Integración del programa de gobierno


Entre julio y noviembre de 1982, período entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo Presidente de México, el equipo del candidato triunfante organizó la integración de 27 comisiones de trabajo, para ordenar y analizar los abundantes materiales reunidos en el proceso de consulta popular, en forma de ponencias, discursos, estudios, cartas y peticiones, con el fin de orientar la formación del programa de gobierno 1982-1988.

El 20 de julio, en una ceremonia celebrada en sus oficinas del PRI, Miguel de la Madrid dio comienzo a este trabajo. En esa ocasión, el candidato ganador de las elecciones hizo ver que los grupos de trabajo eran la respuesta a la necesidad de vincular la voluntad expresada por el pueblo con la estrategia y los programas concretos de gobierno. Las comisiones, añadió, contarían con el apoyo y la coordinación del IEPES y de la Coordinación de Prioridades Nacionales. De la Madrid aclaró que los trabajos se realizarían fundamentalmente en el seno del PRI, porque "si el partido fue el que organizó la campaña y el que también organizó la consulta popular, requiero ahora, como candidato triunfante en las elecciones del 4 de julio, que mi partido, sus sectores y sus organizaciones me apoyen en la formulación del plan de gobierno 1982-1988".

Entre el 28 de julio y el 25 de agosto De la Madrid instaló cada una de las comisiones, en el orden en que se pueden apreciar en el cuadro 10. Estos actos, con frecuencia dos en un día, se realizaron en la sede central del PRI y en las oficinas del IEPES. Cada comisión haría el análisis de un tema específico, y estaría formada por un coordinador, uno o más secretarios técnicos y sus miembros, algunos de los cuales participaron en más de una comisión. En general, los integrantes de los 27 grupos de trabajo eran personas con experiencia directa en la materia respectiva o habían participado en el proceso de consulta popular. El número de los participantes fue variado, lo que obedecía a la dimensión y complejidad de cada asunto; por ejemplo, la Comisión de Recursos del Mar contó con 27 miembros, mientras que la de Desarrollo Industrial llegó a 162. La composición era heterogénea, pues participaron funcionarios públicos, especialistas, técnicos, trabajadores, empresarios, periodistas, intelectuales, juristas, profesionales en diversos ramos, maestros y representantes populares electos. En general, fueron comisiones de un alto nivel, pues para seleccionar a los participantes se buscó combinar responsabilidad política, experiencia y conocimiento. En cada acto de instalación, el coordinador de la comisión exponía el programa de trabajo respectivo, así como la manera en que se organizarían, que por lo general fue mediante la división en grupos de estudio, grupos de enlace institucional y consejos consultivos. Al explicar el sentido del trabajo de las comisiones, el 12 de agosto, el coordinador de la Comisión de Desarrollo Rural Integral, Arturo Díaz Camacho, explicó que el trabajo del grupo no se limitaría a reproducir lo que se había recogido en la consulta popular. "No vamos a hacer una nueva recopilación discursiva o de ponencias, al contrario, pretendemos que el trabajo sea programático y que pueda ser utilizado para cuando usted dirija los destinos de nuestra nación. El porqué ya lo escuchó muchas veces; nos toca ahora tratar de dilucidar el cómo."

En cada ceremonia de instalación, De la Madrid expuso algunos lineamientos particulares del trabajo de la comisión respectiva, por ejemplo, al instalar la Comisión de Renovación Moral, el 4 de agosto, el candidato triunfante pidió que se diera prioridad a las responsabilidades del gobierno federal. En la estrategia de la renovación moral, reiteró que la primera obligación era la del gobierno federal y, dentro de él, la del Poder Ejecutivo.


Ante los problemas económicos que enfrentaba el país, De la Madrid advirtió el 28 de julio, durante la instalación de la Comisión de Rectoría del Estado, que el trabajo debía incluir las diversas temporalidades, pues las dificultades podrían hacer que la atención se concentrara en los problemas de circunstancia, dejando de lado los de estructura, o viceversa. Había que evitar esta desviación, pues "los medios y los largos plazos están hechos de la suma de cortos y si en los cortos se toman ciertas decisiones, se va predeterminando el medio y el largo". En varios de estos actos De la Madrid reconoció que había temas que ameritaban todavía un análisis adicional antes de que la consulta popular pudiera transformarse en programa de acción. Al agradecer la participación de los integrantes de las comisiones, explicó que el trabajo de las mismas le permitiría llegar al 1 de diciembre con definiciones que permitieran evitar soluciones de continuidad.

