Pemex: estallidos en San Juan Ixhuatepec

"MES: NOVIEMBRE"

En la madrugada del 19 de noviembre ocurrió una de las tragedias más graves en la historia de nuestro país: 11 estallidos consecutivos de gas butano en una subestación de Pemex y en algunas plantas de abasto particulares semidestruyeron el pueblo de San Juan Ixhuatepec, ubicado a sólo dos kilómetros del Distrito Federal.

Las explosiones causaron, hasta donde se tiene conocimiento, 452 muertos, 4 248 heridos, el desalojo de 1 600 familias y 31 000 personas desplazadas. Además, 88 casas habitadas por 179 familias fueron destruidas, 16 casas sufrieron daños mayores y 1 300 daños menores.

La intensidad de la tragedia es insoslayable. Sin embargo, hubo amarillismo en los medios de comunicación, particularmente en Televisa y, sobre todo, en el noticiero del señor Zabludovsky. Las repetidas imágenes de los muertos, de los heridos y del entierro colectivo fueron, sin lugar a dudas, una exhibición de morbo que estuvo coloreada por un tinte emotivo antigubernamental.

El peritaje oficial se inició de inmediato. En él intervinieron peritos de la Procuraduría General de la República y de la de Justicia del Estado de México, así como técnicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Petróleos Mexicanos. El 22 de diciembre, la Procuraduría General de la República informó que la tragedia se produjo a consecuencia de una fuga masiva de gas en las instalaciones de Pemex, por lo que esta empresa paraestatal se comprometió a pagar los daños materiales y las indemnizaciones correspondientes.

El peritaje fue difícil, pues las instalaciones y sus alrededores quedaron calcinadas. Por otro lado, hubo que estar abierto a la posibilidad de que hubiesen intervenido fuerzas extrañas.

La capacidad de respuesta del aparato estatal ante el accidente fue sorprendente. Casi en forma inmediata se combatió el fuego, se ubicaron camas en los hospitales, se instalaron albergues para dar ropa, comida caliente y medicinas a los damnificados. Sólo en la Ciudad de México podríamos haber actuado con tanta eficiencia.

Además, la solidaridad de la población capitalina ante esta tragedia concentrada y espectacular fue notable. En forma abundante se donó sangre, ropa, medicinas y dinero.

El 3 de diciembre se emitió un boletín de prensa en el que se informó con precisión de los alcances del siniestro y de la formación, a fin de atender de la mejor manera posible los problemas derivados del accidente, de un grupo intergubernamental integrado por las dependencias del sector salud, la Conasupo, las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Desarrollo Urbano y Ecología y el gobierno del Estado de México.

En él se informó también, en respuesta a la inquietud popular, que la distribuidora de gas de Pemex en San Juan Ixhuatepec no sería rehabilitada y que las empresas gaseras serían retiradas de la zona.

Se dieron todas las ayudas de carácter humanitario posibles, como medicinas y albergues, pero también se restituyeron casas y se apoyó a los que sufrieron daños materiales. Informamos, el mismo 3 de diciembre, que el Estado de México ya había entregado 139 viviendas, lo que es una cifra superior a la de casas destruidas, ya que en muchas de esas casas vivía más de una familia.

Además, se realizaron 16 reparaciones mayores, y se brindó asesoría técnica y se entregaron materiales para 1 020 reparaciones menores. Pemex, por su lado, se preparó para pagar las indemnizaciones correspondientes a partir de los primeros días de enero de 1985.

Al reflexionar sobre la responsabilidad oficial en el accidente, uno comienza por preguntarse quién dejó que se llevaran a cabo asentamientos irregulares en torno a las instalaciones de gas, pues sabemos que las plantas fueron construidas en los años sesenta, cuando estaban en medio del campo.

La historia de los asentamientos humanos marginales, que se van dando en forma espontánea y a los que luego las autoridades municipales dan servicios, es frecuente. De manera que la falta de rigor en el cuidado de la seguridad física de la gente es un problema que se ha ido dando a través del tiempo, por lo que no podríamos centrar la culpabilidad en sólo un funcionario.

En el fondo yo creo, y así lo he dicho, que se trata de una responsabilidad colectiva: es culpa de quienes permitieron los asentamientos humanos junto a esas empresas, pero también lo es de los individuos que se asentaron en áreas tan peligrosas, pues debemos reconocer que cada individuo es responsable por su vida. Finalmente, la culpabilidad fundamental recae en Pemex, por no tener la seguridad industrial requerida.

La Ciudad de México está llena de peligros, como lo está toda la República. Baste pensar en la multitud de asentamientos irregulares cerca de áreas potencialmente peligrosas. La realidad es que los cambios poblacionales han superado la capacidad de un desarrollo ordenado en el área urbana.

Visto este problema con serenidad, es necesario reconocer que resulta imposible acabar con él de golpe. Lo único que podemos hacer es trabajar en las cosas más obvias, buscando mecanismos preventivos. Por ello ordené la creación de una comisión específica que estudiara minuciosamente las condiciones de seguridad de las instalaciones industriales, y recomendara, con apoyo en información técnica confiable, los programas de seguridad correspondientes.

Sin embargo, el análisis es difícil, porque habrá que estudiar, entre otras cosas, los problemas de costo y de producción. Por ejemplo, respecto a la refinería de Azcapotzalco, me trajeron recientemente un informe que señala que el costo de su traslado implica algo así como 600 000 millones de pesos, lo que es una fortuna de la que no disponemos. Además, su reubicación crearía problemas de producción y abasto.

Por otro lado, la refinería no solamente está rodeada de casas habitación, sino que aun dentro de sus instalaciones existe una colonia petrolera que se resiste a salir de ahí. Así que la posibilidad de reubicar a la gente, formando fajas de seguridad, es prácticamente nula.

A los interesados pronto se les olvida la posibilidad de un siniestro, y empiezan las protestas cuando se les sugiere un cambio. Entre los afectados por el accidente de San Juan Ixhuatepec ya han surgido protestas porque consideran muy pequeñas las casas que se les dieron.

La lección fundamental que derivamos de todo esto es la necesidad de cuidar más las instalaciones riesgosas.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.