Relaciones entre México y Estados Unidos: Ley Simpson-Mazzoli

"MES: JULIO"

Seis días después de que el presidente Reagan declaró que los Estados Unidos habían perdido el control de sus fronteras, la Cámara de Representantes norteamericana aprobó, el 20 de junio, tras cuatro años de arduos enfrentamientos, el proyecto de Ley Simpson-Mazzoli.

Este proyecto de ley, que tiene por objeto regular la entrada a Estados Unidos de extranjeros en busca de empleo, fue precedido, el 12 de junio, por una enmienda de ley que obliga a los empleadores estadounidenses de más de cuatro personas a que se aseguren de que sus empleados extranjeros tengan la documentación obligatoria para trabajar en ese país. La Ley Simpson-Mazzoli significa un paso importante en este terreno, al estipular que los patrones que contraten trabajadores a sabiendas de que son indocumentados serán objeto de sanciones severas, que pueden incluir hasta el encarcelamiento.

Por otro lado, la Ley Simpson-Mazzoli ofrece amnistía a quienes llegaron a ese país antes del primero de enero de 1982.

La maniobra de Reagan, al empujar con sus declaraciones la aprobación del proyecto de ley, fue de sondeo. No siendo definitiva la aprobación, puede así medir las reacciones que provoca el proyecto y, por tanto, su viabilidad política.

Los efectos de la votación en la Cámara de Representantes fueron inmediatos. Según el Movimiento Mexicano-Estadounidense, su resultado fue devastador en los estados sureños de la Unión Americana, donde los atemorizados patrones de indocumentados iniciaron despidos precautorios y aplicaron severas restricciones al empleo de personas con rasgos físicos latinoamericanos.

Las respuestas políticas surgieron en ambos lados de la frontera. De hecho, empezaron desde el 12 de junio, cuando se aprobó la enmienda de ley. Así, por ejemplo, el dirigente del Consejo Nacional de la Raza, Raúl Izaguirre, acusó a los medios de información estadounidenses de infundir un sentimiento antimexicano y presionar para la aprobación de la Simpson-Mazzoli.

Días después, el 23 de junio, el precandidato demócrata Jesse Jackson criticó el proyecto de Ley Simpson-Mazzoli por ser injusto con los mexicanos. Añadió: “El día que no se permita la entrada de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos, ese día se echarán a perder millones de dólares en cosechas”.

En México, el asunto inmediatamente levantó ámpula. El espacio que le dedicaron los periódicos durante días consecutivos fue significativo; puso en evidencia el temor de que millones de mexicanos fueran deportados violentamente, con un severo costo para su dignidad personal y con la amenaza de ampliar dramáticamente el número de desempleados en nuestro país.

Aparte de columnistas y editorialistas, los periódicos se llenaron con las opiniones críticas de todos los partidos políticos. La CTM, el CT, la FSTSE, la CNC, así como muchas otras organizaciones sociales, mostraron su total rechazo al proyecto legislativo estadounidense, por considerarlo discriminatorio y racista. Muchos añadieron a sus críticas la opinión de que la ley, en el fondo, buscaba presionar a México para que cambiara su política exterior.

La embajada de Estados Unidos en México se sintió en la necesidad de emitir un comunicado el 22 de junio para rechazar los argumentos críticos externados frecuentemente en los diarios.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló, en primera instancia, que México no podía intervenir ni jurídica ni diplomáticamente para impedir la aprobación de la Ley Simpson-Mazzoli, porque no es posible inmiscuirse en las acciones legislativas del vecino país del norte. Sin embargo, percibimos que la inquietud del público era demasiado grande para dejar el asunto ahí.

Por ello, impulsé a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Gobernación, así como al Senado de la República, para que manifestaran, sobre todo con acciones, que no nos limitaríamos a lamentarnos y esperar. Quise que la opinión pública viera que el problema nos preocupaba; que lejos de estar dormidos, buscábamos ya soluciones ante la posibilidad de que se aprobara en forma definitiva la mencionada ley.

Nuestra reacción serviría, además, para mostrar a los norteamericanos la importancia que el problema tiene para México y la inquietud que genera entre nosotros.

El 26 de junio la oficina de prensa del Senado de la República emitió un comunicado en el que afirmó que, en caso de que se aprobara el proyecto de Ley Simpson-Mazzoli, México apoyaría los derechos humanos y laborales de sus trabajadores en Estados Unidos, estuvieran documentados o no. Añadió que buscaría acuerdos bilaterales que regularan adecuadamente la condición de los trabajadores migratorios.

Ese mismo día, la SRE emitió un documento en el que señalaba que pondría en acción todos los recursos disponibles para proteger a los mexicanos que pudieran ser afectados por la mencionada ley. Asimismo, agregó que por elemental equidad, la contribución de estos trabajadores a la actividad económica estadounidense debía ser correspondida con un trato justo y digno.

El 6 de julio me reuní con los secretarios de Gobernación, Trabajo, Relaciones Exteriores, Programación, Comercio y Desarrollo Urbano, así como con el líder del Senado, y les ordené la ampliación de acciones para lograr la protección jurídica de los derechos humanos y laborales de los mexicanos en Estados Unidos, así como la preparación de medidas concretas para atender a los compatriotas que ya estaban siendo repatriados por efectos del proyecto de Ley Simpson-Mazzoli.

Finalmente, pedí la elaboración de un estudio a fondo sobre el problema migratorio hacia el vecino país del norte, de modo que pudiera ser atendido dentro de los planes y programas de desarrollo nacional.

El 12 y 13 de julio, Sepúlveda se reunió con nuestro embajador en Estados Unidos y con los cónsules generales de México en ese país, e hizo declaraciones fuertes en el sentido indicado. El 21 de julio, por cuarta ocasión en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, se reunieron los gobernadores de los seis estados fronterizos mexicanos y de los cuatro colindantes del lado norteamericano. Nosotros impulsamos esta reunión para tratar el problema de los trabajadores indocumentados y sus repercusiones en los dos países. En todo momento se tuvo buen cuidado de no criticar el derecho de los norteamericanos de aprobar la famosa ley.

En todo el espectáculo de respuesta que montamos, la única nota discordante fue la declaración de nuestro embajador Espinosa de los Reyes, quien tuvo a bien decir que la ley no era tan grave ni era evidente que fuera a ser aprobada. Aunque apegada a la realidad, su opinión fue desatinada y provocó una reacción negativa en el país.

Mientras tanto, el 14 de julio, el Partido Demócrata demandó a su gobierno “una política de inmigración justa y humana… que refleje nuestra herencia de inmigrantes”. Al día siguiente, los delegados hispanos ante la Convención Demócrata acordaron la integración de un frente unitario contra el proyecto de Ley Simpson-Mazzoli, y se comprometieron a presionar a los legisladores demócratas para que encabezaran en el Capitolio un movimiento para bloquear las reformas de las actuales leyes de inmigración.

Al ver estas reacciones, así como las de muchas organizaciones chicanas, Reagan retiró la ley el 25 de julio, por encontrar “inaceptable la versión aprobada por la Cámara de Representantes”. Así que, de aquí a noviembre, definitivamente no va a pasar. Lo que ocurrirá después de esa fecha dependerá de si Reagan es reelegido, lo que parece probable, dado que está peligrosamente arriba en la competencia electoral.

Ahora bien, en lo personal, tengo dudas de que la Ley Simpson-Mazzoli sea aprobada y, en todo caso, que se aplique. Parto de la hipótesis de que la realidad manda, por lo que, mientras la economía norteamericana se esté recuperando, se generarán ofertas de empleo, lo que matizará la aprobación o aplicación de la ley.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.