Al dirigirse a las comisiones, De la Madrid subrayaba la planeación democrática como uno de los conceptos medulares del trabajo que emprenderían. De hecho, afirmaba, la campaña se había conducido con la idea de que fuese ya la fase política de la planeación, con la consulta popular. Si bien el proceso de planeación a partir de la consulta popular lo había organizado el PRI, expresaba el futuro Presidente de la República, la planeación estaba abierta también a los demás sectores de la sociedad, para que aportaran sugerencias.

En varias de estas oportunidades Miguel de la Madrid indicó que las comisiones debían plantearse qué avances institucionales se requerían para madurar el sistema de planeación. Igualmente, advirtió, era probable que se requirieran nuevas normas jurídicas, o reformas a las existentes, para llevar a cabo un programa de gobierno acorde con los resultados de la consulta popular y con la plataforma política de la campaña electoral.


La necesidad de reformas legales, advertida en el trabajo de varias comisiones, llevó a la integración de una Comisión Legislativa, que recogería los resultados y sugerencias de las comisiones para formular una propuesta legislativa global. Esta comisión se dividió en 23 pequeños grupos de trabajo, cada uno de los cuales abordó un tema específico; por ejemplo, planeación, distribución de competencias administrativas, renovación moral, derecho a la salud e integración del Sistema Nacional de Salud, régimen constitucional del Distrito Federal, administración de justicia, distribución y sistema nacional de abastos.

Sin embargo, mientras se instalaban y se iniciaba el trabajo de las comisiones, la opinión pública concentraba su atención en los nuevos acontecimientos económicos que provocaron una mayor inquietud e incertidumbre social y un nivel más fuerte de críticas al gobierno, en particular al Presidente de la República y a los miembros de su gabinete. El 1 de agosto subieron los precios del pan, la tortilla, el gas doméstico, las gasolinas y la electricidad. En el caso del pan y la tortilla el aumento fue de 100%. La medida tenía el propósito de reducir el déficit público disminuyendo el monto de los subsidios que el gobierno otorgaba. También se anunció que se limitaría la emisión de dinero. En conjunto, se buscaba reducir las presiones inflacionarias, si bien el alza de los precios significó un primer impulso a la inflación.

El 5 de agosto, ante nuevas presiones especulativas sobre las reservas internacionales del Banco de México, esta institución se retiró del mercado cambiario, como lo había hecho en febrero. Esta vez, sin embargo, la decisión se combinó con el establecimiento de un sistema de control de cambios, basado en una doble paridad fija. Por un lado, se fijó una tasa preferencial a 49.50 pesos por dólar, que en ese momento era la cotización del Banxico de esa moneda, que se utilizaría para hacer importaciones básicas para todo el aparato productivo y para el pago del servicio de la deuda externa pública y privada. Por otro lado, se estableció un tipo de cambio sujeto al libre juego de las fuerzas del mercado. Al día siguiente este tipo se fijó en 77 pesos, lo que significó una devaluación de 55.55%. En esos días, sin embargo, apareció un mercado negro de divisas, en el que el dólar llegó a cotizarse por encima de los 100 pesos. En general, esto fue considerado por los analistas económicos como un tercer tipo de cambio, no oficial, al que la opinión pública denominó "superlibre". El crecimiento del mercado negro fue resultado de una intensa actividad especulativa y fuga de capitales, apoyadas en una incertidumbre generalizada sobre el futuro de la economía nacional. El tema del momento para todo tipo de ahorradores era el de la pérdida de la confianza en la política económica seguida por el gobierno.

