Elecciones: Chihuahua y Durango, visión distorsionada

"MES: JULIO"

El 6 de julio se realizaron los comicios para renovar la totalidad de los puestos de elección popular en los estados de Chihuahua y Durango, y para elegir gobernador y Congreso estatal tanto en Michoacán como en Zacatecas. En Baja California se votó para renovar las autoridades de los cuatro ayuntamientos y el Congreso del estado, mientras que en Campeche sólo se eligió Congreso local.

Sin embargo, el interés despertado por los comicios en Chihuahua rebasó con mucho la atención suscitada por la actividad electoral en los otros estados. Esta gran expectación se debió a que el aumento de la fuerza y representatividad del PAN, que en 1983 triunfó en los municipios más densamente poblados de la entidad, abría la posibilidad de que, por primera vez en la historia, el PAN alcanzara una gubernatura.

En 1983, el panismo prendió en Chihuahua como resultado de la interacción de varios factores. El primero fue que el PAN tenía un verdadero arraigo en la entidad. Baste recordar que en ese año su candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Chihuahua fue Luis H. Álvarez, quien desde 1958, cuando fue candidato del PAN a la Presidencia de la República, había mostrado su convicción y activismo.

Esta presencia real del panismo en el estado permitió a sus líderes capitalizar políticamente el descontento que produjo la crisis económica por la que atraviesa el país. Los errores del gobierno dieron pie a que los panistas calificaran al sistema de corrupto e ineficaz. La crítica fue alimentada por aquellos empresarios deseosos de vengar la nacionalización bancaria y por quienes sienten que existe una creciente y desmesurada participación del Estado en la vida económica.

La Iglesia también alentó las tendencias críticas, e incluso hizo proselitismo panista, porque deseaba la revisión de su estatus político, con todas las cuestiones anexas que esto implica, principalmente en el terreno educativo.

Todo ello dio resonancia y recursos al PAN. La victoria de 1983 y la perspectiva de una gubernatura en 1986 desataron la ambición de muchos. La preocupación fundamental del PAN dejó de ser la consecución política de “los valores morales trascendentes” y pasó a ser la búsqueda del triunfo electoral. Todos los métodos le parecieron válidos, incluso el de solicitar apoyo de los grupos norteamericanos más conservadores, como la Fundación Heritage.

Otro factor que favoreció el crecimiento del PAN en 1983 fue la abulia del gobernador Óscar Ornelas y la división interna del PRI estatal, que terminó por anular su acción.

En este contexto, nuestro primer paso, con miras a la elección de 1986, consistió en propiciar que el 19 de septiembre de 1985 el gobernador Ornelas pidiera al Congreso local una licencia por tiempo indefinido para dejar su cargo. Saúl González Herrera, quien a la fecha era tesorero general de la entidad, fue nombrado gobernador sustituto.

Además, tuvimos mucho cuidado al seleccionar al candidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua. Consideramos la personalidad y el desempeño de Fernando Baeza, José Ernesto Costemalle, Enrique Soto Izquierdo y del general Aguirre Ramos. Los dos finalistas fueron Costemalle y Baeza. Optamos por el último, por ser el de más arraigo en la entidad.

Baeza había sido secretario particular del gobernador Óscar Flores Sánchez hasta 1974 y más tarde presidente municipal de Delicias, su lugar de origen. Como funcionario federal, fue oficial mayor y subprocurador en la Procuraduría General de la República de 1976 a 1982, y a la sazón era diputado por el VI distrito de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez. El 20 de diciembre de 1985 se dio a conocer que el PRI lo favorecía y el 7 de enero fue nominado oficialmente.

Fernando Baeza anunció su intención de revitalizar al PRI en Chihuahua. Reconoció que el partido había llegado desorganizado a los comicios de 1983, sin capacitar debidamente a sus cuadros y, en muchas ocasiones, con candidatos impopulares entre los chihuahuenses.

Para corregir estas deficiencias, el CEN del PRI nombró cuatro delegados especiales para coordinar la reestructuración del partido y el trabajo de promoción política en el estado. Ello significó la renovación de dirigentes priistas locales, desde niveles seccionales hasta mandos superiores. Así, la selección de candidatos a presidentes municipales y diputados locales se llevó a cabo con gran cuidado y tomando en consideración la popularidad y el arraigo de los candidatos, más que su origen sectorial.

