Elecciones de medio periodo: candidatos a las gubernaturas

"MES: DICIEMBRE"

El espectro de las elecciones de julio de 1985 estuvo presente durante todo 1984. La renovación a realizarse en esa fecha de los mandos gubernamentales en los estados de Campeche, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, así como de la diputación federal, estuvo coloreada por la creciente presencia del Partido Acción Nacional y por un mayor sentimiento regionalista en el ámbito político.

Para principios de diciembre el tema ya era obsesivo entre los editorialistas políticos, pues era indiscutible que había llegado el momento de que el PRI determinara quiénes serían sus candidatos a las gubernaturas estatales. Desde entonces esperaban su anuncio, que en lo posible yo retrasé hasta enero, pues diciembre, por ser el mes de las fiestas navideñas, resulta poco adecuado para empezar campañas políticas.

La inquietud imperante se justifica por la importancia real que en cada entidad federativa tiene el ejecutivo estatal. Por lo mismo, las precandidaturas empiezan a manifestarse desde aproximadamente un año antes de la fecha en que debe tomarse la decisión. Van surgiendo nombres en las columnas políticas, promovidos por simpatizantes o inducidos directamente por los interesados. Empieza así un juego en el que se manifiestan apoyos y críticas.

En realidad, es un proceso con un alto grado de espontaneidad. Tanto el PRI como Gobernación lo van siguiendo, a fin de elaborar, cada uno por su lado, un expediente por precandidato. En él reúnen la información pública y privada del contendiente, indispensable para su valoración.

Yo he querido que el proceso de auscultación política se centre en el PRI; esto es, que sea el partido quien consulte la viabilidad de los precandidatos con los líderes políticos y sociales del lugar. Gobernación realiza esta tarea en los círculos no políticos, como son los grupos empresariales y los líderes de opinión que no se acercan al partido.

A mí me empiezan a informar de manera sistemática unos dos meses antes de que sea necesario hacer el balance final. Tanto el PRI como Gobernación trabajan razonablemente bien. Los nombres que manejan son básicamente los mismos; las investigaciones, los datos y la calidad del trabajo es equivalente. De cualquier forma, para mí es importante tener cuando menos dos fuentes independientes de información y opinión.

Mi evaluación personal de las características de los precandidatos se apoyó en normas generales y no en preconcepciones específicas sobre el perfil que cada uno de ellos debería tener. En todos los casos, cuidé que cumplieran los requisitos legales, pues aunque las constituciones de los estados son muy regionalistas y han hecho reformas que a veces parecen extralegales o casuísticas, promovidas siempre por grupos de poder locales que tratan de evitar la entrada de terceros, sentí que cualquier cambio sería interpretado como un acto de manipulación del centro para lograr determinados fines; esto es, que se entendería como una medida con dedicatoria.

Por ello, pedí que no se tocaran las constituciones estatales existentes, prefiriendo hacer, cuando fuese necesario, interpretaciones riesgosas de sus enunciados. La única excepción fue la del estado de Sonora, donde en los últimos días del mes de diciembre, y para mayor tranquilidad de Lugo Verduzco y de Rodolfo Félix, impulsamos la modificación de la Constitución en lo relativo a los requisitos de arraigo de los candidatos a gobernador.

El ambiente de inquietud por los procesos electorales dentro del PRI desembocó en triunfalismo cuando se dio a conocer, el 18 de noviembre, que en el Estado de México se había triunfado en 118 de los 134 municipios y en los 34 distritos electorales. Estos resultados eran indicativos, pues la parte medular del proceso electoral de 1984 culminaba precisamente con estas elecciones, seguidas por las de Yucatán, Hidalgo y Coahuila. Debido a ello, me pareció importante evitar que los éxitos de esas elecciones se extrapolaran al reto que habremos de enfrentar en 1985.

Así, decidí instar a los priistas a no perder el ritmo de trabajo y a no confiarse en que los triunfos previsibles aseguraban el éxito electoral en 1985. Me pareció importante reforzar el ánimo de lucha y superación del partido, enfatizando el hecho de que si el PRI trabaja y se organiza, puede ganar, pero si pierde el impulso, se arriesga de nuevo a recibir un susto.