El 12 de agosto la SHCP y el Banxico anunciaron una medida que sería fuente de mayores críticas al gobierno: los depósitos en moneda extranjera que existían en el sistema bancario nacional se pagarían en pesos y a una tasa de 69.50 pesos por dólar, pues la fuga de capitales y las excesivas importaciones habían dejado al Banxico sin las divisas necesarias para pagar esos depósitos en su denominación original. Esta determinación provocó un alud de críticas, pues se consideró como un castigo a quienes, si bien habían transformado sus ahorros en dólares, los habían dejado en el país, mientras que las personas que habían sacado su dinero, especuladores o ahorradores, se habían beneficiado con la devaluación impunemente.

El 20 de agosto el titular de la SHCP, Jesús Silva Herzog, viajó a Nueva York, donde informó a un comité de bancos acreedores que México suspendería los pagos de su deuda por 90 días, pues el Banxico no tenía las reservas necesarias para hacerlos efectivos, con lo que, de hecho, se declaró una moratoria de la deuda. Los bancos, sin embargo, accedieron a prorrogar el plazo de los pagos, con lo que se estableció una negociación para establecer nuevos plazos y montos de los pagos, así como para obtener nuevos recursos, necesarios para sostener íntegramente la planta productiva. De no haberse declarado la suspensión de pagos, el país habría tenido que destinar el equivalente a 83% de los ingresos totales por exportación a cubrir el servicio de la deuda. Esta ascendía a 78 000 millones de dólares, y en los meses que quedaban de 1982, y durante 1983, debían pagarse 8 500 millones de dólares en deuda de corto plazo y 12 000 millones en obligaciones de largo plazo.

Finalmente, el 1 de septiembre, en su último Informe de Gobierno, el presidente José López Portillo anunció la nacionalización de la banca privada. El Primer Mandatario señaló que los bancos privados habían alentado y se habían convertido en los principales intermediarios de la dolarización y la fuga de capitales. Explicó que las altas tasas de interés externas, la baja en los precios internacionales del petróleo y de otras materias primas, el exceso de importaciones y la disminución de exportaciones habían colocado a la economía nacional en una situación particularmente vulnerable. No obstante, sostuvo, esos problemas hubieran podido resolverse, pero la especulación, la dolarización y la fuga de capitales habían complicado el panorama. "Con lo que no pudimos -dijo- fue con la pérdida de confianza en nuestro peso. Así de subjetiva es la causa fundamental de la crisis."

La nacionalización de la banca fue la medida más drástica adoptada por el gobierno para enfrentar el deterioro económico y la que mayor polémica y polarización social provocó. Fue apoyada por los tres sectores del PRI y, en general, por casi todos los grupos progresistas del país. En cambio, todos los organismos empresariales y agrupaciones de derecha, incluidos el PAN y el PDM, condenaron la nacionalización, afirmando que era una medida autoritaria, antidemocrática y que violaba el estado de derecho imperante. Una vez más, afirmaron que la medida aumentaba la incertidumbre y la desconfianza de los inversionistas y agregaron que el Presidente había adoptado la decisión para tratar de rescatar el prestigio perdido ante la sociedad. Además de recoger la opinión de los diferentes sectores, la prensa comentó la frialdad en la reacción de Miguel de la Madrid al escuchar el anuncio de la medida durante el Informe del presidente López Portillo. Parecía claro que el candidato triunfante no compartía la idea de que la nacionalización de la banca representaba una solución económica o política a los problemas que enfrentaba el país. La sucesión de los hechos económicos brevemente descritos avivaron el clima de inquietud prevaleciente y enrarecieron aún más la atmósfera en torno al gobierno y, en particular, al titular del Poder Ejecutivo Federal. El ambiente, además, rebasó el nivel de la crítica a los altos funcionarios y se llegó a la sorna y a la burla. De este modo, en los medios de difusión impresos, especialmente en las revistas, se publicaron todo tipo de artículos negativos y en las reuniones y tertulias de diversos grupos sociales se condenaba al gobierno y se hacía mofa de las autoridades, en un proceso de desgaste de la credibilidad de los altos funcionarios. Estas críticas eran particularmente graves entre las clases media y alta de las grandes ciudades, a pesar de haber sido de los sectores más beneficiados por la misma política que ahora criticaban con amargura. A los hechos mencionados se agregaron, también en contra del prestigio de las autoridades, la remoción de Miguel Mancera Aguayo como director del Banxico y su sustitución por Carlos Tello Macías, pues aumentó la impresión de inestabilidad en el gabinete económico; los primeros indicadores sobre la gravedad de la deuda externa; el anuncio de que en el año la tasa de desempleo abierto pasaría de 4 a 8 por ciento de la fuerza laboral y la inflación llegaría a casi 100% anual; la especulación con dólares no frenada, que se llevaba a cabo en un mercado negro creciente, y lo que se denominó pérdida de la soberanía cambiaria, debida a la especulación en el lado norteamericano de la frontera, en el que empezaron a venderse pesos, con lo que una buena parte de los ingresos de divisas por turismo dejó de entrar al país.

