Situación económica: ajuste de emergencia

"MES: FEBRERO"

El 6 de febrero se reconoció el riesgo de una recaída en la lucha por resolver la crisis económica, por lo que se acordó recortar el gasto público e iniciar la liquidación, transferencia o venta de empresas públicas no estratégicas ni prioritarias. Esto ocurrió a poco más de un mes de que el Congreso de la Unión hubiese aprobado el presupuesto de 1985.

Inicialmente se habló de reducir en 100 000 millones de pesos el gasto, pero el 17 de febrero se informó de manera oficial que la disminución sería de 250 000 millones de pesos e incluiría la cancelación de 80 000 empleos en el gobierno y la venta o liquidación de 236 empresas públicas. Este ajuste de emergencia fue la respuesta necesaria a las desviaciones del Programa Inmediato de Reordenación Económica que mostraron los resultados de 1984.

En 1984 no se cumplieron las metas financieras. Gastamos demasiado, lo que si bien nos permitió crecer 3.5% en lugar del 1% programado, también hizo que nuestro déficit pasara del 5.5% programado originalmente a 6.9%, y ello sin considerar la existencia de intereses devengados no pagados por casi otro 2%. Finalmente, la inflación descendió menos de lo que esperábamos, pues bajó de 80 a 60% y no a 40% como originalmente propusimos.

Por su parte, los diversos indicadores de empleo mostraron una tendencia a la recuperación; no obstante, el salario mínimo perdió poder adquisitivo, si bien en menor grado que en 1983.

Los factores anteriores, así como el que el índice inflacionario de enero de 1985 haya alcanzado 7.4% y el precio del petróleo haya descendido, afectándonos en alrededor de 300 millones de dólares anuales, hicieron indispensable aplicar medidas drásticas que nos permitan abatir la inflación. Ésa sigue siendo nuestra meta, pues estoy convencido de que es la única forma de garantizar un proceso de mejora, gradual pero firme, en el poder adquisitivo de los salarios, el mantenimiento de la recuperación económica y la generación de empleos.

El ajuste no representó un cambio de fondo; sólo fue un cambio en la forma de instrumentar las decisiones. En otras palabras, significó que se hicieran las cosas que yo había ordenado y que no se habían hecho. Esto es cierto, pues desde que vinieron las alzas en las tasas de interés norteamericanas en el primer trimestre de 1984, pedí al gabinete económico que tomara las medidas necesarias para asegurar que el déficit anual no excediera de 6.5%. Sin embargo, cuando en octubre me informaron sobre el estado de la economía, la situación ya estaba desbordada.

No tomé medidas en ese momento, porque la diferencia de criterios y métodos de trabajo de la SPP y la SHCP me impidió conocer, hasta enero de 1985, la magnitud de la desviación.

Las causas pueden encontrarse en el ascenso de las tasas de interés internacionales, en las severas presiones internas sobre el gasto público o en el desorden financiero de las empresas públicas. Desgraciadamente, también influyó la falta de coordinación entre el secretario de Hacienda y Crédito Público y el de Programación y Presupuesto, lo que entorpeció la ejecución de las decisiones tomadas.

Al evaluar la situación económica de 1984, les pregunté irritado a los miembros del gabinete económico: “Díganme si la situación que enfrentamos se debe a la falta de decisiones de mi parte, o bien si las decisiones que he tomado son equivocadas”. Después de tragar saliva, los ejecutores de mi política económica no tuvieron más remedio que aceptar que ni faltaban decisiones ni eran éstas equivocadas; que lo que faltaba era que las cumplieran.

Los desacuerdos entre Silva Herzog y Salinas obedecen a la falta de coincidencia en criterios, a la desorganización en el trabajo y a problemas temperamentales y emotivos. El hecho es que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en qué es el déficit. Discuten, según el caso, si debe manejarse el déficit contable, el déficit presupuestal, el déficit fiscal o el déficit económico.

Lo grave es que no pueden ajustar su forma de trabajo para presentarme propuestas alternativas de acción. Lo que ha ocurrido es que cuando me presentan en forma conjunta una opción, la apruebo creyendo que están cubiertos los intereses de ambos lados. Sin embargo, resulta que luego me viene a ver Silva Herzog para decirme que no hay dinero suficiente para lograr lo acordado. De nuevo los llamo y les pido que se pongan de acuerdo, y de nuevo empieza el círculo.

Para fomentar el diálogo entre ellos he decidido reunirlos mensualmente en la Comisión de Gasto-Financiamiento, haciéndoles ver la necesidad de que establezcan una comunicación más eficaz entre sí. Pero el problema es que no basta con que los secretarios platiquen; lo que se necesita es que sus equipos hagan un seguimiento adecuado de sus acuerdos. En realidad, mis expectativas de que Silva Herzog y Salinas se entiendan son relativas, lo que me obliga a reconocer, con desencanto, que tengo que llevarles la rienda más corta y resolver los problemas que ellos no solucionan.

