Sismos: reacción gubernamental

"MES: OCTUBRE"

PASADOS LOS SISMOS, EL SOLO TRANSCURSO DE LOS DÍAS disminuyó la posibilidad de que la situación de emergencia se tornara violenta, potencialmente generadora de inestabilidad social.

Los grupos que podían representar un problema político para el gobierno se fueron definiendo. El más importante lo componían quienes se quedaron sin vivienda, divididos a su vez en dos: los habitantes de Tlatelolco y los de Tepito. También hubo que considerar la presión de los médicos afectados por el desalojo y el cierre de los hospitales General de México y Juárez, y el problema que representó el desamparo y las demandas de las costureras del área de San Antonio Abad. Sin embargo, antes de comentar cómo enfrentamos a estos grupos y sus problemas, conviene describir las acciones que tomamos al iniciar el mes de octubre para desahogar el ambiente de inquietud que se había formado.

La participación de un sector importante de la población en las labores de rescate y apoyo a los damnificados significó, sin lugar a dudas, una experiencia colectiva sorprendente y muy positiva. Sirvió para que todos revaloráramos la voluntad de ayuda mutua que, pese a su dimensión, todavía existe en la Ciudad de México. También demostró la capacidad de organización de una sociedad mayoritariamente joven.

Esta situación conmovedora y de excepción llevó a ciertos grupos intelectuales a cuestionarse, o mejor dicho a sentenciar, que las circunstancias obligaban a renovar las relaciones entre el gobierno y la sociedad, aunque sin explicar cómo, ni por qué. Su argumento se limitaba a señalar que esto era impostergable porque “la sociedad había rebasado al Estado”.

Desde el punto de vista del gobierno, lo deseable era conservar, durante la etapa de la reconstrucción, la valiosa voluntad de participación y de servicio mostrada por la sociedad. Para nosotros era importante recalcar que se necesitaba el apoyo de toda la sociedad ante la enormidad del reto. Lo que las circunstancias requerían, desde nuestro punto de vista, era dar un nuevo giro y un mayor énfasis al concepto que manejamos desde mi campaña presidencial: la participación democrática. Necesitábamos crear los foros adecuados para que todo aquel que quisiera participar encontrara la posibilidad de hacerlo, abriendo con ello los canales para que la sociedad pudiera vivir una catarsis.

Mi propuesta consistió en abrir el diálogo sobre todos los temas que en ese momento angustiaban a la gente, por medio de la Comisión Nacional de Reconstrucción que instalé, en presencia de todo mi gabinete y de aproximadamente 1 000 invitados que representaban a todos los sectores y actividades de la sociedad, el 9 de octubre en el patio del Museo Nacional de Antropología. En dicha ocasión, me esforcé por enmarcar el proyecto de reconstrucción dentro del ámbito más amplio de un movimiento de renovación nacional, ligando así el quehacer posterior al sismo con mi proyecto de gobierno.

La comisión se integró con seis comités de apoyo, que yo ofrecí presidir personalmente: el Comité de Reconstrucción del Área Metropolitana de la Ciudad de México; el Comité de Descentralización; el Comité de Asuntos Financieros; el Comité de Auxilio Social, con cuatro coordinaciones: salud, educación, empleo y vivienda; el Comité de Auxilio Internacional, y el Comité de Prevención de Seguridad Civil.

En todos los casos, los comités estarían integrados por miembros distinguidos de la sociedad, provenientes de distintas actividades y filiaciones políticas e ideológicas, y no por servidores públicos. Con ello pretendíamos abrir los canales de diálogo del gobierno, al tiempo que fomentábamos una mayor comunicación entre los miembros de la misma sociedad, que de hecho nunca dialogan entre sí.

Este ejercicio tenía por objeto facilitar el consenso en torno a las acciones que inevitablemente tendríamos que tomar. Ello no significa que se estuviera buscando, de manera específica, un nuevo equilibrio en la relación entre el gobierno y la sociedad, que, por cierto, siempre es cambiante. Nuestra voluntad de escuchar, y por tanto de formar los comités de la Comisión Nacional de Reconstrucción, tuvo por objetivo último incorporar al sistema a aquellas fuerzas que no hubiesen tenido acceso al marco institucional. En este sentido, no se trató de nada nuevo, sólo se aprovechó la apertura que provocó el sismo.

Los comités no se plantearon como excluyentes ni impidieron que el debate se diera en otras instituciones, como las universidades o los partidos. El Congreso de la Unión, que parecería el órgano más adecuado para analizar los distintos puntos de vista de la sociedad, resultó profundamente ineficiente, dados sus procedimientos asambleístas. Baste recordar que, al día siguiente del temblor, los diputados abrieron el tema a debate y se inscribieron 64 oradores. Naturalmente, cuando iban en la perorata veintitantos se dieron cuenta de lo grotesco de su procedimiento y lo suspendieron.

