Iniciativas de ley: reforma política

"MES: NOVIEMBRE"

EL 3 DE NOVIEMBRE ENVIÉ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS una iniciativa de reforma a los artículos 52, 53, 54, 56, 60 y 77 de la Constitución y una iniciativa de Código Electoral Federal para sustituir a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.

Desde el inicio de mi gobierno me comprometí a hacer una evaluación del avance de la reforma política de 1977. Este deseo de perfeccionar los procesos electorales se fue difiriendo por la complejidad de las circunstancias que en todo momento hemos tenido que enfrentar. Sin embargo, por razón de los tiempos políticos, en 1986 surgió la conciencia de que nos encontramos ante la última oportunidad de actuar en este terreno.

En julio y agosto realizamos audiencias públicas sobre renovación política electoral. A partir de ellas hicimos un balance de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Lo cierto es que la evolución política del electorado mexicano hacía necesario crear mecanismos más ágiles, flexibles y eficaces de participación política.

Para fortalecer el sistema mixto de representación y mitigar en términos de una proporcionalidad directa la sobrerrepresentación del PRI, modificamos el artículo 52 para elevar de 400 a 500 el número de miembros de la Cámara de Diputados; 300 elegidos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos uninominales, y los 200 restantes elegidos por el de representación pro porcional, mediante el sistema de listas regionales en circunscripciones plurinominales.

La iniciativa propone también modificaciones al artículo 54, para establecer que el partido mayoritario no podrá alcanzar más de 350 curules, lo que representa 70% del total de la diputación. Esto significa que a los partidos minoritarios les corresponderán, como mínimo, 150 diputaciones de representación proporcional o sea 30% de la integración total de la Cámara, en lugar del 25% en vigor.

Para asegurar el predominio de una mayoría efectiva capaz de gobernar, abrimos la posibilidad de que el PRI obtenga plazas de representación proporcional, lo que no sucedía antes, siempre que las diputaciones logradas por medio de los dos sistemas no sean más de 350. Ello baja la compulsión del PRI por ganar todas las curules de mayoría relativa, al tiempo que aumenta las oportunidades de representación de los partidos minoritarios.

El sistema favorece más al pluripartidismo que al bipartidismo, porque el reparto de las diputaciones plurinominales se hace mediante una fórmula que beneficia más a los partidos más pequeños.

En cuanto al Senado, se propuso la reforma al artículo 56, a fin de que, en lugar de que éste cambie totalmente cada seis años, haya una renovación de la mitad de sus integrantes cada tres, como estaba establecido en la Constitución de 1917 y como ocurre en otros países.

El cambio busca que el Senado se someta a una consulta electoral más frecuente y que dé a sus integrantes más frescura en la percepción de las demandas de la sociedad. La mayor frecuencia de las campañas para obtener posiciones en el Senado servirá también para darle más presencia a este órgano.

Por otro lado, este calendario permite la carrera permanente del legislador, quien podrá alternar sus puestos entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. Finalmente, ayudará a romper la idea de que el Senado es servil al Presidente de la República en turno, pues todo Presidente comenzará su gestión con diputados y senadores nombrados por el gobierno anterior.

Otro de los objetivos de la reforma política es buscar una participación más amplia de los partidos políticos en cada uno de los pasos del proceso electoral, esto es, desde la integración del padrón electoral hasta la calificación de las elecciones. Para ello se propuso una iniciativa de Código Federal Electoral, que contiene la reglamentación de la legislación en la materia y que sustituye a la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977.

También modificamos el artículo 60 constitucional, a fin de que todos los presuntos diputados y senadores participen en la integración del Colegio Electoral para la calificación de sus elecciones, en lugar de sólo 100 de ellos, como ocurría en ese momento.

Entre las propuestas del código se encuentra la adopción de un nuevo sistema de financiamiento público de los partidos políticos, según el cual el Estado les distribuirá recursos en proporción a su representatividad política. Aquí hay un avance, porque hasta ese momento la distribución de recursos se venía manejando en forma muy discrecional por la Secretaría de Gobernación.

Otra modificación importante fue la eliminación del registro condicionado de los partidos políticos, esto es, de aquellos que obtuvieran 1.5% o más en una votación, manteniendo el registro de afiliación con un mínimo de 65 000 ciudadanos repartidos en, cuando menos, la mitad de las entidades federativas. Ello se hizo para limitar la multiplicación de aquellos partidos que no tengan una verdadera representación y fortalecer así a los ya existentes.

El nuevo Código Electoral también introdujo cambios tendientes a mejorar el sistema para elaborar y actualizar el padrón electoral, entre los que destacan la descentralización de las funciones del Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores en comisiones estatales y comisiones distritales de vigilancia, y la ampliación de los plazos para que los ciudadanos y los partidos puedan solicitar la inclusión o exclusión de electores en dicho Comité.

El nuevo código también distingue las diferentes etapas en los procesos electorales, desde su inicio hasta su calificación, lo que le permite precisar las normas y procedimientos adecuados en cada una de ellas.

Otra de las innovaciones propuestas consistió en el establecimiento de procedimientos que permitan acortar los tiempos entre la elección y los cómputos.

Un aspecto fundamental fue la derogación del recurso de reclamación por supuestas violaciones electorales ante la Suprema Corte de Justicia y la creación, en su lugar, de un Tribunal de lo Contencioso Electoral, integrado por magistrados designados por el Congreso de la Unión a propuesta de los partidos políticos.

Ello significa la creación de un tribunal autónomo encargado de controlar los procesos electorales y de resolver sobre los recursos de apelación y queja, respecto tanto a la preparación como a la celebración de los comicios. Con ello se superaba la crítica de que la Comisión Federal Electoral actuaba a la vez como juez y parte.

Todos estos cambios representan, sin duda, avances reales en el perfeccionamiento del sistema electoral.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.