Renovación moral: caso Díaz Serrano

"MES: JULIO"

El miércoles 29 de junio, la Procuraduría General de la República, con base en la denuncia presentada por la Contraloría General de la Federación, solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el desafuero del senador Jorge Díaz Serrano. El legislador fue acusado de defraudar a Pemex por 5 000 millones de pesos en la compra de dos buques-tanque gaseros.

El proceso para desaforarlo fue muy complejo. Requirió que la Comisión Permanente convocara, el 12 de julio, a una sesión extraordinaria para integrar la Comisión Instructora que sustanciara los procedimientos consignados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El sábado 30 de julio, la Cámara de Diputados, convocada a un segundo periodo extraordinario de sesiones, resolvió por unanimidad de votos retirar el fuero constitucional a Jorge Díaz Serrano, separarlo de su cargo en el Congreso y solicitar a la Procuraduría General de la República el ejercicio de la acción penal correspondiente. Horas después, Díaz Serrano se entregó voluntariamente y quedó detenido en el Reclusorio Preventivo Sur.

El proceso generó expectativas y comentarios en la opinión pública. Durante todo el mes de julio aparecieron noticias y editoriales al respecto. Hubo especulaciones de todo tipo. Algunos llegaron a suponer que se preparó el asunto para que el proceso comenzara justo en los días anteriores a las elecciones en el norte del país. Esto no es exacto. No se escogió el momento para proceder en contra del ex director de Pemex, se actuó cuando se tuvo el expediente completo.

La actitud personal de Díaz Serrano —consistente en declararse inocente, expresar su voluntad de permanecer en el país y defenderse, y hacer explícito su "fervor" por las instituciones y su "fe" en la justicia— demuestra su serenidad y sangre fría. No obstante, en todo momento temimos que se fugara del país.

Por otro lado, fue él quien promovió que varios grupos de opinión señalaran que el proceso en su contra podría minar el sistema, en tanto que rompía lealtades políticas que tradicionalmente se habían respetado. Tal argumento se basaba en que el ex funcionario fue de los colaboradores más cercanos del presidente López Portillo, y en que familiares de éste fueron mencionados como interesados directos en el fraude.

Esa apreciación, promovida por el mismo Díaz Serrano, fue no solamente interesada, sino también excesiva. En todo caso, debió hablarse del gobierno y no del sistema. Aun así, debe reconocerse que lo que desprestigia al gobierno son los hechos que dieron origen al proceso, que no hizo sino reconocer lo que ya todo mundo sabía.

La opinión pública informada se manifestó satisfecha por el hecho de que Díaz Serrano fuera procesado, pero al respecto hubo siempre que tener presente que esa opinión reacciona de una manera muy veleidosa: puede primero clamar venganza, para después pedir piedad.

La importancia del proceso radicó en los efectos preventivos que pueda tener para el mismo gobierno. Es sano que se conciba el principio moral de que "el que la hace, la paga". Indiscutiblemente que ahora los funcionarios trabajarán con más cautela. Mis colaboradores sabrán el riesgo que conlleva actuar de manera deshonesta, y mi familia podrá comprender mejor por qué la tengo tan limitada.

Luego entonces, creo que el juicio de Díaz Serrano dará frutos positivos en el corto y en el mediano plazos.

Por otra parte, es innegable que el proceso enfrió mis relaciones con López Portillo y su grupo. El ex Presidente regresó a México, según él, para asistir a la boda de una sobrina nieta, aunque en realidad lo hizo para ver qué estaba pasando. Yo me enteré de que tanto él como sus hermanas estaban muy inquietos, y que pensaban visitar, en forma ostensible, a Díaz Serrano. Envié al procurador general de la República para que les informara la situación que guardaba el proceso. García Ramírez me dijo que López Portillo le había comentado que no pensaba pedirme una cita, pero que si yo lo llamaba, platicaría conmigo. Por ello, decidí invitarlo a comer el miércoles 13 de julio.

López Portillo estaba muy impactado. Me dijo que pensaba que Díaz Serrano era inocente y que, en su defensa, podría sacar a relucir elementos que dañaran al sistema. Le respondí que discrepaba de su opinión, que yo estaba convencido de que Jorge Díaz Serrano era culpable, no sólo del delito de peculado, sino también de haber propiciado una alta ineficiencia y corrupción en Pemex, por lo que también debería exigírsele alguna responsabilidad.

Le dije que si Díaz Serrano complicaba su defensa utilizando argumentos que pudieran dañar al sistema, me vería en la necesidad de actuar en consecuencia, profundizando hasta donde fuera necesario para esclarecer las cosas. Le pregunté: "¿Qué clase de presidente sería yo si con una simple amenaza me cruzara de brazos y dejara caer un proceso tan importante? Entonces sí que estaría en peligro el sistema". Añadí que había ponderado con mucho cuidado las cosas antes de iniciar el proceso, definiendo qué sería más dañino, si una acción o una omisión, y que concluí que era necesario actuar.

En cuanto a la actitud de los miembros de su grupo, o a las medidas que éstos pudieran tomar para tratar de vulnerar las acciones de mi gobierno, considero que el único con la fuerza potencial para hacerlo es Carlos Hank González. Pero, precisamente porque tiene muchos intereses, tendrá que medirse mucho. Hay otros funcionarios que son mencionados reiteradamente por la opinión pública como culpables. Entre ellos destacan Arturo Durazo y, en menor grado, Fernando Rafful.

Así que, por lo pronto, el único grupo al que hemos llamado a cuentas, por corrupción, es el de funcionarios de la administración pública. Esto se debe a que la demanda política ha influido, en forma definitiva, en la prioridad de las acciones. La necesidad de recuperar el prestigio del gobierno es urgente.

La posibilidad de actuar sistemáticamente contra los empresarios corruptos todavía está limitada por los graves problemas de resentimiento que subsisten en la clase empresarial.

En cuanto a los líderes obreros, no contamos con elementos suficientes para proceder, ya que ellos no tienen que rendir cuentas de sus acciones al gobierno, sino a sus representados. Lo único que hemos podido adelantar en ese terreno es un planteamiento que Farell ha negociado con Fidel Velázquez, en el que se busca la depuración del movimiento obrero. Don Fidel reconoce que dentro de sus centrales hay elementos que se dedican a la extorsión, y está de acuerdo en que actuemos en su contra, porque así recupera la CTM sus parcelas de poder. No es posible por el momento promover más a fondo la limpieza y el reajuste sindicales.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.