Situación económica: recrudecimiento de la crisis

"MES: JULIO"

El lunes 22 de julio, al inaugurar la II Reunión Nacional de la Banca, reconocí la existencia de un clima de preocupación y excesivo nerviosismo de los principales agentes económicos, como consecuencia de la evolución del proceso inflacionario; las desviaciones del déficit público; el debilitamiento de la balanza de pagos, en particular de la balanza comercial; la situación especulativa del mercado libre de cambios; las condiciones de inestabilidad y desorden en el mercado petrolero internacional, y los problemas que derivan de una situación económica internacional desfavorable en lo comercial y financiero.

Por ello, señalé que resultaba necesario añadir a las medidas que se habían tomado en los últimos meses otras más profundas y enérgicas. A fin de atacar a fondo los problemas, propuse abatir el crecimiento del gasto corriente mediante la reducción de estructuras del gobierno federal y del sector paraestatal, acelerar el proceso de sustitución de permisos previos de importación por aranceles, inducir un tipo de cambio flexible, mejorar la recaudación fiscal y fortalecer la intermediación financiera.

El dramatismo de estas medidas se hizo evidente dos días después, cuando los secretarios de Estado correspondientes anunciaron las disposiciones específicas para su ejecución. Esto es, la eliminación de 15 áreas con nivel de subsecretarías de Estado y coordinaciones generales, así como de 50 direcciones generales en distintas dependencias gubernamentales; la elevación en 20% del costo del dólar controlado; la eliminación del permiso de importación para 7 159 fracciones, o sea, para 61.4% de las importaciones totales del país; el reconocimiento de un mayor déficit público, y la reducción en 10% de mi sueldo, así como la congelación del sueldo y las prestaciones de los secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores y sus equivalentes en el sector paraestatal y la banca.

Anunciar estas medidas significó, en términos políticos, dar la cara por los errores que cometimos y que permitieron que la economía se desviara. En términos personales, el proceso de reconocer fallas que se hubieran podido evitar me resultó muy doloroso. Concluí, sin embargo, que la falla objetiva de nuestro sistema estriba en la carencia de los instrumentos de diagnóstico adecuados para detectar, de manera oportuna, los problemas que deben plantearse en la mesa del Presidente. Sin ellos, es difícil tomar las decisiones pertinentes. Nuestra única justificación es que se nos escaparon cosas porque estábamos frente a un proceso económico novedoso y desconocido.

Al hacer un análisis retrospectivo de lo ocurrido, resulta triste admitir que hasta aproximadamente septiembre de 1984, nuestro programa económico marchaba muy bien, lo que significa que no fue sino hasta el segundo semestre de ese año cuando perdimos el control del proceso económico. Creo que ello se debió a que confié demasiado en la racionalidad de mis secretarios de Estado y me equivoqué; vencieron su vanidad y sus temores.

Las diferencias entre Silva Herzog y Salinas comenzaron en junio de 1984, cuando el primero me expresó su preocupación por el impacto que el aumento de las tasas de interés externas tendría sobre nuestras metas económicas. Le pedí que platicara con Salinas, quien sostenía que contábamos con reservas presupuestales suficientes para absorber dicho impacto. Como no me trajeron el asunto de nuevo, supuse que se habían puesto de acuerdo.

El segundo episodio fue en octubre, cuando estábamos formulando el presupuesto para 1985. Ahí de nuevo Silva Herzog me expresó su preocupación porque el déficit anual y la inflación fueran mayores a lo presupuestado. Una vez más le pedí que hablara con Salinas, quien después de esa conversación acordó bajar en algo el presupuesto. Cuando posteriormente los interrogué, me dijeron que ya habían arreglado sus diferencias.

Sin embargo, desde ese mes de octubre el sector privado empezó a hacer críticas muy fuertes en el terreno económico. Yo sospeché que se trataba de una táctica preparatoria ante las próximas elecciones, cosa que Silva Herzog y Salinas me confirmaron, diciendo que la crítica del sector privado era sólo una maniobra política. Así, en noviembre, ante el Congreso de la Unión, los dos secretarios defendieron el paquete presupuestal para 1985.

En diciembre, la inquietud y las críticas de la iniciativa privada hicieron subir el barullo en torno a nuestro manejo de la economía. En enero, cuando empezamos a conocer las cifras, vimos que efectivamente la inflación y el déficit habían sido mayores a lo programado.

