Telmex: requisa

"MES: SEPTIEMBRE"

EL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE EL GOBIERNO FEDERAL, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, requisó todos los bienes de la empresa Teléfonos de México para garantizar la prestación de servicios y la seguridad de una operación vital para la economía nacional.

La requisa tuvo lugar cinco días antes de que venciera el emplazamiento a huelga formulado por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en demanda de un aumento salarial de emergencia de 20.2%. Esta acción se hizo necesaria por el tortuguismo, el sabotaje y la irregularidad en la prestación del servicio.

Telmex informó que el movimiento del sindicato en demanda de aumento salarial había ocasionado —desde el 20 de agosto— 665 paros y que se habían acumulado 43 756 quejas por mal servicio y 531 por falta de atención en las líneas.

Por otro lado, teníamos conocimiento de que el líder del STRM, Francisco Hernández Juárez, pretendía encabezar un movimiento que trascendiera el ámbito de Telmex, orientado a formar un frente político con varias empresas paraestatales. Con ello quiso aprovechar la coyuntura de inquietud que afloró en dichas empresas desde mediados de julio, cuando el secretario de Trabajo de la CTM destacó que las entidades descentralizadas no habían otorgado a sus trabajadores el aumento salarial generalizado de 20.2%, correspondiente al aumento convenido para los salarios mínimos en junio, en tanto que la mayoría de las corporaciones privadas sí lo habían hecho.

A finales de julio, el día 27, Fidel Velázquez se reunió con los líderes de los sindicatos de empresas paraestatales para informarles que el gobierno de la República no había autorizado estas nuevas partidas presupuestales, por lo que no podrían conceder un aumento de 20.2% a sus contratos colectivos. No obstante, el 16 de agosto, el pleno de dirigentes del Congreso del Trabajo solicitó formalmente al gabinete económico, en una reunión efectuada en la Secretaría de Hacienda, el incremento mencionado a los contratos colectivos de las empresas paraestatales.

Ese mismo día, esto es, antes de que se iniciaran las negociaciones entre los directivos de empresas y los dirigentes de sindicatos, el STRM emplazó a huelga a Telmex para el 27 de agosto. Posteriormente, el emplazamiento fue diferido al 12 de septiembre.

En esta coyuntura, resultaba claro que el emplazamiento y las maniobras de tortuguismo e, incluso, sabotaje promovidas por Hernández Juárez fueron toleradas por los líderes del Congreso del Trabajo, quienes se mantuvieron a la expectativa. Por ello y para evitar un problema mayor, actuamos con fuerza al imponer la requisa.

Francisco Hernández Juárez busca ampliar su liderazgo sindical. Pretende alcanzar renombre como líder independiente y progresista. Es un hombre batallador que cuenta con simpatías dentro del movimiento obrero organizado y del PSUM. Ello lo llevó a confiar en que su movimiento sería secundado por otros líderes de esa tendencia, como los del Sindicato Mexicano de Electricistas o los de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, entre otros. En el fondo, es posible que haya aspirado a convertirse, con este enfrentamiento, en el líder máximo de los sindicatos de empresas paraestatales.

La requisa duró 52 días, lo que resultó muy desgastante tanto para el gobierno como para el sindicato. Esto fue así porque decidimos no ceder en lo que nosotros consideramos un principio de autoridad.

El hecho es que desde que se requisó se habían realizado investigaciones para determinar lo que estaba pasando en el sindicato de telefonistas. Doscientas cincuenta personas fueron investigadas para ver quiénes estaban violando el reglamento y provocando la irregularidad en el servicio telefónico. Se determinó que sólo eran 37 los empleados involucrados en las maniobras de sabotaje, por lo que al requisar se decidió rescindirles el contrato.

Hernández Juárez, naturalmente, solicitó que todos los trabajadores fueran reinstalados en sus puestos, ya que aceptar el castigo de quienes "jalaron con él" en sus maniobras deterioraba su liderazgo. Ése fue el punto central que impidió una solución expedita del problema, pues nosotros decidimos no ceder, ya que ello implicaría tolerar ilegalidad en la acción sindical. Además, estábamos conscientes de que cualquier logro de Hernández Juárez podría convertirse en una bandera para los otros sindicatos de empresas estatales.