Desgraciadamente, los legisladores fueron incapaces de subdividir los temas para tratarlos en comités. La situación de desorganización del Congreso fue tal, que incluso tuve que insinuarle al líder de la mayoría priista que formara un Comité Pluripartidista de Reconstrucción, así como un Comité de Quejas. También le dije que me gustaría que los diputados propusieran iniciativas, y añadí que si lo requerían, podría mandarles algunos técnicos para que les ayudaran a elaborarlas. De cualquier forma, con diálogo en el Congreso o sin él, yo tuve que seguir actuando; por eso instalé la Comisión Nacional de Reconstrucción.

Un proceso que afortunadamente se desencadenó en esos días fue el de las aportaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción. Para estimularlo, yo mismo recibí muchos cheques, dedicando a ello días enteros y publicando la información en los periódicos, lo que convirtió la entrega de donativos en un acto con relieve político para los empresarios. Llegó el momento en que sentí que aportaban sus donativos como quien compra protección, esto es, para quedar bien con el gobierno y asegurar que, cuando fuese necesario, sus asuntos se atendieran con rapidez.

Algunos de los que trajeron dinero vinieron auténticamente acongojados, en tanto que otros cayeron en el cinismo. Ése fue el caso de los empresarios de la Volkswagen, quienes después de entregarme su donativo solicitaron que saliera en la prensa y aprovecharon para tratarme la problemática de su empresa. Me pareció una situación tan desagradable como si alguien aprovechara un pésame para tratar un negocio con los deudos. Sin embargo, tuve que aguantarme. ¡Todo sea en aras de la unidad nacional!

Nuestras acciones para fomentar el diálogo y fortalecer la unidad nacional fueron acompañadas, en todo momento, de un enorme esfuerzo cotidiano por restablecer los servicios básicos y resolver los problemas que impedían el funcionamiento normal de la ciudad. Al cumplirse un mes de ocurrido el sismo, la Comisión Metropolitana de Emergencia informó que, en lo referente al abasto de agua, se habían reparado 4.2 kilómetros de tuberías y seis fuentes de abastecimiento, y que se habían sellado 2 035 fugas, con lo que dicho servicio se normalizó en 95 por ciento.

En tanto se realizaban estas labores de reparación, tomamos medidas de emergencia para surtir de agua potable a la población. El DDF y la SARH comenzaron, a los dos días del sismo, a distribuir agua por medio de carros-cisterna o de envases diversos a más de 400 000 personas que carecían de ella. El envío solidario de 321 pipas procedentes de los estados circunvecinos facilitó y amplió la enorme labor.

La capacidad de acción y organización del gobierno fue enorme. Por ejemplo, la pérdida de más de 4 000 camas de hospital en sólo 90 segundos fue subsanada con medidas que optimizaron la capacidad de los servicios de salud que presta el gobierno. En fin, sin entrar en más detalles, sí resulta conveniente resaltar que las acciones del gobierno no fueron sólo de corte político, aunque la adopción de este tipo de medidas fue determinante. Tal vez sería más preciso decir que la estabilidad política pudo mantenerse porque se actuó con celeridad y eficiencia tanto en las áreas operativas como en relación con los problemas políticos.

El más apremiante, el que sentimos que podría provocar movilizaciones sociales si no lo atendíamos con toda prontitud fue el derivado del desamparo, la inquietud y la agresividad de quienes se quedaron sin vivienda. Algunos demandaban la identificación y el castigo de posibles responsables de construcciones defectuosas que al caer causaron la muerte de miles de personas, y exigían la consecuente indemnización a los deudos y afectados. Otros pedían la protección de la autoridad frente a caseros, sobre todo en vecindades con rentas congeladas, que querían aprovechar el forzado abandono de las viviendas para desalojar legalmente a los inquilinos. Otros más solicitaban peritajes confiables para saber si podían volver a sus viviendas. Muchos pedían ayuda para reconstruir.

La población damnificada se dirigía al gobierno en forma airada o respetuosa, pero siempre firme, para obtener respuesta al grave problema de la pérdida de su vivienda.

Esas demandas fueron expresadas por tres grupos principales de damnificados: los de las unidades habitacionales Nonoalco-Tlatelolco y Benito Juárez, administradas por el gobierno; los de colonias de clase media como la Roma, la Juárez, la Narvarte, la Condesa y aledañas, y los de barrios del México viejo, como Tepito, Peralvillo y las colonias Morelos y Guerrero, entre otros, donde habitan familias de escasos recursos y con gran arraigo en esas zonas.

En la Unidad Nonoalco-Tlatelolco se derrumbaron dos terceras partes del edificio Nuevo León y, según las primeras evaluaciones, de los 102 edificios del con- junto, 23 tendrían que ser desalojados. En total se estimaba que habían quedado inutilizados más de 3 000 departamentos. En el multifamiliar Juárez se produjeron severos derrumbes parciales en tres de los 19 edificios y los demás no ofrecían suficiente seguridad para ser ocupados nuevamente. En total, 745 departamentos quedaron inútiles.