Para entonces, el sector privado ya estaba molesto, consciente de que el control de la economía se nos estaba saliendo de las manos. Tuvimos que enfrentar, además, las presiones que ejerció el Fondo Monetario Internacional para continuar su acuerdo con nosotros. Para colmo, a partir de enero se perfiló a la baja el precio del petróleo.

Sólo cuando todas estas cifras salieron a flote, Miguel Mancera me buscó para presentar un panorama de cataclismo y pedir medidas drásticas. De cualquier forma, le reclamé que teniendo acceso a mí, jamás me hubiera buscado para darme a conocer su punto de vista. Él se excusó diciendo que había querido actuar de una manera muy institucional, por lo que se había limitado a intentar influir sobre su cabeza de sector.

Enero fue un mes de sustos y reacomodos. Yo le pedí a los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto que ellos y sus técnicos confrontaran cifras y platicaran entre sí. Antes de partir a mi viaje a Yugoslavia y a la India, del 24 al 31 de enero, pedí al gabinete económico que tuviera lista, a mi regreso, una propuesta de las medidas que necesitábamos tomar. Insistí en que buscaran la forma de que realmente corrigiéramos el déficit, de que no continuáramos por el camino de las podas presupuestales insuficientes y, en fin, que buscáramos el cambio estructural.

Fue entonces cuando se decidieron las medidas que anuncié el 6 de febrero y que consistieron en la reducción del gasto público en 250 000 millones de pesos, la disminución del tamaño del sector público mediante la liquidación, venta, transferencia o fusión de 236 entidades públicas no prioritarias, cancelando y congelando 80 000 plazas, y la búsqueda de mecanismos que estimularan las exportaciones. Con ello pensamos que evitábamos el riesgo de una recaída en el proceso de la crisis, al tiempo que hacíamos frente a la disminución de 1.25 dólares en el precio internacional del barril del petróleo tipo Istmo, aceptada por México desde el 4 de febrero.

Sin que se hubiera discutido en este paquete, el Banco de México aumentó en la primera semana de marzo el deslizamiento del peso frente al dólar y subió las tasas de interés, lo que generó un gran malestar en el gabinete económico, pues sus miembros cuestionaron por qué Mancera, que interviene y opina en la política de gasto y en la política comercial, maneja en sigilo los instrumentos del Banco de México.

La falta de comunicación entre los encargados de ejecutar la política económica era evidente, aunque no el daño que ello significaba en el proceso de integración de información, análisis y toma de decisiones. Aun así, las decisiones se tomaron; el verdadero problema fue que no se ejecutaron eficazmente.

Después de las medidas de febrero, aparentemente todo el gabinete económico se tranquilizó, aunque al poco tiempo fue resultando que varios de sus miembros habían quedado insatisfechos. Los Dimex, instrumentos que diseñamos para liberalizar la importación de insumos extranjeros, fueron coartados y limitados en el afán de imponerlos por medio del consenso, con lo que a la postre resultaron insuficientemente agresivos. Peor aún, el proceso de su negociación enfrentó a unos secretarios con otros, dando lugar a recelos.

Como la inflación seguía sin ceder y los precios del petróleo amenazaban a la baja, en marzo redujimos en 150 000 millones de pesos más el presupuesto para 1985. Otro tanto tuvimos que hacer el 5 de junio, cuando anunciamos que el gasto público de junio a diciembre se contraería en 300 000 millones de pesos, que sumados a la reducción de 400 000 millones de pesos ya acordada, totalizarían 700 000 millones de pesos menos para 1985. El recorte del gasto se fue dando de manera escalonada porque cada vez que me presentaban el cálculo del déficit, éste resultaba mayor.

El mercado petrolero es muy incierto, porque los países miembros de la OPEP han estado vendiendo su petróleo por abajo de los precios acordados, creando una sobreoferta. Nosotros decidimos no entrar a ese juego, firmes en nuestra convicción de que lo único que puede salvar a los países productores de petróleo es su disciplina.