Finalmente, se hizo un esfuerzo de movilización titánico. Durante los siete meses que duró la campaña, 36 000 promotores, apoyados en las seccionales del partido, hicieron proselitismo a favor del PRI, al tiempo que los candidatos realizaban campañas exhaustivas y populares. Ésta fue la diferencia sustantiva con las elecciones de 1983. Aquéllas se caracterizaron por la inactividad del PRI y éstas por la gran movilización a que dieron lugar.

Por su parte, el PAN eligió, el 26 de enero, al entonces alcalde de Ciudad Juárez, Francisco Barrio, como su candidato a gobernador. Su campaña pregonó la necesidad de un cambio del sistema de gobierno del país. Atacó al PRI, a sus candidatos y al gobierno, responsabilizándolos de la crisis y de estar preparando un fraude electoral en su contra. Éste fue sin duda el punto central de su campaña.

El PAN centró sus esfuerzos en movilizar a sus simpatizantes contra las reformas electorales aprobadas. Se empeñaron en convencer a amplios grupos de la ciudadanía —y lo lograron— de que las elecciones serían fatalmente fraudulentas, soslayando con ello la responsabilidad de exponer sus programas de gobierno.

La violencia verbal de Barrio se sustentó en una mezcla irracional de religión y política. Algunas actitudes de Barrio fueron carismáticas precisamente por estar teñidas de un verdadero mesianismo. Barrio proyectó la imagen de que había sido elegido por Dios para salvar a Chihuahua del PRI o, más ampliamente, para modificar el curso de la historia de México. Tuvo arrastre, porque muchos lo veían como un hombre “iluminado”. Otros lo siguieron porque, habiendo caído en el nivel emotivo, dejaron que su malestar se tornara en odio al sistema político.

Esto polarizó a la sociedad chihuahuense. La división entre panistas y priistas se caracterizó por el encono y la rivalidad, creando un ambiente general de enfrentamiento.

Los empresarios se dividieron —la mitad con Baeza y la mitad con Barrio—, aunque los más importantes estuvieron con el PRI. La jerarquía eclesiástica, en cambio, se alió abiertamente con el PAN. Su activismo, que incluía juzgar durante las homilías la política electoral del gobierno, estuvo en clara contraposición con lo establecido en la Constitución. Tuvimos que ser muy tolerantes al respecto, pues de haber realizado acciones penales, podríamos haber provocado un gran conflicto religioso.

Nuestra verdadera respuesta fue la movilización priista. Durante la campaña, la parte más importante correspondió a Baeza, quien como candidato recibió el apoyo del PRI nacional, estatal y local, así como de los líderes y organizaciones aderidos al PRI. También recibió el apoyo del gobierno federal, que por medio de sus diferentes brazos ejecutivos realizó obras y acciones que permitieron realzar la candidatura de Baeza. Esto es usual, pues en México y en todos lados los gobiernos brindan apoyo y toman decisiones para favorecer a los candidatos del partido que los llevó al poder. Lo extraordinario fue la magnitud de la movilización.

En ese contexto, se dieron los conflictos normales cuando se interrelacionan tantos agentes. Los jalones surgieron en la selección de candidatos a presidentes municipales y diputados locales, pues dado el temor a perder las elecciones, no se respetaron las cuotas sectoriales, sino que se trató de escoger a los individuos más populares en cada localidad. Sin embargo, las negociaciones internas pudieron realizarse sin que se requiriera la intervención del Presidente de la República.

En la organización del proceso electoral como tal, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Federal Electoral y del Registro Nacional de Electores, fue la que más intervino, aunque también participaron el PRI nacional, estatal, municipal y seccional, así como el gobernador y el candidato.

Al iniciarse el mes de julio la tensión en Chihuahua había llegado a su clímax. Mientras los panistas insistían en denunciar los preparativos de un “gigantesco fraude” y anunciaban el envío a Chihuahua de un gran número de observadores para vigilar el proceso, entre ellos los 41 diputados federales de su partido, los priistas reiteraron su confianza en que recuperarían las posiciones perdidas en 1983 y rechazaron la presencia de observadores extranjeros promovida por el PAN.

Ante la expectativa de que habría violencia, el despliegue de la prensa nacional y extranjera fue extraordinario. Sin embargo, la jornada electoral transcurrió en orden y completa calma, aunque panistas y priistas se acusaron mutuamente de cometer un sinnúmero de irregularidades.

En la noche del 6 de julio, y con base en el recuento realizado con las actas recibidas por el PRI, el delegado general del partido en el estado, Manuel Gurría Ordóñez, informó que el PRI había recuperado los municipios perdidos en 1983 y triunfado en la elección para gobernador.

