Relaciones entre México y Estados Unidos: Ley Simpson-Rodino

"MES: OCTUBRE"

El 8 de octubre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Inmigración promovido por el senador republicano Alan Simpson y por el diputado demócrata Peter Rodino.

Las partes centrales del proyecto eran el establecimiento de un sistema nacional de identificación ciudadana; la imposición de sanciones a patrones que emplearan trabajadores extranjeros sin registro legal o indocumentados; el otorgamiento de residencia temporal, con opción a hacerse permanente, a indocumentados con determinado tiempo de residencia en Estados Unidos; la regulación del programa de trabajadores huéspedes, y el reforzamiento de la patrulla fronteriza.

Después de haberse aprobado el proyecto de los legisladores el 8 de octubre, el 14 la Comisión Bicameral aprobó una versión que conciliaba enmiendas de las dos cámaras. Al día siguiente, fue aprobada por los diputados, y los senadores hicieron lo mismo el 17 de octubre, con lo que el proyecto pasó al presidente Ronald Reagan, quien finalmente lo firmó el 6 de noviembre.

La Ley Simpson-Rodino emergió en un contexto favorable para la aprobación de medidas restrictivas, pues la cuestión de la migración se ligó a otros dos aspectos considerados también riesgosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos: el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, el argumento central fue, como siempre, que los trabajadores mexicanos quitaban a los norteamericanos oportunidades de trabajo.

La verdad es que los norteamericanos realmente están preocupados por la enorme migración de mexicanos a su país, que ellos califican como la “pérdida de control de las fronteras”. Por ello, la aprobación de la Ley Simpson-Rodino se convirtió en una necesidad preelectoral, esto es, que su aprobación antes de noviembre, fecha en que se llevaría a cabo el proceso electoral para renovar parte del Senado y elegir algunos gobernadores, daba la oportunidad a los candidatos, sobre todo a los republicanos, de dar durante sus campañas gran peso a la acción del gobierno en torno a la “recuperación de las fronteras”.

En México, la aprobación de la Ley Simpson-Rodino desató una honda preocupación. En un primer momento, casi toda la opinión pública supuso que se iniciaría de inmediato una expulsión masiva de trabajadores mexicanos indocumentados, lo que representaría un grave problema para el país, especialmente por la situación crítica de la economía y las dificultades que pasamos para mantener los niveles de empleo.

En los estados fronterizos del norte se extendió una gran inquietud ante la posibilidad de que los expulsados, que se suponía serían cientos de miles, presionaran sus economías. Entre los comentaristas de prensa hubo quienes previeron caos en el norte y posibles desórdenes sociales en las regiones de donde habían salido tradicionalmente los braceros, al cerrarse lo que se consideraba como una válvula de escape. Además, la disminución en el ingreso de divisas al país que ello significaría también se consideraba grave.

Ante el temor a los efectos negativos que esta ley podría acarrear a México, las autoridades norteamericanas nos habían ofrecido mantener una estrecha comunicación y, sobre todo, no proceder de manera drástica, esto es, nos aseguraron que no habría deportaciones masivas.

Reconocido el derecho soberano de Estados Unidos a legislar en materia de migración y control de sus fronteras, las posibilidades de acción del gobierno mexicano se limitan a insistir en la necesidad de respetar los derechos sociales y humanos de los mexicanos en el extranjero y a tratar de minimizar el sufrimiento de nuestros compatriotas.

Así, el 21 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores giró instrucciones a los cónsules situados en la frontera y otras zonas de emigración en los Estados Unidos, para reforzar sus acciones de protección de los derechos de los indocumentados.

Además, como continuación de juntas iniciadas en 1983 con el mismo propósito, el 10 de diciembre los subsecretarios de Gobernación, Jorge Carrillo Olea; de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosenzweig Díaz, y de Trabajo, Emilio Lozoya, se reunieron con funcionarios de los gobiernos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Aunque ahí se advirtió que las reformas a la Ley de Inmigración no se aplicarían de inmediato, se discutieron posibilidades de alojamiento y empleo de los trabajadores nacionales que más adelante pudieran ser deportados por las autoridades estadounidenses.

En lo personal, no caí en una actitud alarmista ante esta ley, pues como lo había expresado con anterioridad, siempre he estado convencido de que, independientemente de las leyes que se expidan, la realidad manda. Con ello quiero decir que mientras la economía norteamericana requiera trabajadores mexicanos, la ley no será aplicada.

Además contaba yo con información que indicaba la resistencia de los gobernadores fronterizos norteamericanos, así como de los alcaldes y empleadores que supuestamente tenían a su cargo vigilar su cumplimiento.

Naturalmente, el ambiente antinorteamericano creció en México. La Ley Simpson-Rodino no fue considerada como un hecho aislado, sino como parte de una campaña concertada contra el país. Esto fue así, porque en el marco de la frecuente crítica a México, desatada por periodistas y funcionarios desde 1985, el presidente Reagan aprobó durante ese mes de octubre otras dos leyes que afectan a México. El día 17 se fijó un impuesto adicional de 11.7 centavos de dólar por cada barril de petróleo importado, y el 27 de octubre se aprobó la ley antinarcóticos que busca frenar la distribución masiva de drogas ilegales, la cual prevé que el Senado puede recomendar la aplicación de sanciones económicas específicas a México, si nuestro país no demuestra en el corto plazo avances significativos en la lucha contra el narcotráfico.

En mi opinión, la coincidencia en el mes de octubre de tres disposiciones norteamericanas que nos afectan negativamente fue fortuita y obedeció a que los Estados Unidos enfrentan problemas reales en esas áreas. La angustia que al gobierno norteamericano le significa la dimensión de la drogadicción entre su población es entendible; sin embargo, nunca creí que el Senado norteamericano impusiera sanciones económicas a México, porque ellos saben que hemos trabajado con seriedad.

Por otro lado, parecía evidente que tendríamos que pagar, al igual que los demás vendedores de petróleo, el impuesto de importación que pedían los norteamericanos para favorecer a sus propias compañías petroleras. Finalmente, el impuesto no se aprobó.

De cualquier forma, e independientemente de sus motivaciones, las disposiciones norteamericanas a que he hecho referencia afectaron e inquietaron profundamente a la opinión pública.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.