Pacto de Solidaridad Económica: formación

"MES: DICIEMBRE"

LA CAÍDA DE LA BOLSA DE VALORES EN OCTUBRE y la devaluación del peso en noviembre tornaron muy difíciles las perspectivas económicas para 1988. El comportamiento psicólogico caracterizado por expectativas muy volátiles se agudizó en las primeras semanas de diciembre.

El panorama económico y político había cambiado dramáticamente entre principios de octubre y principios de diciembre. De hecho, el trastocamiento ocurrió en una semana, cuando se desplomó la Bolsa de Valores. Después, sólo fue la profundización de ese ambiente, que se caracterizó porque las expectativas positivas se volvieron sumamente negativas. Ello hizo que, en el terreno económico, pasáramos de una inflación alta a otra mucho más alta. Las bases de la economía, que en 1987 parecían desarrollarse de manera sana, se descompusieron. Se ahogaron las expectativas de reactivación de la inversión privada y pública y, con ellas, las de crecimiento económico.

En el terreno político surgieron mayores posibilidades de conflictos y de radicalización de la discusión política. Las nuevas circunstancias complicaban la campaña electoral y las elecciones de 1988, así como el final de mi gobierno. Lo único que podía salvarnos era el temor al conflicto.

Si valoramos los factores objetivos que llevaron a esta situación crítica tenemos: la alta inflación, el déficit público no controlado y una protección excesiva al aparato productivo. Había medidas previstas para ir superando todo esto, pero con un gradualismo que resultó insuficiente. En el Gabinete Económico hay diversas interpretaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Programación y Presupuesto y la del Trabajo piensan que hemos ido demasiado lentos en la apertura comercial, pero yo considero que hacen hincapié en esto para fugarse de sus propios problemas. Este enfoque evita que se haga el énfasis suficiente en los instrumentos financieros, que tampoco se han manejado idóneamente.

El hecho es que a principios de diciembre la inflación había recibido un fuerte impulso por la combinación de mayores tasas de interés, devaluación del tipo de cambio libre -que daba excusa para aumentos de precios, algunos injustificados- y depreciación del peso, respecto al dólar y frente a otras monedas. Nos encontrábamos en el peligro de caer en una hiperinflación.

Debido a ello, el Congreso del Trabajo pidió, el 23 de noviembre, aumentos salariales de emergencia enormes, de 46%, retroactivos al día de la devaluación, el 18 de noviembre, los cuales deberían repetirse en enero. Para defender su poder adquisitivo, el sector laboral amenazó al gobierno con la huelga general.

Todo ello creó una situación explosiva en la primera semana de diciembre. La desorientación surgió, en parte, por las declaraciones pesimistas que estuvieron haciendo los distintos líderes empresariales, así como por un cierto vacío de opinión entre las figuras prominentes del gabinete.

Por ello, en mi discurso del 4 de diciembre ante la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, di una explicación de lo ocurrido e informé sobre las medidas que habíamos tomado. Destaqué nuestra voluntad de encontrar una solución concertada.

Al respecto cabe aclarar que, desde finales de noviembre, el gobierno había convocado a los líderes de las fuerzas productivas organizadas del país, a fin de que propusieran medidas para hacer frente a la situación. Nosotros les planteamos una serie de opciones de política económica para su estudio y comentario.

En mi discurso aproveché la ocasión para sentenciar: "Queremos lograr esta concertación, pero ello no quiere decir que si no hay concertación el gobierno se paralice. Cuando veamos que no existe consenso entre los factores de la producción, el gobierno de la República asumirá su responsabilidad y tomará las medidas que justifiquen los intereses superiores de la nación", lo que estoy seguro que les hizo mella.

También influyó la posición de lealtad asumida el 3 de diciembre por el candidato priista a la Presidencia de la República, en un discurso que pronunció ante miembros de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

Curiosamente, la idea del pacto surgió de un desayuno con Luis Echeverría en el mes de noviembre. Para ese momento, la situación era ya muy tensa; ya estábamos emplazados a la huelga general. En el desayuno, Echeverría me dijo: "Mire, lo que usted tiene que hacer es poner a las partes a platicar. Forme una gran asamblea en Palacio Nacional, en la que invite a todos los que tienen algún peso. Cuando estén reunidos, les dice: 'Señores, aquí los dejo para que dialoguen entre sí; cuando se pongan de acuerdo, me vienen a ver', y los deja usted ahí, con Farell. Luego, que lo vayan a visitar, a ver qué propuestas le traen".

La idea inmediatamente me hizo efecto. Sentí que tenía que desarrollarla, no con el estilo echeverrista, sino de una manera más discreta, más efectiva. Le pedí a Farell que convocara a las partes y que les dijera que tenían que dialogar entre sí hasta llegar a un acuerdo que evitara la huelga general.