Al día siguiente, el coordinador de la fracción panista en el Congreso de la Unión, Jesús González Schmall, denunció ante la Comisión Permanente la supuesta supresión en el padrón de electores identificados con la oposición, el relleno de urnas antes de la votación, el tortuguismo premeditado en la votación y la desorganización calculada en la composición de las casillas.

Los diputados priistas Santiago Oñate y Fernando Ortiz Arana presentaron testimonios notariales sobre lo ocurrido en cerca de 200 casillas que, sostuvieron, refutaban los argumentos del PAN. Insistieron en que los panistas deberían acudir a las instancias electorales adecuadas, si es que tenían las pruebas suficientes para ello.

El hecho es que los resultados de las elecciones rebasaron nuestras expectativas más optimistas. El candidato priista obtuvo casi el doble de votos que el candidato panista y, con excepción de Nuevo Casas Grandes, que quedó en manos del PAN, y Gómez Farías, donde triunfó la coalición PPS-PST, al PRI le correspondieron el resto de los puestos de elección.

Yo mismo me quedé muy sorprendido por estos resultados. En realidad, meses antes le había manifestado al secretario de Gobernación y al presidente del PRI que yo veía conveniente, desde la óptica política, que el PRI perdiera algunos municipios.

Esta elección reveló que el PRI es un organismo vivo que, una vez que se echa a andar, no puede controlarse como si fuera una máquina. Iniciado el proceso, la capacidad de control del centro es relativa, pues cada municipio e incluso cada casilla se mueven solos. Ante la posibilidad de perder, el PRI mostró su verdadera capacidad de movilización y su voluntad de poder. Esto se tradujo en una mayor votación a favor del PRI, en tanto que el PAN conservó el mismo número de votantes.

En este contexto, resulta imposible garantizar que no hubo actos de distorsión de la votación. En todo caso, lo que se puede asegurar es que no hubo un proyecto coordinado en ese sentido, y que, como la alquimia electoral es cada vez más difícil de realizar, su influencia resulta mucho menos significativa en los resultados. No obstante, hay que entender que una tradición tan arraigada como ésta no se supera totalmente de un día para otro, sobre todo porque entran en juego niveles de intereses locales que buscan su propio beneficio.

La composición de cada casilla es diferente y quienes cometen fraude electoral lo hacen de manera clandestina, sin comunicárselo siquiera a sus compañeros de partido. La acción de estos “topos” es imposible de cuantificar.

Ahora bien, de lo que no hay duda es de que no hubo una voluntad centralizada de cometer fraude, de que se cuidó la elaboración adecuada del padrón electoral y de que acudió una enorme cantidad de observadores de la oposición e independientes a vigilar el proceso electoral. Por tanto, puede afirmarse que si se dieron irregularidades durante la elección, éstas no fueron significativas para los resultados.

El PAN nunca pudo comprobar la existencia de alquimia electoral. No obstante, los panistas se atrincheraron en la noción de que había habido un “fraude gigantesco”. Organizaron protestas públicas para solicitar la anulación de las elecciones, que tuvieron mucha resonancia, incluso en el ámbito internacional, porque de hecho los panistas en la entidad son muchos. De 650 000 votos emitidos, ellos recibieron aproximadamente 230 000.

Además, como sus simpatizantes conforman grupos que se identifican entre sí y cuya acción opositora los lleva a reunirse para organizarse, es natural que al platicar sólo entre ellos, lleguen a convencerse de que son mayoría. Esto es, como no se relacionan con otros grupos sociales, llegan a creer que todos piensan como ellos y, por tanto, que “todo el mundo” votó por el PAN.

Ahora bien, su beligerancia nos hizo daño, porque alimentó la incredulidad de los chihuahuenses respecto a la validez de las elecciones y reforzó la desconfianza generalizada en el país en torno a los procesos electorales. También afectó la credibilidad de México y del gobierno en el exterior.

El PAN ejerció presión de muchas maneras. Organizó manifestaciones, paros, actos de desobediencia civil, denuncias ante individuos y organismos extranjeros. Un elemento que ayudó a mantener vivo el ambiente de polarización post- electoral fue la huelga de hambre que sostuvieron Luis H. Álvarez y otros dos panistas entre el 30 de junio y el 16 de agosto. La posibilidad de que alguno de ellos, particularmente Luis H. Álvarez, falleciera durante la huelga representó un riesgo político muy alto, pues indiscutiblemente me hubieran responsabilizado de ello.