En las colonias populares del México viejo ubicadas en el centro de la ciudad, a primera vista no se apreciaba la magnitud de los daños, pues allí no había derrumbes espectaculares, sino miles de casas, de por sí muy deterioradas, con grietas y derrumbes internos. Allí donde las vecindades tenían años de abandono y descuido se cayeron trabes, bardas y paredes. Muros y escaleras desprendidas colgaban inútiles o ya no conducían a ningún lado. Según estimaciones posteriores, más de 20 000 viviendas deberían ser derrumbadas o requerirían una reparación mayor.

En las colonias Roma, Condesa, Narvarte, Doctores, etc., varios edificios se cayeron y muchas viviendas sufrieron daños, algunos irreparables. La colonia Roma ofrecía el 19 de septiembre un panorama desolador.

Consciente de la gravedad de los daños sufridos por las viviendas en la capital, el 24 de septiembre me reuní con los secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto, y Desarrollo Urbano y Ecología, así como con el jefe del Departamento del Distrito Federal, con el objeto de afinar nuestra política de vivienda respecto a los damnificados.

En esta reunión se presentó un primer inventario de 9 146 viviendas inmediatamente disponibles. Posteriormente se agregaron 5 000 viviendas del Infonavit, disponibles en los siguientes tres meses. En la reunión, se puso especial atención en las acciones que se iban a realizar en las unidades habitacionales Nonoalco- Tlatelolco y Benito Juárez.

La realidad es que muy rápidamente nos dimos cuenta de que Tlatelolco se podía convertir en una bomba política, dada la capacidad de protesta de sus habitantes, que de tiempo atrás estaban organizados en una variedad de asociaciones políticas muy activas. Por ello autoricé, desde esa primera reunión de gabinete, que se indemnizara a las personas cuyos edificios estuvieran asegurados y se les dieran créditos blandos para adquirir las viviendas que ofrecían los organismos del Estado y la banca.

Lo más importante es que desde el primer momento establecimos los mecanismos para negociar cada caso por separado, pues preveíamos que los demandantes tratarían de lograr un convenio único, lo cual no sólo les favorecería en términos económicos, sino que crearía un frente político muy fuerte.

Dispuse que fuera la Sedue la que realizara las negociaciones pertinentes con los dueños de departamentos, inquilinos, habitantes de cuartos de azotea, locatarios y demás damnificados de Tlatelolco, pues el Fondo Nacional para la Habitación Popular, organismo encargado de la administración de esa unidad habitacional, estaba totalmente desprestigiado entre sus habitantes. Nuestra meta era negociar con quien fungiese como cabeza de cada edificio, pero tomando en consideración las diferencias de cada caso.

Empezó el proceso de negociación y, sin embargo, no fue posible evitar que el 27 de septiembre se encaminara a Los Pinos una manifestación relativamente grande. Pudimos detener el avance de los contingentes enviando gente de la Secretaría Particular a negociar con ellos. Los marchistas se detuvieron en Reforma, y sólo una comisión formada por sus líderes fue admitida en Los Pinos para dialogar.

Esta primera conversación fue bastante fructífera, pues se logró encaminar a los manifestantes a la Sedue. A partir de ese momento se iniciaron diversas entrevistas entre los líderes de los damnificados y las autoridades de la Sedue y de los organismos encargados de atender la demanda de vivienda.

A partir del primero de octubre se instalaron dos centros de atención a los damnificados, independientemente de que la posesión de la vivienda derivara de renta o propiedad. En realidad se ofrecieron a los damnificados cuatro opciones: recibir una nueva vivienda con el financiamiento correspondiente de los organismos del sector; comprar vivienda a terceros mediante créditos hipotecarios de la banca, del ISSSTE o del Infonavit; reparar su vivienda comprando, con líneas especiales de crédito, materiales a precios inferiores a los del mercado de mayoreo, o, para atender sobre todo a los pensionados o jubilados de escasos recursos, un mecanismo por el cual parte de los pagos de amortización de los créditos fuese cubierta por otro u otros miembros de la familia.

Creo que la estrategia de brindar soluciones concretas para quienes negociaron dentro de los marcos propuestos por el gobierno fue buena. Sin embargo, surgieron problemas porque el titular de la Sedue, Guillermo Carrillo Arena, trató con brusquedad a los damnificados. En sus negociaciones, según él mismo me dijo, presentó la cara dura, dejando al subsecretario Gabino Fraga la posición conciliadora. Este error, derivado de la incapacidad de Carrillo Arena de reconocer que se encontraba frente a un grupo de gente muy distinta de aquella con la que había negociado en experiencias anteriores, ya que en esta ocasión se trataba de un grupo altamente politizado, terminó por cerrar las instancias del diálogo dentro de Sedue.