Mientras tanto, Pedro Aspe y Gustavo Petricioli me presentaron la parte teórica del pacto. Se incorporaron a su discusión Héctor Hernández y Arsenio Farell. Se trataba de un planteamiento complejo, bien estudiado, producto del seguimiento que venía haciendo Programación y Presupuesto de los planes de choque en todo el mundo. Incluso, tiempo atrás, ya me lo habían presentado Gustavo Petricioli y Carlos Salinas, pero yo había optado por soluciones más graduales. De manera que no se trataba de una propuesta sacada de la manga, sino de una prueba de la capacidad del Estado para prever circunstancias extraordinarias.

El documento base planteaba tres opciones. La primera suponía seguir como íbamos, y dejaba ver el horror que nos esperaba; por tanto, se autoeliminaba. La segunda opción proponía tomar medidas de manera gradual; consistía esencialmente en una indización total de la economía. La tercera opción, la radical, proponía fijar el tipo de cambio y, a partir de él, todo lo demás.

Después de revisar el planteamiento y sus implicaciones, les pedí a los secretarios que se las llevaran a Fidel Velázquez y a los empresarios, empezando la negociación con base en la solución más radical. Para mi sorpresa, ambos grupos estuvieron de acuerdo con ella, lo que fue una clara muestra de su hartazgo de la situación de descontrol inflacionario.

Ya en la negociación, los diferentes sectores no fueron capaces de proponer nada valioso; su participación consistió en matizar nuestras propuestas, lo que hizo que termináramos en una opción intermedia entre la radical y la gradual.

Nuestra capacidad de propuesta los impactó; fortaleció nuestro liderazgo al hacer evidente que ningún grupo de la sociedad tiene la posibilidad técnica y el marco de referencia necesarios para plantear las soluciones globales. También se hizo evidente que sólo el gobierno puede lograr una concertación nacional. La actitud positiva de los sectores estuvo determinada por su temor de que se agravara la situación, con el riesgo de llegar a la anarquía.

Ahora bien, si analizamos la forma en que las diferentes cabezas de sector concertaron con sus representados, nos topamos con que Fidel Velázquez lo hacía muy relativamente. Él tiene un grupo en el que se apoya, pero finalmente toma solo las decisiones y, aunque después le cuesta trabajo manejar a ciertas personalidades, su autoridad se impone. Esto también se debe a que el gobierno le da todo el lugar y el papel para ello.

La negociación con los empresarios es mucho más difícil, porque Agustín Legorreta no tiene ese reconocimiento de su parte, pues no sienten que él tenga capacidad de decidir aspectos fundamentales por ellos. Como presidente actual del Consejo Coordinador Empresarial fungió esencialmente como un intermediario ante los empresarios. Propuesta que hacíamos, propuesta que tenía que llevar a los empresarios, consultar y traernos la respuesta. En los momentos fundamentales, los empresarios vinieron en grupo. Por lo tanto, negociar con ellos requiere una maniobra mayor.

Para llegar al acuerdo definitivo, yo tuve que intervenir. Cité a Fidel Velázquez y en 40 minutos pude platicar y resolver el problema con él; el Consejo Coordinador Empresarial, que vino completo, me llevó dos horas de trabajo.

Así, el 15 de diciembre por la tarde dimos a conocer el Pacto de Solidaridad Económica. Con él quedó conjurada la huelga general y, sobre todo, propusimos una fórmula para evitar que la inflación pusiera en peligro la armonía social y lo ya alcanzado en el proceso de renovación nacional.

El pacto fue suscrito por el gobierno, los trabajadores, los campesinos y los empresarios. Fue, en sí mismo, un gran logro. Baste pensar en las resistencias y fricciones sociales y políticas que el gobierno hubiera encontrado de haber tenido que actuar solo.

Para abatir la inflación en 1988, procurando reducirla con rapidez a partir del segundo semestre, el gobierno hizo varios compromisos. En primer término, se comprometió a fortalecer de manera sustancial las finanzas públicas, mediante una disminución significativa del gasto público programable, la eliminación de los rezagos de los precios y tarifas del sector público y diversas adecuaciones tributarias.

Concretamente, en el terreno del gasto público se propuso que se enviarían modificaciones a los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal sometidos por el Ejecutivo Federal a la consideración de la Cámara de Diputados, para disminuir el gasto programable a 20.5% del PIB, en lugar del 22% inicialmente presupuestado.

En cuanto a los precios y tarifas del sector público se determinó su ajuste a partir del 16 de diciembre, para recuperar el rezago acumulado en los últimos meses y alcanzar un nivel real adecuado. Una vez realizados estos ajustes, los precios y tarifas públicos permanecerían constantes durante enero y febrero.

También en el terreno de los ingresos se propusieron modificaciones al impuesto sobre la renta, para que los Certificados de Promoción Fiscal se eliminaran, con excepción de los asignados al sector agropecuario. Asimismo, se suspendió el estímulo planeado para la depreciación acelerada y el impuesto adicional a la importación. Finalmente, se propuso un combate frontal contra la elusión y la evasión fiscales.

