Quiebra de la Fundidora de Monterrey

"MES: MAYO"

El 8 de mayo, la empresa siderúrgica paraestatal Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., fue declarada en estado de quiebra.

La Fundidora de Monterrey era la empresa siderúrgica más antigua de América Latina. Fundada por empresarios privados el 5 de mayo de 1900, constituyó un pilar importante de la industrialización del norte del país. Desde 1971 enfrentó graves problemas financieros, como resultado de la recesión económica por la que atravesaba el país y de la sobreexpansión de la empresa. Para preservar las fuentes de trabajo y apoyar el avance de la industrialización nacional, el gobierno federal capitalizó 300 millones de pesos de pasivos de la Fundidora por conducto de Nacional Financiera, con lo que pasó a ser dueño de 25% del capital social.

En 1976 y 1977, el gobierno le otorgó cuantiosos créditos a la empresa para evitar que se declarara en suspensión de pagos. En 1978, la deuda contraída con el gobierno volvió a ser capitalizada, lo cual convirtió a la Fundidora de Monterrey en una empresa de participación estatal mayoritaria. A partir de ese momento el gobierno se hizo cargo de la administración y la empresa pasó a formar parte del grupo Siderúrgica Mexicana, S.A., Sidermex. Al 31 de diciembre de 1985, el gobierno federal poseía 89% del total de las acciones de la empresa.

Ya como empresa de participación estatal, los serios problemas financieros de la Fundidora de Monterrey continuaron y se agravaron durante los años siguientes, a pesar de que sus pasivos se mantuvieron prácticamente constantes: 595 millones de dólares en 1978 y 622 millones de dólares en 1985. La crisis se agudizó notoriamente entre 1982 y 1986, debido, por un lado, a la baja de la demanda de los productos de acero al contraerse la inversión en el país y, por otro, a las dificultades para reducir los costos de operación.

Una parte del problema se originó en que, a lo largo de los años, el contrato colectivo de trabajo se fue tornando cada vez más desventajoso para la compañía, lo que trajo como consecuencia altos costos y baja productividad de la mano de obra.

Además, algunos departamentos de producción contaban con tecnologías y procesos productivos cada vez más obsoletos, lo cual también redundaba en costos crecientes. Efectivamente, comparando el trienio 1982-1985 con el de 19781981, puede observarse que la producción de acero líquido disminuyó 17%, y el volumen de productos terminados se redujo 24%. En esos años, los costos de producción y comercialización pasaron de 85% del valor de las ventas totales en 1978 a 98% en 1984 y 112% en 1985. Esto es, la empresa registraba pérdidas en sus operaciones de fabricación y venta, incluso sin considerar los gastos financieros correspondientes. Si a ello se añaden todas las implicaciones de la deuda, la empresa perdía 1.17 pesos por cada peso vendido.

Por estas causas, a partir de que el Estado se convirtió en accionista mayoritario de la Fundidora, las actividades de la empresa constituyeron una carga económica cada vez más pesada para el erario público. Los apoyos del gobierno totalizaron 52 700 millones de pesos entre 1978 y 1985, equivalentes a 50% del valor de la producción total de acero líquido producido por la empresa en el periodo.

Algo similar ocurría al mismo tiempo con la industria siderúrgica en el ámbito internacional. En 1982, catalogado como el peor año de la siderurgia en el mundo, la producción mundial cayó 14% respecto al nivel récord alcanzado tres años antes, y siguió decreciendo todavía durante 1983. En 1984 y 1985, la industria acerera mundial mostró sólo un ligero repunte. No obstante, 40% de la capacidad instalada de los países industrializados permaneció ociosa, y se suprimieron más de 600 000 plazas en Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Japón. Ante este panorama, las naciones industrializadas adoptaron medidas proteccionistas en el comercio internacional del acero.

Estos factores no dejaban de afectar el futuro de la industria siderúrgica mexicana en general, y de la Fundidora en particular, pues, por un lado, sus procesos productivos se tornaban relativamente obsoletos y costosos y, por otro, el exceso en el mundo de capacidad instalada y el proteccionismo de los demás países dificultaban la colocación de sus productos en los mercados internacionales.

En términos políticos, la quiebra de la Fundidora de Monterrey afectó las relaciones del gobierno con el movimiento obrero, pues si bien los obreros habían aceptado que las compañías privadas cerraran sus puertas en caso de quiebra, sentían que las empresas públicas representaban, en toda circunstancia y necesariamente, un seguro de empleo.

En este sentido, la quiebra de la Fundidora de Monterrey crea un precedente sano, pues demuestra que las empresas públicas que no tengan viabilidad económica también pueden ser liquidadas.