Por ello, el 12 de octubre tuvo lugar una segunda marcha de tlatelolcas a Los Pinos. En esta ocasión, Cuauhtémoc Abarca, su líder, se identificó, cosa que no hizo en la ocasión anterior. Los damnificados exigieron verme, argumentando que era inaceptable que no los recibiera, habiendo ya recibido el día 2 a Plácido Domingo, el conocido cantante de ópera cuya colaboración en el rescate de víctimas del edificio Nuevo León fue muy distinguida y publicitada.

Accedí a verlos para evitar que el malestar creciera. La entrevista transcurrió en forma respetuosa y les concedí varias de las cosas que me pidieron, como indemnizaciones por mobiliario o por los automóviles destrozados dentro de Tlatelolco como consecuencia del sismo. Ello me permitió suavizarlos y enviarlos de nuevo a la Sedue.

La percepción de cuándo hay que recibir a un grupo y hasta dónde se puede ceder a sus peticiones ha fallado en algunos de mis colaboradores. Parecen encajonarse en las estrategias que hemos diseñado. Por ejemplo, en este caso, el que estuviéramos negociando por separado las demandas de los damnificados, a fin de desmantelar la base de los grupos de presión, no nos impedía recibirlos y hacer algunas concesiones. En política hay que saber llevar la rienda por los dos lados.

En fin, creo que el sentido de la oportunidad, que es vital en toda labor política, ha fallado en algunos de mis colaboradores, lo que ha hecho que todos los problemas le lleguen al Presidente.

De cualquier forma, la negociación con los damnificados de Tlatelolco fue avanzando. Cada día aumentaba el número de edificios en los que se llegaba a un acuerdo, por lo que se logró evitar que explotara la bomba.

Otra acción determinante para enfrentar el problema de quienes se quedaron sin vivienda en las áreas del México viejo fue la expropiación, el 11 de octubre, de cerca de 5 500 predios, con una superficie de 250 hectáreas, a fin de beneficiar a más de 180 000 habitantes de 111 colonias populares del Distrito Federal. Se trató de una expropiación sin precedente en nuestra historia y de una de las mayores concebible en una metrópoli.

Los inmuebles afectados por los sismos eran vecindades muy antiguas que no habían recibido mantenimiento, tanto porque los propietarios no tenían un rendimiento adecuado, por tratarse de inmuebles con rentas congeladas, como porque los inquilinos no tenían recursos para sostener sus viviendas. Lo determinante es que sus habitantes estaban profundamente arraigados en sus barrios y se resistían a ser movilizados. Esto hizo que su agresividad fuera en aumento.

De manera que la expropiación se hizo para contener a las masas dispuestas a salir a asaltar casas y almacenes. Mi consideración fundamental fue la necesidad imperiosa de mantener el orden social. Señalo esto, porque de inmediato la clase media acomodada y los sectores empresariales manifestaron su horror de que “no se hubiesen dejado libres las fuerzas del mercado”, como si esto fuera socialmente posible. De cualquier forma, estos grupos manifestaron que la expropiación inhibía “su confianza”.

Supe que los grupos más conservadores se estaban preparando para lanzar un fuerte ataque, por lo que decidí llamar el 6 de noviembre a Claudio X. González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para transmitir por su conducto algunas ideas a quienes norman el criterio de los empresarios. Le pregunté que cuál era el motivo de tanta irritación y me contestó que los empresarios estaban muy dolidos de que no se les hubiese consultado antes de tomar la decisión.

Entonces le dije irritado, porque me parece inaceptable que los empresarios piensen en el Presidente como si fuera uno de sus gerentes: “Hay razones de seguridad que yo no puedo informar a todos. Ésta fue una situación de emergencia: yo tenía que actuar, no que consultar. Soy el Jefe de la Nación y la iniciativa privada no me va a decir cómo gobernar”.

Después de guardar silencio, Claudio X. González me aclaró: “Es que el decreto es excesivo”.

—Sí, se nos pasó la mano —respondí—, y se debe a que la identificación de los predios quedó en manos de los delegados y los técnicos del Departamento del Distrito Federal. Por ello se expropiaron indebidamente predios en las colonias Roma, Narvarte y Cuauhtémoc. Pero no son más de 100 entre los 5 500 y lo vamos a corregir.

—No es posible seguir aceptando como argumento que haya errores de instrumentación —interpuso.

—Mira —le dije—, deja la ironía y el cinismo de tus comentarios. A mí no me digas que existe una sola empresa en la que no haya errores de instrumentación. ¿Cómo no va a haberlos en el gobierno, que es infinitamente más complejo?

Terminé la entrevista diciéndole: “Estoy actuando, y voy a seguir haciéndolo, porque en estas circunstancias me parecería mucho más grave no actuar”.

La realidad es que la expropiación fue benéfica para los damnificados del área, pero también para los propietarios que, de esta manera, se deshicieron de propiedades entrampadas.