Como quiera que sea, fuimos víctimas del desorden del mercado. En mayo perdimos las ventas de 300 000 barriles diarios. Todo el gabinete económico quería que bajáramos los precios del petróleo, a fin de evitar la pérdida de ventas. No lo hicimos en espera de las resoluciones que habría de tomar la OPEP en Taif, Arabia Saudita. La junta estaba programada para el 2 de junio y Francisco Labastida conservaba alguna esperanza de que ahí se diese un paso estabilizador. Mario Ramón Beteta estaba más pesimista, pero tampoco quería precipitar una medida que presentara a México como esquirol de la OPEP.

La realidad es que para entonces la indisciplina de los miembros de la OPEP y la competencia abierta de los productores que no participan en el cartel hicieron que el mercado spot sustituyera al mercado contractual como parámetro de las cotizaciones del petróleo en el mundo. Ello llevó, el 10 de junio, al rey Fahd de Arabia Saudita a amenazar a los demás miembros de la OPEP, si persistía la indisciplina, con aumentar su producción para provocar que los precios mundiales del crudo cayeran. El panorama era aterrador.

Para precisar las decisiones en un asunto tan delicado, pedí a los directamente involucrados que discutieran la conveniencia de bajar el precio del petróleo en el seno del Consejo de Comercio Exterior del Petróleo, en el que participan los titulares de Pemex, SEMIP, Comercio, Hacienda y Banco de México. Sin embargo, resulta claro que tenían temor de tomar una medida sin que la aprobara el Presidente, sobre todo después del trauma que les dejó el pleito entre Díaz Serrano y Oteyza. Así que ni en mayo ni en junio se animaron a actuar, insistiendo en esperar los resultados de Taif.

El jueves 6 de junio, Labastida me informó en España que la junta no había cambiado nada y que México ya había perdido en junio la venta de 800 000 barriles diarios, por lo que había que ajustar los precios del crudo pesado sin la OPEP y sin Venezuela. En fin, que había llegado el momento de reconocer que la indisciplina de la OPEP nos desbordaba.

Sin embargo, en cuanto al crudo ligero, me pidió que esperáramos a que tuviera lugar, a finales de junio, otra reunión de la OPEP, pues todavía tenía la esperanza de que se lograra algún consenso.

Yo autoricé a Labastida a mover el precio del petróleo hasta en 1.75 dólares, si fuera necesario. El hecho es que el Cocep decidió moverlo en sólo 1.50 dólares, anunciando el 17 de junio que dicho precio se haría retroactivo al primero de junio.

Para ese momento ya se sabía en México que, además de la baja en el precio del petróleo, habíamos perdido mercado y, si a ello añadíamos el crecimiento del déficit y otros factores como la inflación, era evidente el porqué del clima de especulación. Desde que me fui a Europa sabía que la situación a mi regreso sería tremenda.

Debo reconocer que antes de comenzar mi viaje, Mancera quería acelerar de nuevo el desliz del peso frente al dólar; sin embargo, aun cuando se desató la especulación, no se animó a mover el tipo de cambio en ausencia del Presidente. Por mi parte, no puedo negar que en mi ánimo contó el proceso electoral. Teníamos encima las tan anticipadas y temidas elecciones del 7 de julio, en que habrían de votarse siete gubernaturas y la diputación federal.

En julio la situación económica no mejoró. En cuanto al precio del petróleo, la junta de la OPEP propuesta para finales de junio se retrasó al 5 de julio, y de todos modos no se llegó a ningún acuerdo. Por ello, el 10 de julio redujimos el precio del petróleo tipo Istmo en 1.24 dólares por barril, por lo que en el año su valor había descendido en 2.49 dólares. Asimismo, determinamos disminuir en 77 centavos de dólar el precio del crudo tipo Maya, que a su vez durante 1985 mostraba un deterioro de 2.27 dólares.

Junto a estas medidas hubo que tomar otras. El 8 de julio, el Banco de México informó, por medio del Diario Oficial, que el gobierno federal había determinado dejar fuera del control de cambios las divisas que se negocian en el mercado libre, con lo que su cotización se definiría por el mercado. Ello significó una devaluación inmediata de ese tipo de cambio del orden de 35%. Esta determinación se debió a que decidí no soltar las reservas monetarias del Banco de México, pues temí que, de venirse la avalancha, los especuladores nos pudieran vaciar.

