Universidad Nacional Autónoma de México: sucesión en la Rectoría

"MES: DICIEMBRE"

EL 5 DE DICIEMBRE, LA JUNTA DE GOBIERNO de la UNAM -compuesta por 15 notables que en principio representan todas las corrientes universitarias- designó nuevo rector de esa casa de estudios, por un lapso de cuatro años a partir del 2 de enero de 1985, al doctor en derecho Jorge Carpizo MacGregor. Esta decisión resultó sorprendente, pues la mayoría de los universitarios daba como un hecho que el rector saliente, Octavio Rivero Serrano, se reelegiría con el apoyo del gobierno.

La designación de Carpizo, que también a mí me tomó por sorpresa, es positiva, no sólo porque su rectorado no representa un riesgo político para nosotros, sino porque exhibió la independencia de que goza la Junta de Gobierno de la UNAM. El episodio fue entendido como una reafirmación de la autonomía universitaria y, por tanto, fue recibido con entusiasmo por diversos sectores de la sociedad.

A mediados de noviembre, y faltando sólo tres semanas para la fecha en que debería determinarse quién ocuparía el puesto más importante en la educación superior en México, caí en la cuenta de que tenía poca información al respecto. Los secretarios de Educación y Gobernación, que se mantenían atentos al proceso, no me habían manifestado ninguna opinión definida o clara al respecto. Se habían limitado a señalar que lo más sobresaliente en el proceso de sucesión en la UNAM era la falta de acción política interna; esto es, que en su opinión sólo había personas interesadas en ocupar la Rectoría universitaria, pero no corrientes políticas

o ideológicas importantes. Tal situación los llevó a concluir que no se habían abierto opciones reales ante la candidatura de Rivero Serrano. Por mi parte, siempre he estado convencido de que no nos corresponde hacer política universitaria desde el gobierno, y menos levantar candidaturas artificiales. Por ello, había limitado mi participación en este proceso a conversar con Rivero Serrano. En el curso de 1984 lo recibí seis veces.

Durante esas entrevistas, el rector reconoció que su gestión era calificada por la comunidad universitaria de gris, por lo que añadió que, en caso de ser reelegido, cambiaría de tónica. Sin embargo, no perdía ocasión para recalcar que durante su gestión la Universidad no le había causado problemas al gobierno, dejando entrever que esto era el resultado de su capacidad para resolver conflictos sin recurrir a la violencia.

Su argumentación, desde un punto de vista egoísta y cínico, no dejaba de tener su atractivo para mí, pues tengo tantos problemas encima, que es un respiro que la Universidad no sea otro más. Sin embargo, no ignoraba yo que los problemas en la Universidad se habían podido resolver, en buena medida, gracias a la intervención y al apoyo que varias secretarías de Estado le habían brindado en momentos críticos.

No cabe duda de que Rivero Serrano mantenía una buena relación con el gobierno: con frecuencia nos pedía ayuda y se la dábamos. Baste mencionar que la participación de las secretarías de Gobernación y del Trabajo para resolver la huelga de mayo y junio de 1983 fue determinante, y que, más recientemente, lo habíamos ayudado a solucionar el problema de la ENEP-Aragón y a sacar adelante el contrato colectivo para 1985.

Así que si bien Rivero Serrano representaba una opción aceptable para el gobierno, me resultaba irritante el supuesto de que lograría su reelección gracias a su sumisión al poder público o a la simpatía de que gozaba en ciertas cúpulas gubernamentales, particularmente en la Secretaría de Gobernación. Las circunstancias hacían necesario poner énfasis en que el gobierno no consideraba adecuado participar en la selección del rector.

En mi opinión, y a pesar de que en México la educación superior siempre ha estado bajo la tutela y el impulso del Estado, sólo en casos muy excepcionales, en los que realmente las circunstancias de la Universidad o del país así lo exijan, el gobierno debe intervenir en la selección del rector; en general, debe abstenerse de hacerlo. Hasta donde yo sé, sólo en el caso de Javier Barros Sierra el gobierno tomó la iniciativa de hablarle a cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno para hacerles saber que veía con mucha simpatía su candidatura.

En el caso en cuestión, la permanencia de Rivero Serrano parecía una solución basada en la inercia, lo cual de ninguna manera era bueno, pues la Universidad se encontraba abatida por la ineficiencia y el desánimo. Los editoriales que aparecían en esos días contrapunteaban mis declaraciones, en las que demandaba una Universidad crítica que analice la realidad con rigor científico y honestidad intelectual, y con el supuesto apoyo del gobierno a los aparatos administrativos universitarios que habían ahogado, en aras del control institucional, su liderazgo intelectual.