Otro grupo social que se movilizó a raíz de problemas derivados del terremoto y que pudo llegar a representar un serio problema fue el de los médicos del Hospital General de México. Tanto este nosocomio como el Hospital Juárez y el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social sufrieron serios daños con el terremoto. Los dos últimos quedaron inutilizados, en tanto que de los 50 edificios del Hospital General sólo se cayeron el de Ginecobstetricia y la residencia médica.

El 3 de octubre, la Secretaría de Salud planeó la desconcentración del Hospital General, con la construcción de cuatro hospitales en el Distrito Federal y de cinco en las jurisdicciones de mayor densidad demográfica cercanas al Distrito Federal. Ello implicaba que las instalaciones del Hospital General que habían quedado en pie serían desalojadas y sus servicios abiertos en las nuevas edificaciones.

El 15 de octubre, los médicos y empleados del Hospital General manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se les asignara a diversos planteles, en lugar de que el personal se mantuviera unificado y en un lugar céntrico de la Ciudad de México. El 17 de octubre, como forma de presión para evitar su dispersión, empezaron a dar consultas al aire libre junto a las ruinas de lo que había sido su centro de trabajo. Con biombos y mantas improvisaron consultorios en los que atendían a pacientes.

Guillermo Soberón, secretario de Salud, insistía en que el Hospital General no era rehabilitable, por lo que la ocasión permitiría, si se consideraba también al personal del Hospital Juárez, la descentralización y desconcentración de unos 5 000 médicos. Soberón se movió para que su proposición fuera recogida por los médicos científicos, que son sus amigos, y no por los médicos burócratas, que eran quienes nos presentaban el problema. Por ello, no se dio cuenta de la dimensión que estaba cobrando el movimiento médico.

La verdad es que los médicos están organizados desde 1964, y que la coyuntura del sismo, que tenía a la sociedad tan agitada como estuvo en 1968, hacía una combinación explosiva. En todo este proceso yo tuve muy presente a Díaz Ordaz, para asegurarme de no caer, como él, en la tentación de reprimir.

El martes 22 de octubre, los médicos marcharon por segunda vez a Los Pinos. En esa ocasión decidí recibirlos, pues ya estaba convencido de que era necesario ceder a sus peticiones. Llegué a esta conclusión tras escuchar el peritaje final que los técnicos del Departamento del Distrito Federal realizaron al conjunto del Hospital General, compuesto por 50 edificios.

El ingeniero Francisco Noreña, a quien yo considero uno de los mejores técnicos en su campo, dictaminó el lunes 21 de octubre, o sea sólo un día antes de la manifestación, que 80% de los edificios del Hospital General eran rehabilitables. Ese mismo día se lo comuniqué a Soberón, pues el dictamen todavía no estaba por escrito, haciéndole ver que sin argumentos sólidos, no podríamos contener la presión de los médicos.

Soberón, que es muy listo, inmediatamente se dio cuenta de que la situación se le había volteado, y esa misma noche dio una conferencia de prensa, en la que anunció que sería reabierto el Hospital General. Pero el ambiente ya estaba muy caliente y los médicos insistían en que yo me manifestara al respecto.

La reunión que tuve con ellos la tarde del 22 de octubre resultó muy positiva: el decano de los médicos me solicitó, en forma muy emotiva, refiriéndose a la tradición y eficiencia del hospital, la permanencia de su centro de trabajo. Yo, tras conminarlos a corresponsabilizarse de la decisión, acordé que se reabriera el Hospital General. Con ello se desinfló el problema.

El 28 de octubre asistí a su reapertura, después de sólo 40 días de permanecer cerrado. Por lo pronto volvieron a funcionar los servicios de consulta externa y las aulas de docencia. La Secretaría de Salud informó que la rehabilitación total del hospital podía tomar unos 90 días. Se decidió reconstruir en el mismo lugar los edificios que se habían caído.

En cuanto al Hospital Juárez, la Secretaría de Salud tuvo que tomar una decisión idéntica, pues su planta médica secundó a la del Hospital General. Se ofreció que en 20 meses recuperaría su capacidad de servicio. Del Centro Médico Nacional del IMSS se decidió reconstruir sólo cuatro edificios, con una capacidad de 600 a 800 camas, de las 2 300 que tenía; las otras serán desconcentradas.

El tercer grupo que alcanzó relieve político fue el de las empleadas de los talleres y fábricas de confección de ropa ubicados en el centro de la ciudad, en el área de San Antonio Abad. Ahí, la concentración de empresas en un área limitada y el sobrepeso con el que los empresarios habían cargado los edificios en que laboraban, originalmente construidos para viviendas y no para albergar maquinaria y decenas de trabajadores, hicieron que los efectos del sismo fueran devastadores y causaran gran mortandad entre las trabajadoras. Además, la situación destapó grandes irregularidades en la situación laboral de dicha industria.

