Iglesia católica: búsqueda de mayor participación política

"MES: FEBRERO"

El 25 de febrero, los obispos de la Iglesia católica que están agrupados en la Conferencia Episcopal Mexicana publicaron un desplegado de prensa en el que manifestaron públicamente su inconformidad con el artículo 343 del nuevo Código Federal Electoral. Este artículo dispone una sanción de 500 a 1 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a todo aquel ministro de culto religioso que, por cualquier medio, influya en el electorado para votar a favor o en contra de un determinado partido o candidato, fomente la abstención o ejerza presión sobre los votantes.

Días después, me reuní con los obispos y les expliqué que dichas sanciones no formaban parte de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo, sino que habían sido propuestas por el PPS y el PST, y aprobadas una madrugada sin objeción de ningún partido.

Me dijeron que quedaban más tranquilos al saber que había sido un error, que por grave que fuera, no reflejaba una intención del Presidente de la República. Les confesé que no me había dado cuenta cuando pasó la modificación de ese artículo, pero les dije que, aun si me hubiera dado cuenta, no lo hubiera vetado, pues ello hubiera provocado una gran controversia que, sin duda, hubiera despertado de nuevo los ánimos de los jacobinos. Les dije, sin embargo, que estaba dispuesto a revisar este punto cuando se reformara de nuevo la ley electoral.

Añadí que era muy explicable que, ante la actitud de los obispos de Chihuahua, hayan surgido actitudes de este tipo entre ciertos miembros de los grupos políticos. Comenté que había leído el documento denominado “Talleres para la democracia” y que había encontrado en él frases intolerables para el gobierno, en las que se le acusaba de ser, entre otras cosas, corrupto y antidemocrático. Les hice ver que si ellos eran los que querían la reconciliación entre el Estado y la Iglesia, tenían que tratar de que el ambiente de agresividad provocado por el obispo de Chihuahua se modificara.

De cualquier forma, el texto final del artículo 343 es malo, porque resulta evidente que los sacerdotes continuarán interviniendo en política, y que nosotros no vamos a poder hacer nada al respecto. La legislación no cumplida es negativa para todos. No tenemos más alternativa que seguir dialogando, madurando y esperando un ambiente propicio para regularizar esta situación.

Sin embargo, los obispos no dejan de sorprenderme. Me volvieron a salir con que van a canonizar al padre Pro.* El delegado papal, Girolamo Prigione, que es el más político de todos, me preguntó qué pensaba al respecto. Le dije que era una provocación. Él contestó que ya había pasado mucho tiempo, y que no podíamos seguir atados a la historia. Le dije que era un caso muy controvertido, de manera que su canonización provocaría problemas y sólo serviría para deteriorar la relación entre el Estado y la Iglesia.

Me informaron que querían hacer pública su intención en noviembre de 1987. Les respondí que me parecía muy poco oportuno anunciarla en esa fecha, pues inevitablemente convertirían el asunto de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en un tema de la campaña política del próximo candidato a la Presidencia de la República. Entonces me preguntaron si sería conveniente proceder después de la campaña. Les respondí que tampoco lo era, pero que, en fin, sería menos malo.

*Miguel Agustín Pro Juárez fue un sacerdote católico fusilado sin juicio. Se le acusó de serel autor intelectual del intento de asesinato del presidente Álvaro Obregón ocurrido en noviembre de 1927 [N. del E.].

Ellos fingen ingenuidad, pero en realidad andan provocando, porque quieren, como lo han hecho evidente en todo el mundo, mayor participación política.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.