Además, en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el 10 de noviembre el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Director del Banco de México firmaron con la institución financiera internacional una "carta de intención", por la que el gobierno mexicano se comprometía a efectuar los siguientes ajustes económicos: disminuir el déficit del sector público, estimado para 1982 en 16.5% respecto al producto interno bruto (PIB), a 8.5% en 1983, a 5.5% en 1984 y a 3.5% en 1985; elevar los ingresos públicos mediante alzas en los precios y tarifas de los bienes y servicios que proveían entidades del Estado; incrementar el ahorro interno público y privado; establecer un control de precios flexible, acorde con la realidad económica; asimismo, se reducirían los aranceles, para disminuir el proteccionismo en el comercio exterior. Por otro lado, se abrió una línea de recursos por 3 800 millones de dólares, necesarios para mantener diversas áreas de la economía.

No obstante, para la mayoría de los comentaristas eran evidentes las dificultades que estos acontecimientos planteaban al gobierno presidido por Miguel de la Madrid, que entraría en funciones el 1 de diciembre. Por un lado, debía ser congruente con sus postulados de campaña y, por el otro, debía ser capaz de enfrentar con eficacia las crecientes dificultades económicas, superando, al mismo tiempo, el decaimiento de la figura presidencial. Sería una tarea con alto nivel de dificultad poner en pleno movimiento a la planta productiva y elevar el empleo, sin generar presiones inflacionarias en el corto plazo y, al mismo tiempo, sanear las maltrechas finanzas públicas y cumplir con los compromisos financieros del exterior.

En los discursos pronunciados por el candidato triunfante en la instalación de las comisiones formadas para apoyar la elaboración del plan de gobierno, a partir del 6 de agosto, puede apreciarse claramente la preocupación por la situación económica. Ese día, al instalar la Comisión de Frontera Norte, De la Madrid hizo ver que ante las nuevas dificultades los mexicanos debían cerrar filas y ver los problemas con realismo, solidaridad e imaginación para resolverlos.

El 11 de agosto, en la reunión con la Comisión de Energéticos, el candidato advirtió que la crisis, "caracterizada por la inflación y el desbalance externo que permea toda la actividad económica, amenaza al empleo, perjudica la justa distribución del ingreso. Pero al mismo tiempo que tenemos grandes retos de corto plazo que superar, tenemos que cuidar que la superación de esta crisis no afecte o no agrave problemas estructurales que confronta la sociedad mexicana". Ese mismo día, en la instalación de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, De la Madrid afirmó que la crítica situación económica hacía ver "que no vamos a contar con muchos recursos en el arranque del próximo gobierno; que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para superar la crisis, para normalizar la situación y para dotar al país nuevamente de bases firmes y sanas para continuar su desarrollo". No obstante, expuso, la crisis no debía llevarnos a la angustia y la ofuscación. Por último, aseguró que aun en el proceso de recuperación de la crisis no olvidaría los criterios políticos de su campaña ni las demandas populares básicas.

