Situación económica: solicitud obrera de indización de precios

"MES: FEBRERO"

El 2 de febrero, el presidente del Congreso del Trabajo amenazó con un emplazamiento general a huelga para pedir que el ajuste de 23% que se otorgó a finales de año al salario mínimo se diera automáticamente a todos los salarios contractuales.

El secretario del Trabajo les hizo ver a los líderes obreros que esto no era posible, que los salarios mínimos y los contractuales son cosas diferentes, y que estos últimos tienen fechas específicas para su ajuste. Además, les recalcó que ellos ya sabían que las empresas no podían dar esos aumentos. Los dirigentes obreros reconocieron el hecho, pero señalaron que estaban haciendo su promoción con la esperanza de que algunas empresas accedieran a su petición.

El deseo de los trabajadores de que se indizara la economía se había expresado ya en varias ocasiones. Los incrementos constantes de los precios lo hacen entendible. El aumento de los precios oficiales también presiona en este sentido. Así, a mediados de 1986 se informó que los ajustes a los precios de las gasolinas comenzarían a ser automáticos cada mes, aunque luego no se volvió a hablar del asunto. Sin embargo, las tarifas eléctricas se incrementaron en esa forma desde antes. En noviembre del año pasado se anunció, asimismo, que el impuesto predial también se iría aumentando en forma frecuente y sistemática. De manera semejante, en diciembre se notificó que las tarifas aéreas empezarían a incrementarse diariamente en 0.15% a partir de enero de 1987.

La posición de mi administración en materia de precios y tarifas del sector público ha consistido en evitar el concepto técnico de indización, es decir, no aceptamos que los ajustes sean automáticos, aunque reconocemos que tenemos que ir adecuando los precios públicos y privados. Los precios públicos se ajustan para recuperar o mantener su valor; el tipo de cambio, en reconocimiento a la inflación; las tasas de interés, para retener el dinero en el país y, en cuanto a los salarios, mantenemos una política de gran contención salarial. Se trata, en todo caso, de una semiindización.

El ajuste frecuente y sistemático de precios y tarifas se coordina por medio de una comisión intersecretarial que, a su vez, coordina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todos los prestadores de servicios públicos solicitan aumentos ante esta comisión; ella dictamina y le presenta sus conclusiones al Presidente de la República. En la realidad, son Hacienda y Programación las que van configurando los esquemas de aumento de precios y tarifas.

El movimiento obrero insistía en la indización, y hablaba de que para proteger el salario real era necesario efectuar revisiones salariales mensuales. Nosotros nos oponíamos a esto, pues sabíamos que ello desbocaría la economía. Logramos un compromiso, señalando que cuando la inflación rebasara ciertos porcentajes, y no dijimos cuáles, se haría un ajuste salarial. Yo consideré que tendríamos que realizar uno en marzo o abril, porque el hecho es que sí queremos evitar el deterioro del salario real, que ya está muy golpeado, como se hace evidente en el descenso de los niveles de consumo.

Respecto al desarrollo de 1987, estudiamos políticas de contingencia, pero, en general, nos negamos a creer que no se arreglará el paquete financiero pactado con el exterior, porque de ser ése el caso, se tendrían que tomar medidas drásticas. En realidad, hay condiciones económicas positivas. Sin embargo, para lograr el crecimiento deseado para 1987, necesitamos que el sector privado cumpla la meta de invertir 15%, y que nosotros también aumentemos la inversión pública en términos reales a 15%. Ésa es nuestra meta y nos proponemos lograrla.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.