Esta devaluación, que sólo tuvo efecto en 20% de las transacciones en divisas, afectó el ánimo y, por tanto, la confianza de la gente. El tipo de cambio preocupa mucho a la sociedad, ya que se toma como indicador del éxito o fracaso de todo el programa económico. Por ello, tras la devaluación, inmediatamente surgieron rumores absurdos como los que señalaban que se congelarían los depósitos bancarios o se abrirían las cajas de seguridad.

A pesar de ello, tuvimos que seguir actuando y, como medida complementaria a dejar que el dólar libre se cotizara de acuerdo con el mercado, el 19 de julio el Banco de México aumentó las tasas de interés bancario hasta el 66%. También en julio cerramos el flujo crediticio, lo que acabó con la liquidez de las empresas y paró en seco la economía, situación que naturalmente contribuyó al ambiente de malestar de los agentes económicos.

Estos ajustes en la política cambiaria y crediticia fueron la respuesta inmediata a los problemas generados por la especulación, cuya gravedad nos obligó a reconocer que no bastaba con atacar los síntomas del mal, sino que era necesario combatir las causas del problema. Con ese ánimo pedí a los titulares de Hacienda, Comercio y Programación y Presupuesto que se reunieran y prepararan el paquete de medidas fuertes que dimos a conocer a finales de julio, a las que ya he hecho referencia.

La reflexión nos lleva hoy a la conclusión de que el repetido aumento en las tasas de interés externas durante 1984 distorsionó nuestro presupuesto de egresos por dos razones. En primer lugar, porque nos obligó a aumentar, con el fin de evitar la fuga de capitales, nuestras tasas de interés internas, si bien éstas se determinan también por la inflación interna y por el ritmo de depreciación del tipo de cambio. En segundo lugar, porque acrecentó el costo del servicio de la deuda externa.

Por otro lado, nuestro presupuesto de ingresos también se vio afectado por la baja en el precio del petróleo, lo que disminuyó nuestra disponibilidad de divisas y deterioró nuestros ingresos fiscales. La razón por la que no se ajustó el presupuesto a tiempo fue, como ya indiqué, la falta de coordinación entre la Secretaría de Hacienda y la de Programación y Presupuesto.

En este sentido, fallaron no sólo sus titulares, sino todo el sistema de coordinación. Sus puntos de vista, de manera elemental, podrían sintetizarse señalando que mientras unos consideran que el problema se reduce a que no se pudo contener el gasto, los otros señalan que el déficit correspondió exclusivamente al gasto financiero, provocado por tasas de interés internas excesivamente altas.

Estos problemas de falta de coordinación estuvieron envueltos en un ambiente muy complejo en el que es difícil prever el movimiento de ciertos factores económicos. De hecho, hay que reconocer que estamos inmersos en un proceso deficitario-inflacionario que se alimenta a sí mismo. Por ejemplo, cubrir el déficit nos crea aumentos en la demanda de dinero del sector público, lo que nos obliga, para captar más dinero, a subir las tasas de interés internas, lo que hace que aumente el déficit público.

Otra trampa en la que parece que estamos apresados es la dependencia de nuestro aparato productivo de insumos importados, pues dada la diferencia en el porcentaje de inflación entre México y Estados Unidos, estamos obligados a deslizar la cotización del dólar, lo que nos hace cada vez más costosos en pesos esos bienes extranjeros, alimentando con ello nuestra inflación.

Pero junto a la dificultad de manejar instrumentos económicos de manera que se puedan romper los círculos viciosos que mantienen la inflación, nos topamos con el problema de detectar los movimientos de los factores económicos, sobre todo cuando éstos se comportan de manera inesperada. Tal fue el caso de la enorme actividad del sector privado desde el segundo semestre de 1984. Su inversión fue tanto más grande de lo que esperábamos, que no nos dimos cuenta de que el crecimiento del PIB pasaría del 1% estimado a 3.5% con el que concluyó el año.

Este crecimiento superó la capacidad de ahorro nacional para atender la demanda total de crédito, redujo la producción disponible para la exportación y acrecentó las importaciones, lo que contribuyó a la inflación y demeritó el superávit de la balanza de pagos.

La dificultad de detectar estos fenómenos en un plazo corto y la resistencia normal al cambio de cualquier estructura nos impidieron tomar medidas correctivas con la suficiente oportunidad. Sin embargo, en 1985, cuando se hizo evidente que las metas económicas para 1984 no se habían cumplido, a lo que se unió la baja en el precio del petróleo, comenzamos a actuar.