El 19 de agosto, al instalar la Comisión de Desarrollo Industrial, De la Madrid reconoció que la crisis había transformado el tipo de problemas a los que tendría que enfrentarse. Diez meses atrás, ejemplificó, un problema grave eran los cuellos de botella en el transporte, frente a una actividad económica muy alta, en ese momento el problema era que la capacidad industrial instalada estaba siendo subutilizada. El mismo día, con la Comisión de Transportes y Comunicaciones, el candidato triunfante añadió que el hecho de que en 1982 no iba a crecer la economía estaba produciendo ya "algunos ajustes y debe servir como premisa para considerar las perspectivas de mediano plazo, sobre todo, pero -insistió- sin abandonar las de largo plazo". De la Madrid manifestó su optimismo, pues, aseveró, "nuestro país tiene una amplia y probada capacidad de recuperación frente a la crisis y de ahí hay que partir para hacer planteamientos y tener confianza en que vamos a superar esos problemas".


En el mes de octubre, 16 de las 27 comisiones presentaron al Presidente electo los resultados de sus trabajos, que serían aprovechados en la etapa técnica de la planeación. Si bien no hubo ceremonia de presentación del resultado de las demás comisiones, su trabajo fue aprovechado posteriormente. Como ya se dijo, la Comisión Legislativa utilizó el trabajo de las comisiones para la elaboración de una propuesta global de reformas legales.

El 1 de diciembre, en el recinto del Palacio Legislativo, ante el Congreso de la Unión, Miguel de la Madrid Hurtado tomó posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.


Distrito Federal 1 de septiembre de 1982 Circunstancias críticas

El virtual Presidente electo Miguel de la Madrid Hurtado afirmó ayer respecto a la nacionalización de la banca y el control de cambios -anunciados en el sexto informe del Presidente José López Portillo- que "estas medidas responden a circunstancias críticas" y subrayó que el "Estado no puede permitir el avance de situaciones críticas que amenacen con daños graves al interés nacional y particularmente al de las mayorías".

El Presidente José López Portillo -añadió De la Madrid- ha hablado con valentía y profundidad sobre las delicadas condiciones por las que transitamos y sobre los problemas que entrañan y asentó también: "Son éstos momentos que demandan solidaridad, serenidad y entereza en nuestras actitudes. La nación afrontará sus problemas y limitaciones con decisión inquebrantable y con respeto a los derechos de los mexicanos. Estoy seguro que México saldrá adelante".

Asimismo, el candidato presidencial triunfante expresó que "México es un país que cuenta con una amplia experiencia en materia de desarrollo" y añadió: "Hemos sabido siempre superar obstáculos para seguir avanzando. Nuestra historia nunca ha sido fácil. Tenemos sólidas instituciones políticas y jurídicas que sustentan nuestras decisiones y valores colectivos".

Enrique Loubet Jr. Excélsior

Distrito Federal 25 de septiembre de 1982 Gobernar en la crisis

Al ratificar ayer su compromiso de que no permitirá luchas ni odios que debiliten a la nación, Miguel de la Madrid declaró que está preparado para cumplir con la responsabilidad de gobernar en una etapa de riesgos, peligros y retos y para convertir las dificultades en nuevos triunfos de México.

Con énfasis en cada una de sus palabras, y en lo que fue la parte más emotiva de un breve discurso improvisado, con el que clausuró la reunión ordinaria del Consejo Nacional del PRI, el Presidente electo de México aseveró:

"Estoy fuerte porque voy a gobernar a un pueblo fuerte, a un pueblo que ha tenido historias adversas, a un pueblo al que nada se le ha dado fácil, pero que ha sabido defender independencia, libertad, democracia, justicia. ¡México es fuerte y por eso el gobierno será fuerte!", dijo.

El mensaje de Miguel de la Madrid se produjo ante unos cuatro mil priístas congregados en el Auditorio Nacional, a un año exacto de que los sectores del PRI se manifestaran a su favor para hacerlo candidato a la Presidencia de la República.

"Estamos en crisis; pero la crisis no sólo es peligro, es oportunidad. Los revolucionarios de México, con serenidad, con firmeza, con realismo, vamos a convertir las dificultades en nuevos triunfos del pueblo de México."

Sus palabras fueron de menos a más. Agradeció primero la invitación que le hizo el PRI para clausurar el Consejo Nacional y expresó su reconocimiento al partido -que dijo- le permitió entrar en contacto estrecho con las grandes mayorías nacionales, "partido que me brindó, con su ideología y su profesionalismo político, la posibilidad de obtener el mandato mayoritario del pueblo de México..."