De inmediato, familiares de trabajadoras atrapadas y empleadas de talleres vecinos que no habían entrado a trabajar cuando ocurrió el sismo o que habían resultado ilesas, iniciaron el rescate de sus compañeras con la ayuda de voluntarios. En ese contexto, el lunes 24 de septiembre algunos empresarios llegaron a los lugares de trabajo con la intención de rescatar sus valores y maquinaria. Las trabajadoras sobrevivientes temieron que si los activos de las empresas eran sustraídos, no quedarían valores suficientes para que se les pagaran los adeudos derivados de sus derechos laborales. Así, se produjo frente a los talleres derruidos una dolorosa negociación. Al tiempo que se rescataban los restos de trabajadoras, se trataba de impedir que los dueños de las fábricas se llevaran la maquinaria.

Ante esta situación, empezaron a surgir las primeras formas espontáneas de organización, y el 25 de septiembre un grupo de costureras marchó al Palacio Legislativo en busca del apoyo y la protección de los diputados. El 5 de octubre, los familiares de las costureras atrapadas y de las trabajadoras sobrevivientes cerraron la circulación de la avenida San Antonio Abad para llamar la atención sobre sus necesidades, y establecieron allí un campamento permanente para los deudos que esperaban el rescate de los cuerpos de sus familiares.

Mientras tanto, algunos abogados llegaron a la zona y empezaron a encargarse de la defensa de los derechos laborales de las sobrevivientes y de los reclamos de indemnización para los deudos. En ese momento resultaba imposible determinar el número de costureras muertas o desempleadas, pero las estimaciones posteriores indican que había alrededor de 7 000 trabajadores directamente relacionados con la industria de la confección en esa área.

A medida que los medios de comunicación se acercaban a las costureras, salían a la luz las terribles condiciones de trabajo en las que operaba la industria en general, así como la casi total inexistencia de protección sindical. Se dijo que las costureras trabajaban jornadas de más de ocho horas diarias, pues se les pagaba a destajo, lo que las forzaba a cumplir con cargas de trabajo muy altas; que las sanciones por retardos y faltas eran muy rigurosas, y que, dado que había abundancia de mano de obra disponible, las amenazas de despido eran frecuentes y los salarios que se pagaban en muchas ocasiones eran inferiores al mínimo. También se supo que en muchos casos los empresarios sólo firmaban contratos por una semana, a fin de evitar registrar a sus trabajadoras en el Seguro Social.

Estas denuncias provocaron serios reclamos a las organizaciones obreras y a las autoridades del Trabajo. Se inició una serie de querellas y acciones entre la CTM, la CROC, la Secretaría del Trabajo, los empresarios, las trabajadoras, los partidos de oposición y algunos medios de comunicación.

El 11 de octubre se constituyó la Unión de Costureras en Lucha, que agrupó a trabajadoras de 15 fábricas afectadas. Ese mismo día, pedí a la secretaria general de la Federación Obrera de Organizaciones Femeniles de la CTM, Hilda Anderson, que gestionara los reclamos de las costureras. La líder cetemista se presentó el 14 de octubre en los campamentos levantados frente a las fábricas destruidas, donde fue recibida con manifestaciones de rechazo. Lo único que le solicitaron fue una audiencia conmigo.

El miércoles 16 de octubre se fundó la Organización de Costureras del Centro. En su primera reunión, a la que asistieron 600 trabajadoras de ocho talleres, acordaron marchar a Los Pinos, el siguiente viernes 22, para solicitar mi intervención.

Las recibí, pues era evidente que la gestoría de Hilda Anderson no estaba dando resultados, y que si no actuábamos con celeridad, los partidos de oposición tratarían de ganar ese terreno. Lo importante era mantener el diálogo abierto y ayudarlas a resolver sus problemas, para que sus organizaciones no fueran manipuladas por los opositores del Estado, pues su misma circunstancia las había convertido en el símbolo de la tragedia y la injusticia.

Las escuché, un tanto conmovido por su candor, y les ofrecí mi apoyo. Les expliqué que su problema se tenía que resolver en los términos de ley, y que la Secretaría del Trabajo era la encargada de cuidar sus derechos.

Le mandé avisar a Farell lo que estaba ocurriendo y se comprometió a ocuparse del asunto en forma inmediata. Su plan —al estilo Farell— consistía en encerrarse con ellas viernes, sábado y domingo, para asegurar que el lunes estuviese constituido un sindicato razonable.

De inmediato las mandó recoger, se las llevó a la Secretaría y no las quería dejar salir. Como éstas insistieron en la necesidad de ir a sus casas y de consultar con sus compañeras, las soltó con el compromiso de que se volvieran a reunir el domingo a las 12 de la mañana. Como a la hora citada no aparecieron, las mandó buscar, logró que se reunieran y constituyeran el sindicato. También logró que cada uno de los patrones participara en la negociación. En fin, ya puesto en sus manos, resolvió el problema con gran agilidad.