Las decisiones, como expliqué, se fueron haciendo más profundas a medida que fuimos descubriendo el verdadero nivel del déficit público. Sin embargo, la economía siguió creciendo a toda velocidad, por lo que a pesar de las medidas correctivas, las tendencias negativas continuaron. En julio, cuando decidimos cerrar el crédito para enfriar la economía, ya llevábamos un ritmo de crecimiento del 6% anual, lo que significa que aun cuando se parara en seco la economía, ya teníamos asegurado un nivel anual del 3 por ciento.

Este sistema de arrancones y enfrenones es muy malo. Pero por ahora no hay más alternativa que reconocer los errores y actuar. Confío en que los empresarios volverán a arrancar cuando enderecemos la economía, porque ellos siempre van a actuar cuando piensan que pueden hacer dinero.

Nuestras metas siguen siendo la reordenación económica y el cambio estructural. El combate contra la inflación, por desgastante que sea, sigue siendo nuestro objetivo central, pues en los niveles en que actualmente se encuentra, además de ser profundamente inequitativa, imposibilita el crecimiento económico. Naturalmente, tampoco deseo bajar la inflación a cualquier costo. Ubico esta meta hasta donde razonablemente se pueda conservar el equilibrio social. La pregunta es, precisamente, dónde está el parteaguas.

Las medidas de julio profundizaron las que habíamos tomado durante el primer semestre del año. La depuración del sector público resultó dolorosa y traumática, pero necesaria. Debemos continuarla si deseamos elevar la productividad del sector.

Sin embargo, la única medida de este paquete que significa un cambio estructural fue la sustitución de los permisos previos de importación por un sistema arancelario. Se hizo esto porque el viejo sistema había generado situaciones injustificadas de privilegio, perjudicando al consumidor y tolerando niveles bajos de productividad que desalientan las exportaciones. Además, este sistema evitó un abatimiento mayor de la inflación al propiciar esquemas oligopólicos, así como prácticas de corrupción pública y privada.

Tomé esta medida porque estoy convencido de que para salir de esos círculos viciosos es necesario cambiar las técnicas del proteccionismo. Al vincular de manera eficaz la actividad productiva del país a las corrientes comerciales y a los procesos de reconversión industrial que internacionalmente se están poniendo en práctica, estamos promoviendo la modernización necesaria de nuestra planta industrial, a fin de mejorar sus niveles de calidad y eficiencia para competir en los mercados del exterior. Esto nos coloca en una situación muy parecida a la que tienen los países miembros del GATT, sin tener sus beneficios.

Ello me ha llevado a considerar la necesidad de revisar a fondo la conveniencia de que México participe en ese foro, pues en realidad resulta difícil aumentar nuestras exportaciones si no entramos al club en el que se organizan todos los que exportan. Nuestra situación actual es más desventajosa que la de los miembros del GATT, pues tenemos que terminar haciendo arreglos bilaterales que nos imponen las mismas reglas de dureza a las que obliga el GATT, pero no nos dan ninguna de sus ventajas.

Volviendo al paso que ya dimos, hay que reconocer que creó dudas, pues significó entrar en tierra ignota, en la que el proteccionismo se dará por la combinación de dos factores: el monto del arancel y el tipo de cambio. Por lo pronto, los aranceles salieron con un buen margen.

Esta medida fue como taparse las narices y echarse al estanque sin saber cómo haremos para nadar. Actuar de manera gradual, como me lo habían pedido los industriales, era imposible ante el cambio de circunstancias y porque, además, el asunto de los Dimex había mostrado que en la búsqueda del consenso terminaríamos por tomar medidas insuficientes. Si nos ponemos a discutir cada arancel, no acabaremos nunca. Tomada la medida, debemos buscar mecanismos de diálogo y concertación con los afectados.

Todo esto ha creado un ambiente de incertidumbre, porque no sabemos cómo se van a mover las cosas. Lo importante, en este contexto, es mantener una actitud de apertura y de adaptación a circunstancias inesperadas. Todos me piden que les dé certeza económica, pero yo no se las puedo dar. Ello significa que nos mantendremos en el contexto de nuestro sistema político.

En realidad, en este proceso de la crisis hemos ido creando un marco político que no existía en diciembre de 1982. Entonces se hablaba frecuentemente de que estaba cerca la descomposición del orden social. Todavía a finales de 1983, la gran pregunta era por qué no había ocurrido una revuelta social.