La declaración de quiebra de la Fundidora el 8 de mayo provocó intensas reacciones en la sociedad mexicana, pues los 8 800 trabajadores de la empresa perdían sus fuentes de ocupación precisamente en una de las regiones geográficas más azotadas por la crisis económica y el desempleo.

El cierre acarreaba, además, diversos trastornos indirectos, pues la decisión afectó a 36 empresas filiales; a aproximadamente 150 talleres maquiladores; a unos 500 proveedores, a quienes la Fundidora adeudaba cerca de 15 000 millones de pesos, y, en general, al comercio local, cuya clientela eran las familias de los trabajadores de la empresa.

En las conversaciones que los trabajadores sostuvieron con las autoridades federales en la semana siguiente, representantes de la SEMIP y del grupo Sidermex reiteraron el carácter definitivo del cierre de la Fundidora. No obstante, ofrecieron a los trabajadores, en presencia del gobernador Jorge Treviño y de la prensa, la posibilidad de analizar la reapertura del área de aceros planos si se llevaban a cabo modificaciones al contrato colectivo de trabajo existente.

Esta propuesta, enviada posteriormente por escrito al sindicato de mineros, fue rechazada de entrada por su dirigente, Napoleón Gómez Sada, quien la calificó de “abuso” por proponer cambios inaceptables al contrato colectivo. Como contrapropuesta, el líder sindical planteó la continuación de pláticas tendientes a evitar el cierre definitivo de la Fundidora de Monterrey.

Mientras tanto, en la ciudad de Monterrey se vivió un ambiente de tensión e intranquilidad social por frecuentes declaraciones, marchas y mítines para protestar por el cierre de la Fundidora. A los cuatro días de haberse declarado la quiebra, 6 000 trabajadores realizaron la primera marcha en demanda de la reapertura de la empresa. Tres días después se efectuó una segunda marcha de 30 000 personas en apoyo a los trabajadores de la empresa, que culminó en un plantón de tres horas en la explanada frente al Palacio de Gobierno. Una semana más tarde, 400 industriales y comerciantes recorrieron las calles de Monterrey en demanda del pago inmediato de sus adeudos. Las manifestaciones de protesta continuaron.

Entre tanto, trabajadores y autoridades sostuvieron innumerables conversaciones, en las que los primeros rechazaban el cierre de la empresa y las autoridades federales insistían en lo definitivo de la decisión. El 30 de mayo, el gobierno federal propuso a los trabajadores, por medio de las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en presencia del gobernador Jorge Treviño, un arreglo para poner fin al conflicto en los siguientes términos esenciales: el pago inmediato de la indemnización legal y 40 000 pesos mensuales de sueldo por un año para cada trabajador.

El éxito y la rapidez de la negociación con los trabajadores se logró gracias a la firmeza de la posición del gobierno, al apoyo que Fidel Velázquez nos dio durante todo el proceso de negociación y a que las indemnizaciones fueron superiores a las establecidas por la ley.

Todo esto significó un reto difícil para Alfredo del Mazo, quien apenas iniciaba su gestión en la SEMIP. Alfredo tiene ángel con don Fidel. Su éxito consiste en haber sacado adelante la negociación sin haber perdido la simpatía y el afecto del máximo líder de los trabajadores.

El proceso de la Fundidora culminó en el éxito, porque todos los funcionarios que intervinieron actuaron de manera concertada. Yo tuve el cuidado de reunirlos en mi oficina, a fin de planear conjuntamente la operación.

La comunidad empresarial de Nuevo León entendió el cierre de la Fundidora como un acto de firmeza del gobierno. Las razones, para ellos, eran obvias. No creo que la decisión haya generado resentimiento en este grupo, pues sentían que el subsidio a la Fundidora creaba una competencia desleal para HYLSA, que es una empresa de su grupo.

La decisión de cerrar la Fundidora se enmarca en un proyecto conjunto para la industria siderúrgica, que implica ajustes en Altos Hornos, posiblemente el cierre de algunas de sus empresas filiales y, sobre todo, la reestructuración del con- junto Lázaro Cárdenas-Las Truchas.

Yo creo que la empresa pública más conflictiva de todas es Sidermex, no solamente por sus problemas tecnológicos, sino por la situación mundial de la siderurgia. No somos competitivos en términos internacionales, y la verdad es que nos resultaría más barato comprar acero que producirlo. Pero, si adoptamos la política de cerrar todo aquéllo en lo que no somos competitivos, creo que podríamos terminar por cerrar el país.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.