Fueron las circunstancias de crisis las que hicieron que los diversos grupos de presión que surgieron con el sismo invariablemente buscaran una entrevista conmigo. Es evidente el papel articulador y de válvula de escape que desempeña el Presidente de la República, pero también debe considerarse que este comportamiento estuvo influido por mi presencia recurrente en las áreas del desastre en los días posteriores al sismo.

Ello provocó que se magnificara la figura del Presidente de la República y que se opacara la de los secretarios, al tiempo que abrió, en forma extraordinaria, la sensación de accesibilidad y cercanía con la cúspide del poder. Finalmente, demostró que la cercanía que guardé con la gente durante mis recorridos por la ciudad en esos días me permitió conservar, en forma más expedita que los secretarios de Estado, ese sentido de la oportunidad que es determinante en la política: el de saber cuándo hay que ceder y en qué.

Estos hechos, los errores indiscutibles que se cometieron y las críticas que necesariamente surgieron en la sociedad pusieron muy nerviosos a mis colaboradores.

En general, creo que tuvieron una respuesta adecuada, aunque claro, cada uno a su estilo: unos son más imaginativos, activos o entregados que otros. Su común denominador, sin embargo, consiste en criticar lo que ellos no hacen. Sus celos en ocasiones son positivos, pues se refieren al deseo de que las instituciones a su cargo cumplan su cometido, pero frecuentemente son personales.

Indiscutiblemente, el sismo me dio la posibilidad de ver a mis colaboradores como realmente son. La crisis provocó, en ese sentido, un gran striptease.

Independientemente de los errores individuales, hubo faltas de coordinación graves. En este terreno hubo situaciones que yo calificaría de kafkianas. Tal fue el caso de la falta de comunicación entre las dependencias para resolver el problema de la reconstrucción de escuelas. Los hechos fueron los siguientes. El sismo dañó aproximadamente 1 000 edificios escolares, convirtiendo su reconstrucción en una prioridad nacional. Por ello, pedí a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto, Contraloría General de la Federación y Educación Pública, así como al jefe del Departamento del Distrito Federal, que se coordinaran a la brevedad para obtener del Fondo Nacional de Reconstrucción los recursos necesarios para crear un fondo revolvente, a fin de que el Departamento del Distrito Federal empezara de inmediato la reconstrucción de escuelas.

A mediados de octubre me di cuenta de que el Departamento del Distrito Federal no había actuado, porque no había recibido el dinero para ello. La situación me sublevó, por lo que decidí investigar dónde se había roto la cadena burocrática necesaria para lograr la consecución de la meta propuesta. Encontré que la Secretaría de Educación sí había pasado a tiempo la lista de prioridades al Departamento del Distrito Federal; que éste, con base en ella, había solicitado el dinero, pero que el Fondo no lo había entregado, porque no había recibido las especificaciones de cada uno de los edificios que se iban a reconstruir…

El 18 de octubre reuní a los funcionarios involucrados y les dije:

—Ésta es una reunión de métodos y procedimientos, porque así como soy Presidente de la República y jefe del Estado y del gobierno, soy también el primer burócrata del país.

Me querían interrumpir para darme sus explicaciones, pero yo no se los permití. Mandé llamar a Leonor Rojas, mi secretaria privada, y le dicté ahí mismo, en presencia de todos, un oficio para que me lo pasara a máquina. A ellos les añadí:

—Me da pena que el Presidente de la República se tenga que bajar a detalles, pero como seguramente soy muy oscuro en las órdenes verbales que les he dado, puesto que no son ustedes capaces de seguirlas, creo que de hoy en adelante tendré que darles órdenes por escrito, pues veo que ustedes no se hablan; que cada uno de ustedes quiere tener su feudo; que cada uno de ustedes quiere que la sociedad le reconozca que fue quien solucionó su problema. Por eso la gente dice que el gabinete no me hace caso, y tiene razón. De ahora en adelante les voy a dar órdenes por escrito y al que no me obedezca lo ceso. No voy a tolerar que ustedes actúen como jefes de sus respectivas burocracias frente al Presidente, en vez de asegurar que mis órdenes se cumplan frente a la burocracia.

Finalmente, desesperado, les pregunté: “¿No se dan cuenta de que si no reconstruimos rápidamente las escuelas, puede presentársenos en cualquier momento una manifestación de un millón de personas?”.

La falta de coordinación que esta situación reveló, así como la indiferencia de algunos funcionarios ante los problemas de la emergencia, me provocaron el enojo más grande que había sentido en el tiempo que he gobernado.

Esta ineficiencia gubernamental, aunada a los errores visibles como el del decreto expropiatorio, crearon un ambiente de crítica en el que ciertos grupos de la sociedad me pidieron abiertamente que cortara cabezas. Sin embargo, yo tengo que hacer de manera permanente un balance de los aciertos y los errores de los funcionarios de mi gobierno. Tengo que evaluar si son más sus errores o sus aciertos y tengo que estudiar las posibilidades de sustituir a cada uno de los miembros de mi gabinete. No puedo tomar medidas con base en la presión de la opinión pública, pues si esto ocurriera, la sociedad, y en particular ciertos grupos, encontrarían la medida a partir de la cual tratarían de derrocar a diversos funcionarios de mi gobierno.

