Iniciativas de ley: Asamblea de Representantes del Distrito Federal

"MES: ABRIL"

El 23 de abril, la Cámara de Diputados, tras 12 horas de debate, aprobó la iniciativa presidencial para la formación de una Asamblea de Representantes del Distrito Federal, enviada al Congreso de la Unión el 28 de diciembre de 1986.

La historia de este nuevo órgano arranca con el compromiso que adquirí, durante mi campaña electoral a la Presidencia de la República, de democratizar el gobierno capitalino. Fue la respuesta al ofrecimiento que en tal sentido hice en mi discurso de toma de posesión.

La demanda, aunque tenía cierto arraigo popular, era esencialmente una petición de los partidos de oposición, que deseaban nuevos espacios políticos. Por ello, siempre se acompañaba de la propuesta de darle una composición pluripartidista al Senado. Ambas cuestiones se plantearon muchas veces a lo largo de mi sexenio.

Por eso, cuando se determinó que el jefe del Departamento del Distrito Federal iría al Congreso el 29 de noviembre de 1985, yo le anticipé, dado que el tema había reverdecido con los sismos, que los partidos de oposición lo cuestionarían al respecto. Por lo mismo, le señalé que había que tener una posición clara en este asunto. Ello fue lo que le permitió ofrecer, en dicha ocasión, que se formaría un foro sobre renovación política y participación ciudadana en el Distrito Federal, en los meses de julio y agosto de 1986, para recoger las opiniones y sugerencias de los distintos grupos.

Al abrirnos sobre un tema tan difícil como éste, partíamos del supuesto de que iba a ser necesario realizar una reforma política, pero deseábamos medir hasta dónde la presión era real y hasta dónde era autoconstruida. Además, si bien estábamos dispuestos a escuchar y atender las demandas populares, no nos sentíamos en la obligación de satisfacer plena y cabalmente las solicitudes de los partidos de oposición. No se trataba de todo o nada. Se trataba de abrirnos, pero dentro de los límites de lo que estábamos capacitados a enfrentar. No podíamos, en aras de una imagen, perder el sentido de las proporciones.

Durante la consulta popular sobre la democratización del Distrito Federal, se hizo claro que los partidos de oposición no quedarían satisfechos con lo que podíamos ofrecer, pues ellos solicitaban la creación del estado del Valle de México

o estado de Anáhuac, con plena autonomía para que sus habitantes eligieran a su gobernador, a su Congreso local y a los presidentes de los municipios en que éste se dividiría. Esta propuesta era inaceptable, porque haría inmanejable la capital desde un punto de vista administrativo pero, sobre todo, porque crearía un desequilibrio en las relaciones de poder, al existir un supergobernador. El estado que pretendían crear en el Distrito Federal sería, por mucho, el más rico de la Federación, lo que no sólo desajustaría su relación con los otros estados, sino que crearía una figura que rivalizaría con el mismo Presidente de la República, lo cual sería grave, aunque perteneciera al mismo partido que el Presidente.

La consulta popular dio pie a un desfogue brutal de todos los partidos contra el PRI. En ocasiones también entre ellos se lanzaban ataques bastante sórdidos. Mi expectativa al respecto consistía en afinar el mapa de opiniones, para determinar dónde había coincidencias y dónde disidencias. Me encontraba dispuesto, en caso de que surgiera una propuesta razonable, a añadirla a mi proyecto.

Sin embargo, poco fue lo que salió de la consulta popular, a no ser por las catarsis personales de los miembros de la oposición, que con frecuencia recurrían al insulto o a la grosería, con el fin de desprestigiar al gobierno. Ello fue también reflejo del nivel lamentable en que había caído el diálogo dentro de la Cámara de Diputados.

La iniciativa para crear la Asamblea de Representantes del Distrito Federal me resultó satisfactoria, porque en ella logramos innovar, sin contar para ello con ningún precedente. Se apoya en dos ideas fundamentales: una gran desconcentración de las facultades del Departamento del Distrito Federal a sus delegaciones, y la posibilidad de una mayor participación ciudadana en el ámbito delegacional.

Llegar a esta propuesta implicó un largo camino, pues se presentaron divergencias técnicas significativas entre el Departamento del Distrito Federal y Gobernación. El problema consistió en determinar el catálogo de facultades que tendría la Asamblea. Destaca, por su importancia, la participación de la Asamblea en la formación del presupuesto del Distrito Federal, que fue limitada a la de supervisión y control, ya que, dada la magnitud de los recursos necesarios para atender los problemas del Distrito Federal, se hacía necesario que éstos se encuadraran en el presupuesto federal que revisa y aprueba el Congreso de la Unión.

Destaca también la posibilidad misma de establecer un Congreso local. La idea fue recogida por el Departamento del Distrito Federal, pero rechazada por una comisión del Congreso de la Unión, que señaló la importancia de mantener en este último organismo todas las facultades legislativas, ya que frecuentemente la legislación que se hace para el Distrito Federal es adoptada por toda la Federación.

Después de trabajar con Gobernación y el Departamento del Distrito Federal, y definida la tónica de la iniciativa, la discutí con el líder del Senado y con representantes de la Cámara de Diputados. La adecuamos y procedimos a convencer a los miembros del PRI de su conveniencia, porque aun para éstos resultaba dudosa.

Así, la Asamblea adquirió facultades de carácter normativo, ya que podía establecer reglamentos sobre más de 50 materias relacionadas con las actividades y problemas más importantes de la convivencia en la capital, tales como educación, salud, seguridad pública, vialidad, uso del suelo, servicios públicos de transporte, agua y drenaje, por ejemplo.

Se le otorgaron también atribuciones de supervisión y control de la administración del Distrito Federal. Sus miembros realizarán labores de consulta, promoción, gestoría y supervisión de los problemas de sus respectivos distritos, que hasta ese momento habían asumido los diputados.

Otra facultad que fue otorgada a la Asamblea es la de aprobar los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Federal que hace el Presidente de la República, función que hasta ese momento correspondía al Congreso de la Unión.

La Asamblea de Representantes crea una gran oportunidad para que las demandas ciudadanas encuentren el foro adecuado para ejercer la presión política necesaria para ser atendidas. Su funcionamiento dependerá de la capacidad de maniobra de los representantes. Tal vez por ello no sea la primera asamblea la que funcione plenamente, sino que habrá que esperar a la segunda o la tercera, pero ya queda ahí un instrumento importante.

Los partidos de izquierda, en su infantilismo, reconocen en privado que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal significa un gran avance, pero se niegan a declararlo públicamente.

La ciudadanía jamás tuvo demasiadas expectativas sobre este proceso, que más bien afectaba a los partidos políticos. Éstos, desde luego, se negaron a avalar la iniciativa, por lo que tuvo que ser aprobada por la mayoría priista. Sin embargo, creo que con eso cumplí con mi ofrecimiento de ampliar las posibilidades de participación democrática en el Distrito Federal.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.