Aunque ahora el ambiente es distinto, estamos en peligro constante de que ciertos factores económicos se salgan de nuestro control. Hay varios elementos que pueden convertirse en disparadores de una situación muy conflictiva, lo que hace que estemos viviendo un ambiente muy presionante.

Para sufrir un escalofrío, baste pensar en que suban las tasas de interés internacionales, baje el precio del petróleo o se venga un alza salarial importante. Hay factores por los que yo no puedo responder y, por tanto, no puedo dar la certeza económica que me piden.

La dificultad estriba en que tenemos que aprender a vivir en medio de esa incertidumbre. Para ello, debemos aprender a actuar con flexibilidad dentro del marco de principios que nos hemos propuesto, a fin de adaptarnos a circunstancias cambiantes e imprevistas.

Las medidas que anuncié el 22 de julio durante la II Reunión Nacional de la Banca fueron dramáticas. Tuvieron por objeto retomar el mando de la economía y, con ello, tranquilizar a la gente. Tratamos de cuidar su presentación para lograr ese objetivo. Yo las anuncié de manera general, dando la cara a los problemas y, dos días después, el miércoles 24, los secretarios de Hacienda, Programación y Comercio anunciaron en televisión, en una conferencia de prensa conjunta, las especificaciones que las medidas suponían.

Pensamos con cuidado en el escenario, para evitar que se diera la impresión de que se estaba anunciando la catástrofe nacional. Se acordó que los funcionarios estuvieran en una misma mesa, pero que para exponer su parte fueran pasando al podio uno por uno.

Las medidas no provocaron reacciones viscerales o escandalosas ni entre los empresarios ni entre los líderes obreros. No hubo declaraciones tajantes al respecto ni se publicaron desplegados. Lo que hubo fue un silencio preocupante.

Recabé opiniones aisladas que me desconcertaron y, a la postre, me resultaron poco convincentes. Así, el 30 de julio tuve una comida con Agustín Legorreta, Jorge Sánchez Mejorada, Antonio Ruiz Galindo, Fernando Aranguren, Alberto Bailleres y Pablo Deutz. Cuando llegué a casa de Legorreta, éste inmediatamente \me dijo que habían destapado una botella de champaña, porque consideraban que no habían visto tanta decisión desde el primero de diciembre de 1982.

Yo aproveché el ambiente positivo para decirles: "Ustedes tienen que ayudarme a colocar el 34% de las acciones bancarias". Cuando ellos me dijeron que éstas no tenían ninguna rentabilidad, ni les daban influencia en la toma de decisiones, les contesté:

—No deben verlo así, sino como una medida para buscar el equilibrio entre el sector público y el sector privado, porque lo que sí quiero dejarles claro es que, si al finalizar mi gobierno no se ha colocado el 34% de las acciones bancarias entre el sector privado, el próximo Presidente estará en una situación muy difícil, en la que es posible que cierre esta opción y, entonces sí, se rompa el equilibrio.

Si es difícil saber lo que realmente piensan los grandes empresarios, es casi imposible saber lo que piensan los medianos y pequeños. Para ellos, el tipo de cambio es el signo fundamental de lo que está pasando. Advierten que se devaluó y que se efectuó un corte burocrático, pero no se dan cuenta de que la medida más profunda que he tomado es la que refiere a la política comercial, pues es la única que significa un cambio estructural.

Supongo que si no ha habido reacciones airadas de las diferentes cámaras empresariales, es porque seguramente cada una de ellas está haciendo números para saber cómo le va a ir con los nuevos aranceles. Aquellos empresarios que sientan que no pueden sostener una situación competitiva, inmediatamente querrán irse sobre las cláusulas laborales. Sé que me van a pedir que intervenga, y yo les voy a decir que platiquen con su sindicato. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que, en esta coyuntura, los empresarios me echarán encima a los obreros.

Para conocer la reacción de mi gabinete, lo reuní el lunes 29 de julio. Quise tener con ellos la atención de explicarles lo que estaba pasando, a fin de hacerlos partícipes y pedirles su solidaridad y disciplina. Cuando iba a entrar a la reunión todavía no tenía claro lo que les diría, así que decidí dejar que primero hablaran ellos y se desfogaran.