La requisa ocurrió cuando otros sindicatos ya estaban aceptando los 4 000 pesos de aumento al salario ofrecido por las empresas paraestatales. Desde el 3 de septiembre, los trabajadores de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana habían aceptado esta suma.

La requisa provocó la crítica inmediata del Congreso del Trabajo y de otros grupos políticos, los que señalaron que agredía en fondo y forma el derecho de huelga, cancelando las prerrogativas consagradas en la Ley Federal del Trabajo. No obstante la dureza de la reacción de las organizaciones laborales y los editorialistas de izquierda, durante el mes de septiembre todos los sindicatos de las empresas estatales fueron aceptando que la situación económica del país no permitía un aumento salarial superior a los 4 000 pesos mensuales que se les ofreció.

El proceso de negociación con el STRM se vio matizado, en todo momento, por el hecho de que a finales de septiembre debía realizarse la elección de su Comité Ejecutivo Nacional. Hernández Juárez declaró desde el 9 de septiembre que la requisa tenía por objeto instaurar un liderazgo sindical espurio, lo que en realidad no era cierto. Nuestra meta sólo consistía en evitar que cundiera el desorden entre las empresas paraestatales.

En este contexto, el 11 de septiembre Hernández Juárez anunció que el STRM había decidido prorrogar, una vez más, su emplazamiento a huelga, y aceptar el aumento de 4 000 pesos si el gobierno les ofrecía esa cantidad. El 19 de septiembre, en una junta en la Secretaría del Trabajo, Emilio Carrillo Gamboa, director de Telmex, reiteró la disposición expresada por la empresa de firmar el convenio que otorgaba a los trabajadores el aumento en cuestión, con retroactividad al 15 de julio pasado.

No se logró el arreglo, pues Hernández Juárez, con apoyo del Congreso del Trabajo, manifestó que no firmaría ningún convenio mientras la empresa amenazara con despedir a algunos trabajadores suspendidos. El ambiente siguió calentándose.

Aun así, Francisco Hernández Juárez fue reelegido el 30 de septiembre como secretario general del STRM. El Congreso del Trabajo tomó una postura más activa en el conflicto a partir del lunes 8 de octubre, cuando un pleno de representantes de las 34 organizaciones que lo constituyen acordó visitar al titular de la Secretaría del Trabajo para pedirle el levantamiento de la requisa y la reinstalación de los trabajadores despedidos.

Esta solicitud obligó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix Valdés, a afirmar, el 9 de octubre, que la requisa en Telmex se mantendría mientras no se garantizara un servicio eficiente a la ciudadanía.

Al tiempo que esto ocurría, tuvo lugar otro conflicto en el que el gobierno actuó con toda prudencia para no herir al movimiento obrero, lo que seguramente sirvió para matizar la actitud del Congreso del Trabajo en el problema de la requisa.

Lo que sucedió fue que el sindicato de la empresa paraestatal Compañía Operadora de Teatros, encargada de operar un número importante de cines en la Ciudad de México, decidió, con el fin de presionar al gobierno para obtener el famoso aumento de 20.2% en su contrato colectivo, suspender el descanso escalonado de sus trabajadores a fin de paralizar el servicio los domingos. Esta situación se inició el 19 de agosto y no se resolvió hasta el 19 de octubre.

Para solucionar este problema, decidimos recurrir a una figura que la ley permite a los patrones cuando la empresa se encuentra en una situación económica difícil: plantear un "conflicto económico". Con esto, la empresa puede replantear toda su situación laboral.

Ello asustó a los líderes, pues no estaban preparados para una medida tan drástica. La maniobra resultó y el sindicato aceptó los 4 000 pesos mensuales que se dieron en todas las empresas paraestatales.