Yo tengo que determinar dónde se encuentran los problemas y de dónde provienen las críticas y, con base en ello, tengo que hacer un balance en el que también debo considerar la capacidad de cada funcionario para librar batallas y recuperarse de las críticas. Lo que sí quiero dejar claro es que no creo en los chivos expiatorios. En todo caso, lo que debo hacer es vigilar más de cerca a mis secretarios.

No puedo negar que los errores o pleitos dentro de mi gabinete bajan mi nivel de tolerancia respecto a cada uno de ellos, sobre todo porque he podido comprobar que los errores no se deben a que el sistema no funcione. Existen los mecanismos adecuados para el diálogo, como son las juntas de gobierno, los consejos de administración y tantas otras instancias. El problema es que los miembros del gabinete no son capaces de dialogar entre ellos hasta el punto en que puedan presentarme disyuntivas viables; por ello caemos en simplismos y errores.

Mi conclusión al ver la forma en que enfrentamos los problemas del sismo, y ello sólo fue una magnificación de situaciones cotidianas, es que falta profesionalismo tanto entre los políticos como entre los funcionarios públicos. Las estructuras existen; los hombres todavía no están preparados para utilizarlas.

Ahora bien, la emergencia exacerbó los problemas de comunicación del gobierno, dando paso a la proliferación de rumores y de críticas, particularmente en la capital de la República. Aquí, grupos dirigentes censuraron la labor del gobierno, tanto por su capacidad de respuesta frente al sismo como por las medidas que se tomaron posteriormente.

Se criticó la persistencia de problemas políticos con los damnificados, los errores del decreto expropiatorio y la forma en que se pretendía solucionar los problemas de la vivienda. Es claro que la derecha representada por el PAN y la Coparmex está muy activa. Su objetivo es, como siempre, desprestigiar al gobierno, pues ellos buscan de manera explícita el cambio del sistema. Tenemos que entender que su actitud crítica sería la misma aunque no hubiera habido errores.

La ultraizquierda y la izquierda están tratando de agitar, apoyándose en las necesidades reales de los damnificados. Se han encargado de promover la organización de todos aquellos que simpaticen con los damnificados. Actúan, pero no se hacen responsables de los resultados. Cuando les hemos preguntado sobre su participación en determinado grupo que se encuentra en lucha, inmediatamente señalan que dentro de esos movimientos no están actuando como partido, que lo que ocurre es que algunos participantes notables pertenecen a sus partidos políticos, pero que no existe dentro de sus organizaciones la disciplina para controlarlos.

El caso más notable es la Coordinadora Única de Damnificados dirigida por Cuauhtémoc Abarca, quien sabemos que tiene ligas directas con el PSUM y el PRT. Sin embargo, éstos no se responsabilizan por lo que haga o diga Abarca. Éste tiene una base real de gente con demandas válidas, a quienes mueve, pero también mueve a los grupos de siempre, como la Preparatoria Popular, el Grupo Belvedee, el Grupo 2 de Octubre, etc. De tal manera que la mayor parte de los activistas que moviliza no son damnificados y, sin embargo, sus demandas sí tienen una base real.

El sismo no cambió las reglas del juego político, pero sí las concentró en el tiempo. Ello trajo un gran desgaste, una neurosis colectiva y provocó un alto riesgo político, lo cual exigió un trato más abierto y flexible con la sociedad. Al mismo tiempo, fue necesario permanecer muy alertas, para no permitir que se rebasara una determinada línea de negociación. Por ejemplo, yo no puedo permitir que Abarca se convierta en el líder máximo de los damnificados y desde ahí sea contestatario del Estado. Lo que hice fue recibirlo al mismo tiempo que tomaba medidas para minar su base de poder.

En fin, creo que si bien la atención de los damnificados por el sismo requirió una apertura por parte del Estado, es necesario evitar caer en una postura ingenua. De haberlo hecho, yo mismo me habría ahorcado y el fenómeno social del sismo nos hubiera arrasado.

Cuando comparo la problemática que me ha tocado enfrentar con la que vivieron mis antecesores, no siento que me haya ido peor, pues si bien las circunstancias son más difíciles, los instrumentos del Estado para resolverlos también son mejores. Yo creo que lo que más vale la pena destacar es que logramos atravesar una etapa tan conflictiva y revuelta como la del sismo y sus secuelas sin ninguna ruptura del orden social, y lo conseguimos sin recurrir en ningún momento a la represión.

En el fondo, me impresiona más la solución de los problemas que las críticas a mis colaboradores o al gobierno en general. En ese sentido, la reacción ante la grave prueba a la que estuvimos sometidos fue satisfactoria.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.