efectiva de 19.1 millones de sufragios, con un índice de abstencionismo de 49.72%, los resultados de la elección para Presidente de la República fueron: 9'641,329 votos para el PRI (50.36%); 5'956,988 para Cuauhtémoc Cárdenas (31.2%), sumada la votación para presidente del PARM, PPS, PFCRN y PMS; 3'267,159 votos para el PAN (17.07%); los bajos resultados que obtuvieron tanto el PRT como el PDM (0.42% con 80,052 votos y 1.04% con 199,484 votos, respectivamente) provocarían que perdieran su registro como partidos políticos nacionales. "Por primera vez, el PRI ganó la elección presidencial por sólo 19 puntos porcentuales sobre su contrincante más cercano, cuando esa cifra nunca había sido inferior a 50"(8). En la novedosa elección de representantes del Distrito Federal por mayoría relativa, el PRI obtuvo 24 de las 40 curules disponibles; el PAN, 13, y la coalición PPS-PFCRN, tres.

El PRI perdió en 108 de los 300 distritos electorales federales, en 86 de los cuales ganó el candidato del FDN-PMS, y en 22 el del PAN. Los resultados sorprendieron a todos. La oposición, especialmente el FDN-PMS, no esperaba una votación tan abundante; si hubieran unificado candidaturas como en la elección presidencial, habrían ganado las diputaciones y senadurías de los distritos donde triunfó su candidato a la Presidencia. Los del PRI también estaban sorprendidos. En la elección habían perdido 66 de sus candidatos, poco menos que la suma de todos los que no habían ganado en toda la historia del PRI (72, entre 1946 y 1982).

El 10 de septiembre, el Colegio Electoral declaró a Carlos Salinas de Gortari candidato ganador en las elecciones para Presidente de la República, y el 1° de diciembre asumió la Presidencia de la República.

Un efecto adicional de estas elecciones fue el hecho de que la nueva Cámara de Diputados estuvo compuesta, casi a la mitad, por integrantes de partidos de oposición. Ello marcó una nueva relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en la que la negociación se haría indispensable. Esta nueva relación perdura hasta nuestros días, en lo que se conoce como gobierno dividido.

Miguel de la Madrid recapitula: "Es indiscutible que, a raíz de las reformas electorales que realizamos, se integró el Congreso más pluripartidista de la historia de México hasta entonces y una presencia más apreciable de los partidos de oposición, lo cual parece una tendencia irreversible"(9).

Aunque continuaron las protestas de los partidos de oposición, sus movilizaciones se dirigieron más a participar en las elecciones locales que ese mismo año tuvieron lugar en 11 estados. La coalición que se acreditó como segunda fuerza electoral se dedicó a buscar una organización estable, que derivó en la formación del PRD. El PRI comenzó una época de adaptación al nuevo equilibrio de fuerzas políticas, que continúa hasta nuestros días.

  1. El segundo, sin duda, fueron los comicios de 2006, en los que Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, se impuso por menos de un punto porcentual a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición por el Bien de Todos, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.
  2. Santiago Portilla. Crónica del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Antecedentes, Campaña electoral y elecciones federales, 1987-1988, Unidad de la Crónica Presidencial, Presidencia de la República, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 569.
  3. Unidad de la Crónica Presidencial, Las razones y las obras. Las elecciones de 1988, Presidencia de la República, México, 1988, pp. 111-125.
  4. Santiago Portilla, Crónica del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Antecedentes, campaña electoral y elecciones federales, 1987-1988, Unidad de la Crónica Presidencial, Presidencia de la República, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 579.
  5. Idem, p. 586
  6. Idem, p. 586
  7. Miguel de la Madrid Hurtado, El ejercicio de las facultades presidenciales, Porrúa-UNAM, México, 1999, p. 109.
  8. Santiago Portilla, Op. cit., pp. 615-616, con datos de la Comisión Federal Electoral.
  9. Miguel de la Madrid Hurtado, El ejercicio de las facultades presidenciales, Porrúa-UNAM, México, 1999, p. 111.