Lo interesante en este caso fue que Fidel Velázquez sabía que nosotros teníamos conocimiento de que el sindicato de COTSA era una pocilga en la que se realizaban todo tipo de maniobras fraudulentas, como tener el doble del personal necesario, realizar subcontrataciones ilegales de servicios, inflar las nóminas con personal inexistente, etc. Tal vez lo único que no sabía don Fidel es que teníamos preparadas denuncias penales en caso de intransigencia por parte de los líderes de COTSA.

Don Fidel orientó a los líderes en cuestión para que llegaran a un acuerdo con el gobierno a fin de evitar que éste se viera en la obligación de exhibir la realidad del sindicato y desprestigiar con ello al movimiento obrero.

El asunto de COTSA contribuyó, de cualquier forma, a que la tensión aumentara. La prolongación del conflicto con los telefonistas lesionaba al Estado por las múltiples críticas de que era objeto, pero lesionaba también de manera significativa al sindicato.

Los disidentes del STRM empezaron a hacer ruido. El miércoles 10 de octubre, Rosina Salinas, su dirigente, criticó severamente a Hernández Juárez. Este último, desesperado, retó públicamente al Congreso del Trabajo a brindarle un apoyo más efectivo.

La efervescencia entre los trabajadores subió de tono. El 17 de octubre, la administración de la requisa de Telmex denunció que había resurgido el vandalismo del sindicato de telefonistas contra la empresa. Informó que se había realizado un paro de labores de 40 minutos en todo el servicio nacional e internacional de la ciudad de Monterrey, lo que afectó a millones de usuarios de la región noreste del país. Las acciones vandálicas del sindicato, señaló la administración, iban desde "pintas" en los muros, pisos, ventanas, puertas, equipos de oficina y de transporte, hasta la lentitud en labores de instalación, reinstalación y reparación de líneas y aparatos telefónicos.

Informaciones de este tipo se repitieron durante varios días, referidas a diferentes regiones del país. La crítica señalaba que estas acusaciones sólo buscaban desprestigiar a los trabajadores telefonistas. La realidad es que la población atestiguaba la ineficiencia del servicio telefónico.

El Congreso del Trabajo continuó moviéndose. El 22 de octubre, sus dirigentes señalaron que el problema de los telefonistas había rebasado el ámbito sindical, para convertirse en un problema político. Afirmaron que a partir de ese momento se harían responsables de su solución definitiva. De hecho, el CT había ofrecido su arbitraje en el punto central que impedía el avance de la negociación, o sea, la reinstalación de 37 trabajadores.

Sin dejar de medir la dimensión de solidaridad que una requisa tan prolongada generaba en el medio laboral, mantuvimos el principio de autoridad. Así, insistimos en el despido de las personas a las que se les pudo comprobar su participación en actos de sabotaje. Para nosotros era claro que doblegarnos ante las presiones de Hernández Juárez daría pie al desorden en otras empresas estatales, lo que llevaría a una radicalización de los líderes aliados al gobierno.

El 24 de octubre, después de casi dos meses de conflicto, se firmó el convenio que puso fin al problema en Teléfonos de México. Los puntos fundamentales de solución fueron un aumento de 4 000 pesos mensuales con retroactividad al 15 de julio pasado; el compromiso de la empresa de reinstalar a los telefonistas despedidos —previo arbitraje del Congreso del Trabajo— y la promesa de la empresa de gestionar el levantamiento de la requisa.

Hubo que ceder en la expresión formal del acuerdo para darle una salida decorosa al sector laboral. Sin embargo, mantuvimos nuestro punto, pues a todos los involucrados les quedó claro que el arbitraje que realizará el Congreso del Trabajo no podrá favorecer a quienes hayan utilizado sistemas autodefensivos o violentos para reclamar un derecho. Insistimos en la necesidad de hacer respetar la ley, cualesquiera que sean las consecuencias de ello.

Este episodio puso en evidencia que enfrentamos nuestros retos y que no nos vamos a dejar influenciar por los sectores minoritarios de opinión que plantearon el problema en términos de una rigidez y una agresividad innecesarias del gobierno frente al movimiento obrero organizado. Estamos convencidos de que, para la mayoría de la sociedad, la firmeza del gobierno es un activo importante. Demostramos que no se nos están saliendo las cuentas del collar.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.