Calificación de las elecciones

"MES: AGOSTO"

LA COMISIÓN FEDERAL ELECTORAL CONCLUYÓ SUS TRABAJOS a mediados de agosto. Para entonces, había dado información desglosada de lo ocurrido en 30 000 casillas y dejado pendiente el desglose de la información de otras 25 000, de las que sólo se dieron resultados agregados por distrito. Ello propició que el Frente Democrático Nacional argumentara, desde el 29 de julio, que se ocultaba esa información, pues en dichas casillas el PRI había cometido fraude.

Esta crítica carece de sustento, pues los partidos de oposición recibieron una copia firmada de las actas de todas las casillas en las que estuvieron presentes. Además, en los cómputos distritales volvieron a tener acceso a las actas originales de todas las casillas. De manera que no tenían argumentos para invitar a dudar del triunfo de Salinas.

Sin embargo, la falta de una respuesta inmediata, clara, amplia y satisfactoria por parte de la Comisión Federal Electoral dañó enormemente nuestra credibilidad. A mí me resultó verdaderamente enervante que, a pesar de mis solicitudes, Bartlett no aclarara el asunto en una conferencia de prensa. Tardó un mes en hacerlo. No fue sino hasta el 26 de agosto cuando dio una entrevista a Zabludovsky en el canal 2 de televisión.

Allí, Bartlett aclaró que la Comisión Federal Electoral había dado a conocer en forma preliminar los resultados de 30 000 de las 55 000 casillas existentes en el país, mientras se reunían en sus respectivos distritos la totalidad de las actas. Cuando esto ocurrió, tres días después de las elecciones, se dejó de dar dicha información, pues los funcionarios de los comités distritales se dedicaron de lleno a analizar y computar las casillas que les correspondían, a fin de llegar al resultado oficial.

Precisó que los partidos de oposición participaron en los recuentos de las casillas y de los distritos, por lo que su denuncia sólo podía entenderse como un eslogan de desorientación, utilizado con fines políticos.

De cualquier forma, la actitud de Bartlett nos hizo perder tiempo valiosísimo. Un manejo diferente de la información indiscutiblemente habría hecho más creíbles los resultados de las elecciones. Si no presioné más a Bartlett para que se abriera al público, fue porque lo sentí muy tenso y no quise romper su equilibrio en un momento en que estaba realizando una tarea tan sustantiva como presidir la Comisión Federal Electoral.

Este órgano concluyó sus labores el 13 de agosto. De los 300 distritos electorales, entregó 287 constancias de mayoría —234 al PRI, 32 al PAN y 21 al FDN— y retuvo las 13 restantes para que las resolviera el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, pues consideró que se podía presumir fundadamente que existían vicios e irregularidades en la elección, en sus respectivos distritos.

La labor del Tribunal de lo Contencioso Electoral fue muy cuestionada por la oposición y por algunos conocidos juristas, que lo calificaron de parcial y de formalista. Uno de sus miembros, Emilio Krieger, apuntó que mientras dicho tribunal se limitara a estudiar los casos cuya documentación fuera impecable, su función sería muy reducida.

El tribunal actuó dentro del marco legal establecido para un tribunal de derecho, ante el cual sólo se pueden interponer recursos con las pruebas necesarias. Sin embargo, hay que reconocer que el TCE enriqueció mínimamente el proceso electoral, porque no se le entendió ni aprovechó.

De hecho, su influencia fue mínima, pues de las 558 quejas sobre las elecciones federales, desechó 500 por ser “notoriamente infundadas” o simplemente infundadas, y declaró “fundados”, o “parcialmente fundados”, 58 recursos de queja relativos a la votación en 366 casillas distribuidas en 56 de los 300 distritos del país. Al aceptar la procedencia de la nulidad en esas casillas, las resoluciones del TCE modificaron la decisión sobre quién había sido el candidato ganador en dos distritos: el XXXIII del Distrito Federal y el VII de Sinaloa, computados originalmente a favor del PRI.

No obstante, en ningún distrito el TCE resolvió que los organismos electorales competentes retuvieran la constancia de mayoría respectiva, puesto que, según la ley, para anular o repetir la elección de todo un distrito es necesario probar la nulidad de la votación en 20% de sus casillas, lo que, a juicio del tribunal, no llegó a suceder. De cualquier forma, mientras subsista la autocalificación de los legisladores, no pueden imponerse las decisiones del Tribunal de lo Contencioso Electoral.

El 15 de agosto se instaló el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, luego de un largo y acalorado debate que duró 15 horas y que, según la prensa, se caracterizó por la intolerancia de los presuntos diputados. La actitud tomada por las diversas fuerzas políticas en el Colegio Electoral hizo evidente que existía una estrategia deliberada para manchar el proceso electoral.

También resultó claro que la oposición deseaba retardar lo más posible la instalación de la Cámara de Diputados, con el fin de erosionar al régimen. Hubiera querido retrasarla al 31 de agosto, o más tarde, de ser posible. Su estrategia fue la del maximalismo, esto es, la de tratar de sacar absolutamente todas las ventajas.

La estrategia del PRI fue la de integrar el Congreso a la brevedad posible. Esa indicación la di yo, aunque el manejo directo del Colegio Electoral quedó bajo la responsabilidad de Salinas, quien se apoyó para ello esencialmente en Camacho.

La instalación de las comisiones de mayoría priista en el primer día fue determinante, aunque se logró con la sola votación de los priistas. Era totalmente inaceptable permitir otra cosa. Las comisiones interparlamentarias que se integraron y que no están contempladas en el reglamento interior fueron esencialmente intrascendentes.

Lo determinante de la negociación fue que la primera comisión del Colegio Electoral —la más importante, formada por 20 miembros y que debía calificar la elección de los presuntos diputados electos por mayoría relativa en los distritos electorales uninominales—, que originalmente se había planteado que estuviera integrada por 8 diputados de oposición y 12 del PRI, se integró con 9 y 11, respectivamente.

El ambiente del Colegio Electoral fue tan caldeado, tanto en el pleno como en las comisiones, que llegué a temer que hubiera golpes entre los miembros de los diversos partidos. En este contexto, la mayoría priista actuó bien: asistió, se comportó de manera disciplinada y resistió estoicamente los insultos de sus adversarios. Sin embargo, el resultado general fue el desprestigio de la Cámara de Diputados ante la opinión pública.

Ni siquiera a la luz de estos hechos considero que fue un error la reforma electoral. La existencia de 100 diputados más nos sirvió como colchón para absorber el golpe real que significó la votación del 6 de julio.

Además, en las condiciones que vivimos, me pareció muy positivo haber dejado puesto el tan criticado candado de 51%, esto es, que la ley estipula que el partido con mayor número de votos debe contar con una mayoría real dentro del Congreso, obteniendo para ello el número necesario de diputaciones plurinominales para tener 51% de las curules en la Cámara de Diputados.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.