Negociaciones salariales: desempleo y salarios reales

"MES: DICIEMBRE"

El 10 de diciembre tuvo lugar una reunión interinstitucional, pues existía gran confusión respecto a la magnitud del desempleo en el país. Las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por una parte, y por el Congreso del Trabajo y el sector patronal, por la otra, presentaban grandes discrepancias. Mientras el primero hablaba de 50% de desempleo, los segundos lo evaluaban entre 14 y 18 por ciento.

En realidad resulta muy difícil, en las circunstancias en que nos encontramos, conocer las cifras reales del desempleo, sobre todo porque ha crecido de manera espectacular el subempleo. Además, las formas de medición del empleo también se han vuelto más imperfectas, ya que la gente dejó de registrar adecuadamente a los trabajadores en el Seguro Social o en alguna otra instancia administrativa. Sin embargo, lo que hay que reconocer es que en el segundo semestre de 1986 hubo un decrecimiento del empleo.

La magnitud del desempleo y la disminución de los salarios reales están provocando una situación muy difícil en el país. Cada día las tensiones se hacen mayores, porque el deterioro del salario real es enorme. Yo aprecié el crecimiento de esas tensiones tanto en declaraciones públicas como en las opiniones que me expresaron empresarios, líderes obreros y funcionarios gubernamentales. Estamos llegando a una situación crítica: la lumbre nos está llegando a los aparejos.

La posibilidad de aumentar el nivel del empleo o el salario real en el próximo año depende de cómo se mueva la economía, esto es, de si realmente logramos un crecimiento. En todo caso, sabemos que éste no ocurrirá sino hasta el segundo semestre de 1987. De cualquier forma, la reactivación económica permitirá el repunte del empleo, pero difícilmente hace previsible la recuperación del salario real; en todo caso, su demérito será menor.

Esto nos demuestra que la capacidad del Estado para redistribuir el ingreso por medio del salario y otros instrumentos como los impuestos, los subsidios o el gasto social, es mucho menor si hay estancamiento de la economía y peor todavía si hay decrecimiento. Por eso, hemos llegado a una situación en la que es indispensable volver a crecer, pues, en última instancia, el principal elemento de redistribución del ingreso es el empleo. Tenemos que reconocer que aunque la expansión de los servicios de salud, educación, vivienda o infraestructura física beneficia al conjunto de la sociedad, la mayoría de las prestaciones están relacionadas con el grupo que tiene empleo.

De manera que la situación de decrecimiento económico que hemos vivido este año limita tremendamente el margen de maniobra del gobierno para redistribuir el ingreso. Concretamente, tenemos que reconocer que esta crisis ha significado una redistribución negativa del ingreso.

La situación nos ha obligado a tratar de racionalizar los beneficios de la política social. Hemos actuado sobre el área de los subsidios, porque tal como existían no siempre beneficiaban a aquellas personas a quienes estaban destinados. Por tanto, hemos transferido los subsidios de los intermediarios a los consumidores. Un buen ejemplo de ello es el de la tortilla. Ahora, en lugar de subsidiar a los nixtamaleros, subsidiamos directamente a los consumidores de tortillas, mediante los bonos que se distribuyen a la población de las áreas marginadas.

Otro fenómeno igual es el de la leche rehidratada que manejamos por medio de la Conasupo. Sin embargo, vale la pena destacar que entre 1981, el momento de mayor auge de nuestra economía, y el año pasado, el nivel de subsidios de la Conasupo ha disminuido en 10 por ciento.

Ahora bien, ante la pérdida de su poder de compra, los trabajadores han tratado de ampliar su gama de prestaciones económicas y sociales. Esta medida me parece aceptable sólo de manera transitoria, pues encuentro en ella dos efectos negativos: en primer lugar, erosiona la base fiscal, puesto que estas prestaciones no están sujetas a impuestos. En segundo, quienes son capaces de conseguir estos beneficios forman parte de un grupo muy limitado de trabajadores que pertenecen a los grandes sindicatos.

También hemos actualizado y tratado de agilizar el proceso de toma de decisiones para fijar los salarios mínimos. Eliminamos las 67 subcomisiones regionales de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque jamás actuaron de manera autónoma, sino que se mantenían pendientes de las consignas obreras, empresariales y del gobierno, esto es, no eran más que un trámite ocioso que retrasaba las cosas.

La forma y la sustancia del último proceso de revisión de salarios mínimos, que nos condujo a fijar un aumento de emergencia el 20 de octubre, me demostraron que los líderes tanto de las organizaciones obreras como de las patronales tienen una actitud de colaboración. Esto es cierto a pesar de que, al final, los patrones fueron demasiado rígidos y centraron sus discusiones en décimas de puntos.

En resumen, puede decirse que los patrones quisieron dialogar directamente con los trabajadores, en tanto que los trabajadores querían la intervención del gobierno. La realidad es que la falta de práctica en el diálogo directo entre patrones y trabajadores es de tal magnitud que finalmente tienen que recurrir al gobierno, porque sus intentos no los conducen a ninguna parte. De cualquier forma, yo aprecié que, en general, el liderazgo empresarial es de menor calidad que el de los trabajadores.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.