En realidad, el crecimiento económico del país ha dado lugar a un aumento constante en la demanda de estudios superiores. A ello obedeció la creación de la Ciudad Universitaria, que a su vez se convirtió en un polo de atracción para los estudiantes de provincia. El rector Ignacio Chávez quiso limitar, a fin de conservar cierta calidad académica, el ingreso a la UNAM. Ello provocó un movimiento que lo obligó a dejar la Rectoría y otorgó el “pase automático” a los egresados de las preparatorias, lo que significó que se apoyó el crecimiento a cambio de la calidad. Pronto la saturación hizo que se hablara de una universidad de masas.

Si bien la Universidad no escapó nunca por completo a la política de grupos, la represión del movimiento estudiantil de 1968 se tradujo en una politización mucho mayor, caracterizada por el resentimiento. Esto fue un campo fértil para los grupos de oposición, que encontraron en la Universidad su clientela natural. Así, se relajaron los mecanismos de disciplina que requiere el trabajo universitario, mismo que además fue determinado crecientemente por criterios políticos y no académicos.

Después de 1968, el movimiento estudiantil entró en un proceso de paralización y dispersión. Durante el rectorado de Pablo González Casanova, la movilización universitaria se trasladó de los estudiantes a los trabajadores, con la creación y posterior fusión de los sindicatos de trabajadores y de académicos. La intransigencia de este sindicalismo obligó a González Casanova a renunciar, a finales de 1972. Su sucesor, Guillermo Soberón, contuvo las aspiraciones extralaborales del sindicato, pero el conflicto se exacerbó por la influencia que llegó a tener el Partido Comunista, después PSUM, en el sindicato de trabajadores de la UNAM.

Por otro lado, el creciente número de estudiantes hizo necesario, desde principios de los años setenta, abrir nuevas opciones educativas. Así surgieron nuevos sistemas en la educación media: los planteles de Ciencias y Humanidades y el Colegio de Bachilleres. En cuanto a universidades, se abrió la Universidad Autónoma Metropolitana, así como varias instituciones particulares, y se destinaron presupuestos mayores a las universidades públicas de los estados.

Sin embargo, la problemática universitaria no se resolvió con esta ampliación, porque los nuevos establecimientos públicos heredaron los problemas de la UNAM. Ello ha hecho que, actualmente, los egresados de la Universidad Nacional tengan cada vez más dificultades para encontrar acomodo en el mercado de trabajo.

Estas reflexiones me llevaron a considerar que si bien el gobierno no debía intervenir en la selección del rector, sí debía hacer clara y patente su posición, esto es, dejar que la Junta de Gobierno eligiese a quien considerara más capaz de levantar a la Universidad, en el entendido de que el gobierno no condicionaba esa selección.

Hablé con Bartlett y con Reyes Heroles al respecto. A su vez, Reyes Heroles se comunicó con Soberón, quien, por su ascendencia natural en el medio académico, era mencionado como una influencia posible. Todos aseguraron que no habían intervenido en dicho proceso.

Así las cosas, el 3 de diciembre, dos días antes de la elección, se publicó un extenso documento firmado por 18 de los 21 centros e institutos del área de investigación científica de la UNAM, mismo que entregaron a la Junta de Gobierno, en el que analizaban la gestión del doctor Rivero Serrano al frente de la institución. En él lo calificaron como un rector “carente de un concepto académico”, que “renunció voluntariamente a la autonomía que le fue concedida”. En el documento se responsabilizaba a Rivero Serrano de haber aislado académica y políticamente a la Universidad Nacional; de mostrar un interés menor por el significado de la investigación; de haber canalizado apoyos financieros desproporcionados a funciones no sustantivas; en fin, de convertir su rectorado en “una gestión sin hegemonía”, en “un poder sin dirección”.

La crítica descarnada de este documento fue inmediatamente complementada por numerosos artículos editoriales firmados por diversos universitarios, que también se oponían abiertamente a la reelección de Rivero Serrano.

Parecía que en el último instante, y ante el persistente rumor de que el rector ya “tenía arreglada” su reelección, reaccionaron violentamente quienes hasta ese momento habían guardado silencio. Supuestamente, Soberón destapó esta posibilidad al transmitir a sus allegados en el medio universitario que el gobierno no tenía candidatos ni trataría de influir en la selección.

El último episodio en esta cadena de sorpresas fue que a las cinco de la tarde del día en que habría de determinarse quién debía conducir los destinos de la UNAM, Rivero Serrano se comunicó con Bartlett para informarle que tenía asegurados los votos para su reelección…

No conozco los detalles de lo ocurrido, pero es claro que la Junta de Gobierno cumplió libremente su tarea.

El viernes 14 de diciembre Carpizo me vino a ver. Me habló de sus proyectos: eliminar el pase automático de las preparatorias públicas a la Universidad; descentralizar y desburocratizar la Universidad; hacer un rectorado más participativo; racionalizar el presupuesto, y corregir el desequilibrio que beneficia a los trabajadores administrativos sobre los académicos, entre otras cosas.

Me dio gusto ver el entusiasmo con que Carpizo tomó su nueva labor. El rector también señaló que tiene verdadera simpatía por este régimen y expresó su deseo de mantenerse en contacto conmigo.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.