Quise evitar que cundiera un nuevo ambiente en el que los priistas, satisfechos por haber frenado el crecimiento de “la ola azul”, como se llamó al proceso ascendente que tuvo la votación panista en 1983, dejaran de reconocer que las elecciones de 1985 van a estar muy peleadas. Es innegable que la lucha electoral en Nuevo León, Sonora, Guanajuato, San Luis Potosí y el Distrito Federal va a ser difícil.

Por ello, el 25 de noviembre, en la ciudad de Chihuahua, les di un espolonazo a los priistas al señalar que “los revolucionarios de hoy no vamos a vivir usufructuando la historia” y llamando a todos a asumir responsabilidades y a corregir lo que esté torcido, como las hipocresías políticas “que se han filtrado en nuestro propio partido”.

Para remarcar lo dicho en esa ocasión, y puesto que las elecciones en Yucatán, realizadas el 25 de noviembre, le dieron al PRI el triunfo en los 106 municipios y las 15 diputaciones de mayoría, aproveché cuanta ocasión tuve para insistir ante funcionarios del partido en que debemos dejar de lado los viejos estilos viciosos de hacer política, y aceptar que el cambio social debe conducirse conforme a nuestros valores, pero con revisión de las fórmulas de trabajo.

El 1 y 2 de diciembre se realizaron las elecciones municipales de Coahuila e Hidalgo, respectivamente. En Hidalgo, el triunfo fue claro, obteniendo el PRI 83 de las 84 alcaldías. En Coahuila, los resultados fueron de 35 alcaldías para el PRI y 3 para la oposición. Sin embargo, la votación fue cerrada, lo que provocó a finales de mes un escándalo que amerita tratarse por separado.

En realidad, yo no me metí en detalle en esos procesos, pero sí pude darme cuenta de que en el Estado de México se realizó una campaña política profunda, moderna, en la que se movieron gente y recursos con resultados positivos. En Yucatán, Víctor Cervera Pacheco logró darle un vuelco total a la situación de descontrol dejada por Alpuche Pinzón, retomando el liderazgo perdido y fortaleciendo enormemente al PRI. En Hidalgo también se realizó un trabajo intenso, y sólo en Coahuila fue necesario que el CEN del PRI interviniera en el proceso, tratando de suplir el desinterés y desánimo del gobernador.

Pero volviendo a los primeros días de diciembre, la inquietud de los priistas sonorenses por arrancar la campaña electoral del partido en ese estado se hizo incontenible. Ello se debía a que el PAN había postulado, desde el 22 de septiembre, la candidatura de Adalberto Rosas, político populista de 42 años de edad, muy conocido en el estado por los actos espectaculares que realiza. Como ejemplo de su singularidad, cabe mencionar que en una ocasión llegó en motocicleta a un mitin celebrado en un estadio, e hizo una entrada triunfal al derribar con su vehículo una casa en llamas, al estilo de los mejores dobles cinematográficos.

Otra medida que le dio popularidad fue su decisión, supuestamente para protestar contra fraudes electorales, de recorrer poco más de 1 000 kilómetros a lo largo del territorio sonorense, en un acto que él mismo denominó “marcha de la democracia”. Arrancó el 19 de febrero de 1983 y llegó a la meta 37 días después. Lógicamente, los periódicos locales comentaron cotidianamente su avance y su estado de salud.

Ante el temor de un mayor fortalecimiento de Rosas, los priistas locales sentían impostergable arrancar su propia campaña política. En este contexto, al principio consideré que nuestro candidato debía ser una gente domiciliada y conocida en el estado. Sin embargo, se me fue informando que las fuerzas políticas de la entidad estaban muy fraccionadas. En primer lugar, los grupos están claramente delimitados por zonas geográficas. Está el grupo del norte, con cabecera en San Luis Río Colorado; el grupo del centro, en Hermosillo, y el grupo del sur, en Ciudad Obregón.

Además de estar muy enfrentados entre sí, los grupos están compuestos por varios segmentos de influencia, cada uno de los cuales tiene su propio líder.

En estas circunstancias, era difícil pensar que hubiera algún elemento capaz de superar la cobertura zonal, alcanzando realmente una proyección estatal. La realidad confirmó que ninguno de los candidatos de arraigo local tenía el prestigio suficiente para lograr la unidad del estado.