La cosa salió bien, aunque en un momento dado tuve que decirles:

—Señores, lo que ustedes quieren es que yo les dé certidumbres y no se las puedo dar, porque no lo sé. Lo que sí puedo decirles es que estas medidas se to- man como resultado de nuestro fracaso relativo. No es un fracaso total, porque hemos logrado algo, pero es un fracaso, como lo prueba la necesidad de tomar medidas correctivas. Es muy duro que hable así, pero no puedo arriesgar mi credibilidad —sobre todo cuando la del gobierno es muy baja y se habla de vacío de autoridad— haciendo declaraciones tajantes y absurdas que no sé si serían apoyadas por los acontecimientos posteriores. Yo no puedo asegurar que ya no va a deslizarse el precio del petróleo o del dólar. No quiero caer en lo que ha hecho Alfonsín en Argentina, que dice que no se va a entender con el Fondo Monetario Internacional, para luego entenderse.

Durante la reunión, cuando estaban saliendo las dudas, Antonio Enríquez enfatizó que uno de los problemas era que los periodistas estaban manejando mucho el tema de la sucesión presidencial. Inmediatamente intervine señalando que quienes estaban promoviendo que eso ocurriera seguramente lo hacían por ingenuidad, porque les debía quedar claro que en los dos años que faltaban para la toma de esa decisión, podían cambiar muchas cosas y muchas personas. Añadí que, en mi experiencia, el camino para llegar a la Presidencia de la República no consistía en pedirle a los jefes de prensa que se dedicaran a deteriorar la imagen de los contrincantes.

En fin, habrá que ver qué tanto entienden de esto y qué tanto siguen actuando igual, aunque yo espero que esta conciencia de la crisis, y de la dificultad de salir de ella, cambie su modo de actuar.

Yo creo que Silva Herzog y Salinas van a cambiar, porque ambos están sufriendo las consecuencias de sus errores en su prestigio personal; tanto el público como sus colegas en el gabinete les reprochan el desorden económico. Por mi parte, les he dicho que no se vale que me propongan soluciones a medias como platillo para la decisión. Deben superar su temor a disentir en mi presencia presentándome sus diferencias en forma de opciones.

Mi malestar por su actuación se hizo público el 30 de julio, durante el consejo del Banco Nacional de Crédito Rural, cuando les dije que los funcionarios no deben trabajar en aras de sus parcelas de poder, sino en bien del conjunto del gobierno.

Julio fue un mes muy difícil. Primero hubo que reconocer cabalmente la magnitud del problema y luego tomar decisiones. Pero precisamente cuando me sentí rodeado de problemas, renové mi voluntad de cambio. Entonces me pareció evidente que cuando uno enfrenta muchos problemas a la vez, cada uno de ellos pierde dimensión y, por tanto, añadir uno más al conjunto tampoco es tan grave. En menos palabras, que las crisis son, paradójicamente, las verdaderas oportunidades para el cambio. Ello fue lo que me decidió a volver a plantear, precisamente en ese momento, la posible entrada de México al GATT.

En general, me siento tentado a ir más a fondo en las medidas que tomé. Me gustaría, por ejemplo, purgar la burocracia de las empresas paraestatales y, en fin, buscar dónde está la improductividad del gobierno y atacarla. También me gustaría arremeter contra otro tipo de problemas de fondo, como el de los empresarios en el área de transporte.

La gente está dispuesta al cambio, pero quiere la guía de una mano fuerte. Lo mismo ocurre con los secretarios de Estado, quienes me critican las áreas que no son suyas y me piden que actúe en ellas con mayor vigor. La realidad es que todos quieren cambios sin problemas, sin incertidumbres, y eso no es posible. Su petición, de cualquier forma, demuestra lo arraigado del autoritarismo y lo lejos que se encuentran de la democracia quienes no entienden que para que ésta exista, todos tenemos que desempeñar un papel.

Estos primeros meses de 1985 me han parecido los más difíciles de mi gobierno. A la inmadurez de la sociedad, que espera todas las soluciones de mí, he tenido que añadir las dificultades económicas, la presión del proceso electoral y la situación internacional. De hecho, las últimas semanas de julio y primeras de agosto me resultaron muy deprimentes, pues no pude evitar, al reconocer las fallas y errores de mi gobierno, caer en la autoflagelación.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.