No obstante, yo no mandé ningún emisario directo a hablar con Álvarez, pues no podía entrar en un juego del que no sabía si me dejarían salir. Estoy seguro de que cualquier participación mía hubiera alentado a Álvarez a prolongar más su huelga de hambre, con la esperanza de convencerme de anular las elecciones.

Afortunadamente se movieron otros: Heberto Castillo, el clero, los mismos panistas e incluso Baeza le mandó un emisario. Lo importante fue que finalmente los huelguistas desistieron.

Otro episodio empezó el domingo 13 de julio, cuando los fieles que asistieron a las iglesias escucharon algo insólito: el anuncio de que el domingo 20 no se ofrecerían misas en ninguno de los templos del estado, como protesta “por los hechos vergonzosos de la jornada electoral del 6 de julio”. Esta decisión del episcopado chihuahuense provocó desconcierto y malestar entre muchos creyentes, pues a la mayoría de los católicos no les gusta que los sacerdotes se metan abiertamente en política. La prueba de esto es que el PRI recogió votos en Chihuahua, donde la mayoría, como en todo el país, es católica.

Además, la decisión de suspender el culto recordaba claramente la medida que en 1926 dio inicio a la guerra cristera. El desenlace fue que el sábado 19 el arzobispado de Chihuahua emitió un comunicado según el cual, por disposición del papa Juan Pablo II, se celebrarían las misas como de costumbre.

Esta orden fue transmitida al episcopado chihuahuense por el delegado papal Girolamo Prigione. Manuel Bartlett intervino de manera indirecta en este asunto, pues se entrevistó con los jerarcas católicos; les hizo ver la inconveniencia de una politización excesiva por parte del clero, y les recordó que todavía hay muchos jacobinos* en este país. Sin embargo, en ningún momento solicitó la intervención papal. Yo incluso dudo que Prigione pidiera instrucciones al Papa; más bien creo que emitió esta disposición en un acto de prudencia, y después de haber consultado con otros jerarcas.

Este incidente hizo apreciable que actualmente hay una menor disciplina interna dentro de la Iglesia mexicana que cuando existía un arzobispo primado de México, esto es, un primero entre pares. Al no haber nadie en esa situación, la Iglesia actúa de manera colegiada a través del episcopado, con las diferencias inevitables del caso.

Otro aspecto irritante de la actuación de los panistas fue que acudieron a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a la prensa norteamericana y ante senadores de aquel país, para denunciar las supuestas irregularidades en las elecciones de Chihuahua. Su acción tuvo impacto, pues hubo personalidades extranjeras, como el senador Dennis DeConcini, que recogieron las expresiones del PAN y las hicieron suyas. Ello fue preocupante, pues afectó negativamente la credibilidad del gobierno mexicano.

Por ello, durante mi visita a Washington, en el mes de agosto, acepté platicar con DeConcini. Cuando me habló del fraude en Chihuahua, le dije que el PAN no tenía pruebas de ello; cuando pidió mi intervención para anular las elecciones, le aclaré que ello implicaba violar las leyes estatales. Aproveché para decirle que si yo no podía intervenir, menos debía hacerlo él.

Mi conversación con DeConcini fue fácil, porque es un hombre de buenas maneras, pero no sirvió para nada, pues al día siguiente de que salí de Washington introdujo en el Senado norteamericano una resolución pidiendo que este órgano solicitara al presidente Reagan, y éste a mí, que asegurara la limpieza de los procesos electorales en México.

Después de haber conversado con DeConcini me arrepentí de haberle dado la entrevista, pues pensé que iba a ser negativo que ésa fuera la primera noticia que se tuviera en México de mi viaje a Washington. Sin embargo, la cosa salió bien, porque proyectó la imagen de que le salía al paso, esto es, que no temía hablar con él o enfrentármele. De cualquier forma, no es nada cómodo que nos estén imputando fraudes.

El ambiente previo y posterior a las elecciones estuvo muy cargado. Sin embargo, sólo en casos aislados la agresividad se convirtió en violencia. Los grupos críticos estaban conformados esencialmente por las clases medias y altas económicamente, aunque ya tenían prosélitos entre las clases bajas. En Ciudad Juárez, éste era el caso: existía entre la población una conciencia de protesta y de insatisfacción básica, la cual tendía a afirmarse, pues el gobierno no era capaz de satisfacer las demandas de la sociedad.