Luis Gutiérrez R Uno Más Uno

1 de noviembre de 1982 Las expectativas

Cuando dentro de un mes haya asumido la Presidencia de la República, don Miguel de la Madrid habrá ya respondido, o no, a las primeras, intensas expectativas, que su advenimiento al Poder Ejecutivo ha provocado. En su discurso de toma de posesión deberá responder a las esperanzas, para su desgracia de diverso signo, que han depositado en él los varios sectores de la sociedad.

El discurso de toma de poder fue para el presidente López Portillo pieza maestra en su difícil inicio administrativo, pronto hará seis años. Nunca segundas partes fueron buenas, decimos coloquialmente, y afirmamos con ello una verdad política. No bastará por lo tanto la repetición de ofertas políticas en lo que diga De la Madrid, sino que se requerirá sobre todo la expresión de verdades desnudas, sin afeites ni ocultamientos.

Los sectores conservadores, que honestamente o por conveniencia suponen que las libertades están en juego a causa de la nacionalización bancaria y el control de cambios, demandan el restablecimiento de reglas de comportamiento que por su deterioro ya no será posible restaurar. Eso debiera quedar claro desde el primer momento. Nos parece que en la nacionalización no habrá pasos atrás. Es cierto que estará entonces, todavía, por expedirse la ley orgánica del Banco de México y la reglamentaria del artículo 28 referida al servicio de banca y crédito, y que por ello puede prosperar la corriente de que se ofrezca participación a particulares en la suscripción de acciones bancarias. Pero aun en ese extremo, el principio de que tal servicio sólo pueda ser prestado por entidades gubernamentales no se alterará.

Otra cosa, en cambio, puede ocurrir con el control de cambios. La semana pasada, durante la reunión de la comisión de empresas paraestatales (una de las 27 que preparan el programa de gobierno, desde comienzos de agosto) y como la discusión versara sobre todo alrededor de los problemas cambiarios de dicho sector, la postura que algunos de los presentes advirtieron en el Presidente electo fue de desacuerdo con la forma en que el control ha sido establecido ahora, de donde infieren que habrá cambios en los cambios.

Eso no debería sorprender, si ocurre. Por varias razones. En primer lugar porque el equipo cercano a De la Madrid, y él mismo, fueron contrarios a tal régimen, como lo fue casi por entero el aparato financiero estatal desde siempre; en segundo término, porque hay una enorme variedad de mecanismos de control cambiario, y la adopción de uno u otro está dictada por circunstancias: la aparición en la escena de un tercer tipo de paridad, para las zonas fronterizas, muestra ya que la instauración del control de cambios no resistirá el número infinito de presiones en su contra; en tercer lugar, porque las dubitaciones al establecer el que actualmente rige lo han hecho operar muy mal (si bien eso es perfectamente comprensible, como lo sería la inhabilidad de un esquimal para comer con cuchillo y tenedor sopes o pambazos, así de extraño nos resulta ese sistema); en cuarto lugar porque la nacionalización de la banca cierra por sí misma un boquete enorme para la salida de divisas de modo ilegal; y sobre todo porque se trata de un instrumento, no de la aplicación de un principio. Y si se elige otro que se juzga más idóneo, y se acierta en su uso, la economía y la sociedad saldrían ganando. Y eso es de lo que se trata.

Por contra, no parece que haya modificaciones sustanciales en la política exterior, que sería otra de las expectativas importantes. No parece casual que la reunión con la comisión respectiva se haya anticipado, como si se tratara de hacer saber (al declarar el propio De la Madrid que Cuba y Nicaragua serán también en el futuro nudos definidores de nuestra diplomacia) que las dificultades económicas de nuestro país, cuando mucho, introducirán matices pero no virajes a la política exterior.