Por otro lado, el grupo de gente cercana al gobernador, entre la que había precandidatos, no está muy prestigiado en la comunidad. La verdad es que Sonora está muy bien en el terreno económico, pero no en el político. El gobernador Samuel Ocaña no tiene el consenso de la comunidad: desconfían de él y de su gente.

Esto se debe a que los sonorenses todavía están resentidos por las acciones que tomó el centro durante la presidencia de Luis Echeverría. La destitución escandalosa de Carlos Armando Biebrich en 1975 y la expropiación intempestiva de latifundios en el Valle del Yaqui días antes de que Echeverría dejara el poder los dejaron heridos. La imposición de Alejandro Carrillo Marcor nunca contó con simpatías, como tampoco las tuvo la postulación de Samuel Ocaña, ya que ambos fueron originalmente miembros del PPS. Ello disgustó a la sociedad sonorense, que es esencialmente conservadora. Ocaña es un buen gobernador, pero su popularidad también se ve afectada por el conflicto abierto que tiene con el arzobispo.

Así que después de escuchar muchas opiniones para lograr un verdadero diagnóstico, se concluyó que los grupos locales están tan peleados entre sí, que tenía que venir un tercero a arreglar la situación. Al hacer la auscultación entre las fuerzas de poder locales, y después de que cada grupo de opinión se manifestaba a favor de cierta candidatura, se les consultaba su opinión sobre Rodolfo Félix Valdés, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y, por tanto, el sonorense de más prestigio en el ámbito nacional. En todos los casos, los grupos auscultados lo situaron por encima de los candidatos locales, aunque manifestando dudas de que yo lo dejara ir.

Sus dudas eran válidas, pues yo me resistía a aceptar la pérdida que para mi gabinete significaría la salida de un espléndido secretario de Estado. Sin embargo, como en Sonora hay que dar una batalla importante contra el PAN, acepté que Rodolfo Félix Valdés fuera nuestro candidato. Su capacidad profesional, que lo ha distinguido como ejecutor eficaz y un hombre de carácter sobrio poco afecto a “la grilla”, lo hacen encuadrar bien con el temperamento del pueblo sonorense, que es contrario a los políticos hablantines.

La candidatura de Félix Valdés, formalizada el 11 de diciembre, fue bien recibida. Confío en que pronto podremos probar que en Sonora nunca ha habido verdadero panismo; lo que hay, y nos proponemos combatir, es antipriismo.

Salvo en el caso de Sonora, todos los candidatos a las gubernaturas estatales que se dieron a conocer en enero son gente con arraigo local.

En el caso de Nuevo León, las elecciones pueden ser más difíciles que en Sonora, porque allí el PAN postuló la candidatura de Fernando Canales Clariond, que es un empresario con brío y organización, y desde luego una gente mucho más seria que Adalberto Rosas.

Nuestra respuesta, anunciada en los primeros días de 1985, favoreció a Jorge Treviño Martínez, diputado federal encargado de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Treviño Martínez está arraigado en la entidad, donde desarrolló toda su carrera profesional. Su mujer también es neoleonesa y toda su familia se encuentra allá. Es un hombre confiable, cuya trayectoria profesional lo ha prestigiado como un hombre “decente”, factores que sin duda facilitarán su trato con el poderoso sector empresarial de la entidad.

Treviño no era el candidato del gobernador saliente Alfonso Martínez Domínguez, lo que sin duda hará más complejo el proceso electoral. Al respecto, consideré que si cedía a las presiones de Martínez Domínguez en Nuevo León, tendría que hacer lo mismo en el caso de San Luis Potosí, donde también hay un gobernador fuerte con deseos de dejar secuela. Hacerlo hubiera significado un retroceso que no podemos permitir: el retorno del PRI a lo que fue en su origen, una federación de feudos.

En el curso de enero, el PRI postuló a Rafael Corrales Ayala para la gubernatura de Guanajuato; a Mariano Palacios Alcocer para Querétaro; a Elías Zamora Verduzco para Colima; a Abelardo Carrillo Zavala para Campeche y a Florencio Salazar Martínez para San Luis Potosí.

 
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