En segundo término, el gobierno se comprometió a la ampliación y ejecución más rápida del programa de desincorporación de empresas públicas; en tercero, a la disminución o supresión de subsidios de dudosa justificación social y económica. Finalmente, se propuso realizar un esfuerzo adicional en la racionalización de las estructuras administrativas del Estado.

Los trabajadores, por su parte, aportaron su actitud de moderación salarial. Concretamente, en el pacto se acordó un aumento inmediato de 15% a los salarios mínimos vigentes, extensivo a los salarios contractuales, y otro de 20%, exclusivo para los salarios mínimos, que entraría en vigor a partir del primero de enero de 1988.

La clave del acuerdo consistió en que, al concluir el primer bimestre de 1988, se determinarían con periodicidad mensual los nuevos aumentos salariales, de acuerdo con la evolución previsible del índice de precios de una canasta básica. Ésta se definiría con el concurso de todas las partes involucradas, y su evolución posterior estaría coordinada con la evolución de los salarios y los precios y las tarifas del sector público.

La solidaridad del sector campesino se manifestó en su aceptación de que los precios de garantía tendrían, durante 1988, el mismo valor real que durante 1987.

La aportación de los empresarios al pacto consistió en aceptar que se disminuyeran las barreras al comercio exterior, pues la liberalización comercial permite que la competencia externa obligue a una mayor disciplina en la fijación de los precios internos y, además, alienta en forma permanente y no artificial al sector exportador. En estas circunstancias, el pacto condujo a una racionalización de los apoyos a la exportación, lo cual, a su vez, tendrá un impacto favorable en las finanzas públicas.

En los últimos años se habían efectuado importantes avances en la sustitución de permisos de importación por aranceles. Se trata ahora de ahondar estas medidas. Los empresarios también acordaron amarrar los precios, a partir de marzo, al índice de inflación esperada, confiando en que con ello se liquidaría la inflación por expectativas.

En el Pacto de Solidaridad Económica quedó estipulado que la política cambiaria tiene que operar de manera que contribuya a disminuir las presiones inflacionarias, así como a mantener las condiciones de competitividad para la planta productiva nacional y a conservar la fortaleza de la balanza de pagos.

En el terreno de la política monetaria se acordó que habría diferentes etapas. Al principio, se aclaró, las tasas de interés nominales podrían subir, porque subiría la inflación. Posteriormente, y a medida que disminuyeran las necesidades de financiamiento del sector público, éste recurriría en menor grado al crédito, lo cual, aunado a la baja de la inflación, propiciará reducciones en las tasas de interés. En congruencia con la política antiinflacionaria, se aplicarán políticas crediticias restrictivas, tanto en la banca comercial como en la de desarrollo.

El centro del programa económico avalado por el pacto consistía en dar un golpe muy fuerte que permitiera el ajuste de los precios relativos, aunque propiciara el aumento de la inflación en diciembre, enero y febrero. Este ajuste era necesario para sanear las finanzas públicas. Después se trataría de contener el aumento de los precios por expectativas de inflación.

Aquí cabe enfatizar el gran peso que tiene el fenómeno inercial del proceso inflacionario, en el que los agentes económicos elevan sus precios rutinariamente, como forma de no salir perdiendo ante los demás, lo cual termina por convertir a la inflación misma en causa de más inflación. La gente lo percibe en el interminable proceso de reetiquetación de precios.

Por ello, aunque los recortes del gasto y del crédito bancario hagan insuficiente el dinero circulante para que todos sigan vendiendo sus productos más caros, el acuerdo evita desajustes en el crecimiento y el empleo y acorta, de forma muy significativa, el tiempo para controlar la inflación. De manera que la concertación y el acatamiento de los compromisos contraídos desempeñan un papel decisivo en el éxito del programa antiinflacionario.

Sin embargo, sigo estando convencido que el detonador de la inflación es el déficit público. Por ello creo que si el gasto público es más sano, si los precios no se desbordan -porque las mercancías externas los regulan-, si continúa la moderación salarial, debemos empezar a sentir a principios de marzo una baja en la inflación. Además, al estar saneadas las finanzas públicas, el gobierno recurrirá menos al crédito, lo que hará que bajen las tasas de interés, con el resultado de que, a su vez, disminuirán los gastos de financiamiento del gobierno y, por tanto, su déficit, pudiéndose así cambiar un círculo vicioso por uno virtuoso.

Las posibilidades de éxito de este pacto dependen de que todos cumplamos. Lograrlo será sumamente difícil. Para el gobierno, la disminución del gasto público y los recortes de personal van a significar una guerra interna tremenda. Habrá desánimo en todos los sectores, vamos a requerir mucho esfuerzo para salir adelante. Sólo en la medida en que estemos conscientes de ello tendremos alguna posibilidad de éxito.

Ahora pienso en la necesidad de que todos estimulemos el cumplimiento de este pacto. Para ello, habrá que concertar un esfuerzo de comunicación social que arranque en enero.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.