Miguel Ángel Granados Chapa Uno Más Uno

Distrito Federal 27 de noviembre de 1982 Horas aciagas

Llega el sexenio 1982-1988 en horas aciagas, en un clima político tormentoso en el que unos pretenden la revisión de lo hecho en favor del proyecto nacional y revolucionario mientras otros esperan que el cambio se produzca en favor de las mayorías que fueron apenas testigos del sexenal diálogo entablado por el poder presidencial y el financiero, largo en unidad y amargo al llegar el rompimiento causado por el decreto expropiatorio y la nacionalización de la banca privada. Y, a pesar de eso, hay en el país las condiciones necesarias para alcanzar el consenso indispensable para gobernar. Miguel de la Madrid tiene formación de constitucionalista; ha declarado su compromiso con la Revolución Mexicana; ha hecho pública expresión de su voluntad política. Ante las interpretaciones dolosas o torpes, de la renovación moral postulada, dijo: Hay incluso quienes dicen que seré una especie de Savonarola. No quiero ni pienso ser un predicador; no pretendo ser filósofo. Quiero ser Presidente de la República.

León García Soler Excélsior

Distrito Federal 1 de diciembre de 1982 El gran día

Seis treinta horas. Francisco Sosa 421. Una luz encendida en las recámaras del Presidente electo de México, marca el inicio de una intensa jornada que culminaría 11 horas más adelante...

Vestido con traje gris oxford, corbata gris perla y camisa blanca, Miguel de la Madrid bajó al comedor de su casa a desayunarse en compañía de su esposa y sus cinco hijos.

Afuera de la casa del "León Rojo", hay un movimiento inusual. Más de 150 periodistas, tres cámaras de televisión y no menos de 100 personas encargadas de la seguridad, la organización y el apoyo, aguardaban impacientemente la salida del que sería horas más tarde el Presidente de la República. La mayoría de los ahí reunidos se veían casi impecables. Los militares van llegando poco a poco vestidos con sus uniformes de gala. Sé que hay expectación como en todo cambio de gobierno.

Sé que hay confianza depositada en mí por una gran mayoría de mexicanos. Yo espero recoger el sentir popular, atender sus demandas y servirlos con toda mi capacidad, dijo el Presidente electo poco antes de partir hacia donde rendiría la protesta constitucional.

10:05 horas. Miguel de la Madrid vuelve a aparecer en el portal de su casa. Hay una sonrisa de satisfacción en su rostro y amabilidad en el trato para con los demás. Una corta rueda de prensa, un saludo para todos los que le rodean y sube al autobús (México) en compañía de colaboradores y familiares; luego, de arriba, da la orden: "respete los altos".

El convoy comienza a deslizarse por las calles de Francisco Sosa, luego, por Tres Cruces, Ortega... De las azoteas de los edificios de 20 de Noviembre comienza a caer papel picado de diversos colores y el automóvil comienza a avanzar. De la Madrid alza uno u otro brazos para agradecer las aclamaciones, pero nunca los dos juntos. En honor de él y del presidente saliente, José López Portillo -quien había hecho ese mismo trayecto unos minutos antes-, se ha tendido una valla militar. Las paredes y edificios prácticamente están tapizados con fotos y leyendas alusivas al nuevo Presidente de México. Hay contingentes traídos especialmente del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos, entidades vecinas del Distrito Federal. Sólo seis mantas de regular tamaño hay en el Zócalo y poco más de treinta han sido desplegadas en el camino de Tlaxcoaque al Palacio Legislativo.

10:53 horas. El convoy ha tenido que reducir considerablemente la velocidad. Cuando De la Madrid está a punto de llegar, aún se escuchan los honores de ordenanza y cañonazos de salva en honor del presidente saliente José López Portillo. Cuatro minutos más adelante ya está en el pórtico.

Al entrar al Palacio Legislativo, Miguel de la Madrid se detiene frente a la escolta del Colegio Militar que porta la bandera nacional y la saluda. Esta no responde al saludo porque aún no protesta como Presidente Constitucional. Son las 10:57 horas. Dos minutos más tarde hace el juramento de rigor.

Allá, en el patio central del Palacio Nacional, los mandatarios entrante y saliente se despiden. El Presidente sube a su nuevo despacho, se coloca la banda presidencial debajo del saco, posa para la foto oficial que en pocas semanas estará en todas las dependencias oficiales del país y baja al Patio de Honor, donde se hace tomar la foto en compañía de su gabinete.

Roberto González Pérez Excélsior


 
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