El significado que en términos económicos tiene el monto del recorte presupuestal sólo permite afirmar que, por lo pronto, estamos en la plataforma adecuada para no sobrepasar el déficit presupuestado, lo que no asegura nada, pues para cumplir la meta se requiere disciplina presupuestal, entre muchos otros factores.

En términos políticos, el recorte provoca irritación y malestar entre los funcionarios y sus clientelas, ya que todos piensan que el trabajo que realizan es fundamental y que el recorte debe darse “en los bueyes del compadre”.

En términos externos, la iniciativa privada opinó que la medida es positiva, pues deja ver que al tercer año de gobierno nos seguimos ajustando a la política económica que propusimos desde el inicio. Sin embargo, se expresaron dudas, que yo comparto, sobre la capacidad de ejecución del gobierno. Para fortalecer nuestra credibilidad, no basta con anunciar programas; es necesario mostrar resultados.

Por otro lado, el anuncio de la venta de empresas paraestatales causó una tormenta entre los periodistas y los partidos de izquierda. Su crítica, apasionada y emotiva, calificó la medida de reaccionaria, reprivatizadora y desnacionalizadora pues, según ellos, implica el abandono de la rectoría económica del Estado.

Esta respuesta, más ideológica que racional, era previsible, pues la venta de empresas paraestatales rompe la tendencia expansionista del Estado propuesta desde la Constitución de 1917 y justificada por los regímenes posrevolucionarios como un mecanismo promotor y regulador de la economía, orientado al logro de una mayor justicia social.

El expansionismo estatal deriva de la vertiente socialista de nuestra Constitución, que fue alentada por Lázaro Cárdenas. Después de él siguió una etapa de moderación; se pensó que, si se continuaba por ese camino, había el riesgo de que todo quedara en manos del Estado, lo que significaba reventar la cuerda del contrato social. A partir de entonces hubo una actuación más equilibrada, que aceptó la necesidad de trabajar en combinación con la empresa privada, por lo que de manera premeditada se alentó su desarrollo. Sin embargo, el gobierno conservó su capacidad de intervención en la economía tanto por la vía de la regulación como por la de la participación directa.

Del régimen de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) al de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el Estado trató de guardar un equilibrio, centrando su esfuerzo en sus tareas naturales; esto es, en la promoción de la infraestructuras de la salud, de la educación y de la seguridad, así como del desarrollo de áreas estratégicas como la electricidad o el petróleo.

Luis Echeverría (1970-1976) cambió esa situación. Posiblemente el impacto de la crisis de 1968, que hizo evidentes los excesivos privilegios de la burguesía, lo llevó a pensar que para acelerar la justicia social era necesaria la presencia de un Estado más promotor. En su afán por buscar un contrapeso al poder de la burguesía, amplió considerablemente el gasto público y adquirió o creó un gran número de entidades paraestatales. Sin embargo, su política financiera no fue consecuente, pues hubo mayor gasto, pero no mayor ingreso público, y la burguesía siguió enriqueciéndose aceleradamente.

José López Portillo se propuso recomponer las relaciones entre el Estado y el sector privado. Así, aumentó el diálogo e, incluso, hizo amistad personal con los miembros del Grupo Monterrey, que había sido el más afectado por los ataques de Echeverría. Con López Portillo la iniciativa privada se subió al carro, pues el petróleo daba para todo. Pero cuando en 1981 se vino la quiebra de la política económica de López Portillo, por la baja del precio del petróleo y el alza de las tasas de interés, la iniciativa privada manifestó su decepción y comenzó a recriminar al gobierno. Así que, para despedirse, López Portillo les reviró nacionalizando la banca.

Yo me propongo reestructurar el esquema de la economía mixta con una acción más cualitativa de parte del gobierno, pues para este momento es claro que el enfoque cuantitativo no dio los resultados esperados. El Estado debe ser rector de la economía, pero reconociendo la necesidad de la participación de los particulares.

Lo anterior nos obliga a reconsiderar la magnitud del esfuerzo público y a buscar su eficacia. Debemos revisar el tamaño del sector paraestatal en relación con su productividad y con la capacidad financiera real del Estado. Tenemos que partir de la necesidad urgente de reducir el déficit gubernamental y mejorar el ingreso, lo que nos obliga a obtener más dinero de la sociedad y a disminuir el uso gubernamental del crédito. Al respecto hay que reconocer que es insostenible y antieconómico que el gobierno absorba de 75 a 80% del crédito disponible, cuando sólo es capaz de producir 25% del producto.

Por otro lado, también en los aspectos regulatorios existen problemas. Se requiere desreglamentar la economía y simplificar los trámites para fortalecer la eficacia del gobierno. Habrá que determinar qué le corresponde manejar al Estado y qué debe quedar en manos de los particulares, a la luz de un análisis cualitativo de los requerimientos del Estado para realmente cumplir la rectoría económica que se ha propuesto.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.