Elecciones: enfrentamiento entre el PRI y la oposición en el Colegio Electoral

"MES: AGOSTO"

EL COLEGIO ELECTORAL, QUE ES EL ÓRGANO PREVISTO POR LA LEY para calificar y sancionar los resultados de los comicios, sesionó del 15 al 30 de agosto. Participaron en él representantes de los nueve partidos involucrados. El PRI, como partido mayoritario, impuso en la presidencia a Píndaro Urióstegui. Tras él se encontraba Eliseo Mendoza Berrueto, quien fue elegido, el 5 de agosto, líder de la fracción priista de la Cámara de Diputados.

El desarrollo del Colegio Electoral abría la oportunidad para tratar de recuperar la credibilidad perdida en el proceso electoral. Por desgracia, la ocasión fue desaprovechada, pues no supimos adecuar suficientemente los procedimientos tradicionales a la nueva realidad de los partidos opositores, pero sobre todo a la de la sociedad, ahora más vigilante y crítica.

La agresividad de los partidos de oposición, dispuestos a magnificar cualquier incidente para desprestigiar al PRI y al gobierno, se hizo evidente desde las primeras sesiones. El sábado 17 de agosto, un error de procedimiento del presidente del Colegio Electoral suscitó un acalorado debate en la Cámara de Diputados.

Al día siguiente, el PAN, el PDM, el PSUM, el PMT y el PRT dirigieron un escrito a los miembros del Colegio Electoral solicitando el remplazo de Píndaro Urióstegui. Señalaron que éste no había sido capaz de mantener el orden y la buena marcha del organismo electoral. Esta solicitud causó tal revuelo en las galerías de la Cámara de Diputados, saturadas de disidentes, que se llegó a ordenar el desalojo del recinto. El hecho fue ampliamente comentado, pues desde 1926 sólo en una ocasión había sido necesario actuar de esa manera.

Todas las sesiones resultaron tensas y acaloradas, prolongándose con frecuencia más de 12 horas. A guisa de ejemplo, baste recordar que el miércoles 21, el PAN y el PSUM, en boca de Gonzalo Altamirano Dimas y Pablo Pascual Moncayo, respectivamente, tomaron la tribuna para acusar a la mayoría priista de un intento de cancelación del debate político sobre la calificación de los comicios, al negarse a recibir pruebas que demostraban hechos fraudulentos. En tono desmesurado y sentencioso, acusaron al PRI de haber envilecido el sistema político mexicano al consumar el mayor robo electoral de la historia de México.

Acusaciones como éstas fueron frecuentes y aunque los priistas pasaron a tribuna para defender los casos en cuestión, su capacidad de votar unánimemente, y con ello imponer su decisión, llevó a sus detractores a calificar al PRI como el partido aplanadora.

Lo novedoso no fue la forma en que actuó el PRI, ni tampoco el que se hayan intercambiado críticas e incluso insultos entre miembros de diferentes partidos políticos, sino la atención con que la sociedad siguió el proceso. Acciones que antes pasaban inadvertidas, ahora fueron motivo de escándalo.

Cabe reflexionar que la forma precipitada en que la sociedad descubrió que se encontraba sumida en una crisis económica la ha alertado. Esto es un reflejo de ello, como también lo es nuestra oferta de modernizar el proceso político mediante el ejercicio auténtico de una transparencia electoral. En ese contexto, pero sobre todo al evaluar su resultado en la opinión pública, hay que reconocer que hubo fallas en el manejo del Colegio Electoral.

Sin evadir mi responsabilidad, siento que las decisiones que tomé, y cuya bondad hoy cuestiono, estuvieron muy influidas por la forma en que se me presentaron las cosas. Por ejemplo, Eliseo Mendoza me trajo el caso de un distrito en Chiapas en el que, según los documentos que llegaron al Colegio Electoral, había votado a favor del PRI 92% del padrón electoral. Lo absurdo de la situación hacía evidente la alteración del proceso electoral, pues nadie puede creer que en un distrito rural de Chiapas vote un porcentaje tan alto, y menos aún que todos lo hagan a favor del PRI.

No obstante, el líder de la mayoría priista me insistió en que para la opinión mayoritaria dentro del partido, lo sustantivo era que el PRI había ganado, pues la oposición no tenía ninguna presencia en ese distrito. Por tanto, me sugirió, y yo lo aprobé, que se sacara adelante ese caso.

Ahora dudo que la decisión haya sido buena, pues tal vez hubiésemos ganado más al perder distritos como ésos, que en términos de poder no nos significan nada, pero que podrían servir para ejemplificar nuestra voluntad de combatir el fraude y, con ello, recuperar la credibilidad.

Para tomar decisiones tengo que apoyarme en mis colaboradores; en este caso, en el secretario de Gobernación y en el líder de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, de nuevo me asalta la duda sobre la medida en que ellos actúan como instrumentos del Presidente frente a determinados grupos, o como instrumentos de esos grupos políticos frente al Presidente. Reconozco que es legítimo y natural que mis colaboradores representen clientelas y burocracias que requieren, precisamente, representación. El problema es que yo tengo que evaluar su apreciación de la realidad, pues de otra manera estaría en sus manos y en las de sus clientelas, lo que nulificaría mi autoridad.

Para aclarar dudas de este tipo, que en realidad me surgen en muchas ocasiones, debo abrirme más a escuchar a quienes se encuentran abajo de mis colaboradores directos, para así tener conocimiento de otras percepciones y conservar mi sentido de discrecionalidad. Creo que en este caso me resultará benéfico escuchar la opinión de algunos diputados de mi confianza.

Como quiera que sea, lo evidente es que el proceso electoral estuvo mal defendido, tanto dentro de la Cámara de Diputados como fuera de ella. Resulta grotesco tanto alboroto para que, a final de cuentas, los casos cuestionables que el PAN amenaza con llevar a la Suprema Corte de Justicia sean sólo seis. En términos fríos, seis casos no representan nada para nosotros, y tal vez por imagen y prestigio hubiese sido más conveniente cederlos. De todos modos, lo que queda claro, y es el argumento que nosotros esgrimiremos, es que la gran mayoría de los casos de diputados priistas, 230, pasaron sin impugnación alguna.

Si el Colegio Electoral fue una muestra, queda claro que no será fácil la relación entre la fracción priista y la oposición en la LIII Legislatura. En ella habrá poco que legislar, por lo que su meollo será el debate político. Sabemos que los opositores tienen como meta última desprestigiar a cualquier costo el sistema y que, por ello, están dispuestos a demeritar el debate. Por lo mismo, a nosotros nos corresponde tratar de elevar su nivel. Siento que debo darles más tiempo a los legisladores, aunque claro, sin menoscabo de la confianza que tengo en el líder.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.