Lo emotivo de la contienda llevó a los panistas, después de la elección, a una actitud de “todo o nada”, que hizo imposible el diálogo. Su frustración ante la disparidad en la capacidad organizativa y en el manejo de recursos entre el PRI y el PAN hizo que les hirviera la sangre. Por eso, la única salida al malestar existente era el tiempo y el trabajo de Baeza. Éste empezó de inmediato a penetrar con bastante éxito al sector empresarial y a dialogar con todos los grupos de la sociedad.

Lo vivido en Chihuahua me llevó a reflexionar, o mejor dicho a tratar de imaginar, cómo podría ser la alternancia del poder en México. No pude lograrlo, porque los partidos de oposición en México proponen un cambio de sistema, pero sin aclarar cuáles serían sus objetivos concretos, sus énfasis o sus políticas.

Yo creo que si hubiera una alternancia entre el PRI y el PAN en el nivel estatal, y el PAN cumpliera sus promesas de cambios, se suscitarían conflictos importantes. Una administración panista pretendería modificar la forma de tenencia de la tierra, “sanear” las organizaciones sindicales, modificar las relaciones de éstas y el Estado, entre otras muchas cosas. Ello provocaría graves rupturas.

La otra opción es que el PAN, al llegar al poder, actuara en forma parecida a como lo hace el PRI. Considero que esto tiene más posibilidades de ocurrir, porque en el fondo no hay alternativa súbita a la cultura política existente. Dicho de otra manera, la alternancia de partidos en el poder no puede suponer una alternancia de culturas políticas y, por tanto, las modificaciones fundamentales tendrían que ser mínimas, o bien abrirían la posibilidad de rupturas violentas. Así que en México la alternancia de poder terminaría siendo tan intrascendente como lo es en Colombia, donde en el fondo da lo mismo ser conservador que liberal.

El problema de las elecciones en Durango fue totalmente distinto, pues en la capital de esa entidad sí hubo fraude. Al conocer la situación, Gobernación trató de que se anularan las elecciones de la ciudad de Durango, pero en un claro acto de insurrección, el Colegio Electoral se adelantó y determinó el triunfo del candidato priista. Esto ocurrió mientras el gobernador electo se hacía el desentendido. Así que en el caso de Durango enfrentamos un fenómeno diferente, importante, peligroso: el de la indisciplina.

Estos hechos dan una clara muestra de que el centralismo político, que algunos suponen hace omnipotente al Presidente de la República, es falso. Éstos son los límites reales del poder central. Vale también aclarar que el padrón electoral, que en muchas ocasiones es mencionado como el mecanismo e instrumento fundamental para la alquimia, no está tan centralizado como la gente cree, sino que depende del delegado estatal, quien desde luego tiene más lealtad al gobernador que a la Secretaría de Gobernación. Los candidatos siempre tienen la posibilidad de influir en esto.

José Ramírez Gamero fue el candidato priista a la gubernatura de Durango. Su nominación obedeció a que Fidel Velázquez me lo pidió. Ramírez Gamero era el coordinador de los senadores obreros. Para aceptarlo como candidato, puse como condición que don Fidel retirara al padre de éste, Margarito Ramírez, del liderazgo cetemista en Durango. Margarito Ramírez, además de tener mala fama, estaba enfrentado con su hijo. Fidel Velázquez, previendo lo que le iba a solicitar, ya había movido a Margarito Ramírez a Chihuahua. No obstante, yo exigí que renunciara a la CTM para nominar a su hijo, y don Fidel se encargó de que lo hiciera.

El cambio de generación no acerca a la CTM a la modernización de los procesos electorales. Sigue siendo el sector más reacio a los cambios en el PRI y, en esa medida, constituye su ala conservadora.

En Michoacán y Zacatecas, los candidatos priistas, Luis Martínez Villicaña y Genaro Borrego, triunfaron con muy amplios márgenes y en un ambiente de total tranquilidad. En esos estados el problema sigue siendo el abstencionismo.

El triunfo en Chihuahua alentó la combatividad de todos los priistas. La ola azul había sido vulnerada y el PRI había mostrado su capacidad de acción. Sólo los cuadros más sensibles mostraron preocupación por las críticas de fraude. Aun así, hay que reconocer que fue una victoria amarga, pues no logró convencer al país ni a los observadores extranjeros.

Los panistas, por su parte, quedaron desinflados, heridos y radicalizados. El costo de su derrota y del escándalo que organizaron para negar esta realidad seguramente abundará en su desprestigio.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.