Prensa: política de comunicación social

"MES: JULIO"

EL 9 DE JULIO, FERNANDO PÉREZ CORREA sustituyó a Javier Wimer en la Subsecretaría de Gobernación encargada de la comunicación social. Este cambio significó nuestro reconocimiento de la veracidad de lo que por esos días era un tema recurrente en la prensa: la ineficiencia del sistema de comunicación social del gobierno.

Al regresar de Washington, a mediados de mayo, encontré exasperante la actitud de la prensa, que orientada a criticar el sensacionalismo de Anderson, incurría en su propio amarillismo, haciendo que ese incidente privara a nuestra política exterior de lo significativo de la visita a Estados Unidos. La mejor reseña del sentido y la importancia de ese viaje apareció en la revista norteamericana Time, lo que fue poco halagüeño para nosotros.

Mi primera reacción fue de enojo con los medios informativos mexicanos. Me pareció injusto que tomaran los artículos de Anderson, a los que por cierto interpretaron como una maniobra burda de los servicios de inteligencia norteamericanos, como una excusa para vociferar contra la reacción de Gobernación, que había, de acuerdo con ellos, tratado de evitar que esa información se difundiera mientras durara mi estancia en Estados Unidos. El resultado de su actitud era doblemente negativo: magnificaba lo dicho por Anderson y desprestigiaba la intervención de la Secretaría de Gobernación.

El ambiente de crítica a la actitud del gobierno respecto a la información llevó a varios periodistas a retomar y sumar el argumento absurdo de que el gobierno había negado información del bombazo del primero de mayo. Esta crítica fue gratuita, pues el hecho en cuestión salió en todos los periódicos al día siguiente de que ocurrió. Algunos señalaron que yo no había hablado sobre el asunto al terminar el desfile obrero, sin entender que mi obligación era tratar de minimizarlo para evitar que toda la importancia del desfile se perdiera en ese incidente. No quise magnificarlo, lo que es muy diferente de que haya yo tratado de ocultarlo.

El ambiente de malestar y agresión de la prensa creció con el asesinato del periodista Manuel Buendía. Fue entonces cuando surgió el término “mayo negro”, con el que se buscó encadenar hechos negativos, pero aislados.

Junio transcurrió en un ambiente pesado, pero al fin volátil. El tiempo para demostrar que el mundo no se nos venía encima fue breve. La supuesta conspiración maléfica se disolvió en la nada y, sin embargo, subsistió la queja contra nuestra capacidad para informar.

La prensa, vocera de la catástrofe, recriminaba ahora al gobierno su confusión. Todo era culpa de quienes no informaban con amplitud y claridad suficientes.

El episodio no dejó de preocuparme, pues aun reconociendo la irresponsabilidad y frivolidad de muchos de los periodistas y el interés que algunas personas o grupos pudieran tener en desprestigiar al gobierno, resultaba evidente que la comunicación entre éste y los medios de información era poco satisfactoria. De hecho, cada quien aprovechó el momento para externar sus dudas o intereses.

Así, se cuestionó la capacidad de comunicación del gobierno con el sector obrero, haciendo referencia naturalmente a las recientes negociaciones salariales.

Se amplió la crítica para decir que el gobierno está encerrado, que no le interesa informar, lo que significa un desprecio a la ciudadanía.

De ahí el salto al reino del rumor fue corto. Surgieron versiones sobre supuestos pleitos entre los miembros de mi gabinete y sobre la próxima salida repentina de algunos de ellos. Se dijo que el Presidente está solo, que el gabinete no actúa. Se inventó una supuesta conversación televisada en la que se informaba que mi esposa era dueña de un castillo en Francia. En fin, había un ambiente que exigía una respuesta que aparentemente no estábamos capacitados para dar.

La credibilidad del gobierno llegó a ser cuestionada, cuando menos por Mejías —uno de los periodistas más influyentes— al detectar contradicciones en las afirmaciones de diferentes funcionarios públicos. Resultaba evidente que la coordinación de la información proporcionada por el gobierno era ineficaz. Esta tarea correspondía a la Secretaría de Gobernación.

Hablé con Bartlett, pues algo no estaba funcionando. Bartlett me dijo que Wimer no ponía el empeño necesario en su trabajo y que, por ello, él se lo saltaba y acordaba directamente con Mauro Jiménez Lazcano, director general de Información, y con Jesús Hernández Torres, director general de Radio, Televisión y Cinematografía. Por su parte, Wimer me dijo que el secretario no le daba las facultades suficientes para actuar.

Resultaba claro que, cuando menos, había un problema de relación humana que estaba entorpeciendo el desarrollo de esa área. Autoricé a Bartlett a sustituir a Wimer con una gente suya. Al poco tiempo también fue sustituido Jiménez Lazcano por Alberto Peniche.

El paso dado no fue suficiente para tranquilizarme, pues el problema de comunicación social me preocupa profundamente. Estoy convencido de que, pese a las críticas, informamos más y mejor que antes, pero también estoy convencido de que es necesario lograr un cambio cualitativo en ese terreno, pues la realidad actual así lo exige.

Informar es democratizar. Por ello me preocupa que no seamos capaces de transmitir a la opinión pública nuestros logros y nuestras metas. Nos faltan profesionales en la formulación de mensajes, gente con oficio en ese terreno. Debemos asumir la tarea de formarlos; necesitamos encontrar gente capacitada en el análisis de cada una de las áreas de nuestro quehacer y brindarle información amplia, a fin de que con su propio criterio informe a la sociedad.

Esta idea me viene a la cabeza porque me sorprende que, cuando afirmo alguna cosa que se ha dicho mil veces, haya gente que responda como si estuviera hablando de alguna rareza. Considero que también al gobierno a veces le falta capacidad de respuesta frente a ciertos ataques. Debemos responder, aunque la respuesta implique reconocer nuestras deficiencias.

Aun las críticas relacionadas con temas muy delicados, como el referente a la ineficacia y a los abusos de la policía, pueden frenarse con una respuesta clara y honesta. Un ejemplo es la situación que provocó el desplegado que publicó Jorge Díaz Serrano el día 11 de julio, en el que afirma que su hijo fue secuestrado y torturado por considerársele sospechoso del asesinato de Buendía.

El desplegado creó un enorme malestar, que se incrementó porque, en esas fechas, fueron detenidas e interrogadas 30 personas relacionadas, de una forma u otra, con el conflicto centroamericano. Entre ellas se encontraba el periodista Adolfo Aguilar Zinser, hijo del conocido penalista Adolfo Aguilar y Quevedo.

Los hechos nos obligan a reconocer que fue alguno de los grupos policiacos el que realizó estas actividades extralegales, aunque haya sido falso que se haya torturado al hijo de Díaz Serrano. El problema de la ineficacia en la administración de justicia es una realidad que ya hemos admitido y que necesitábamos reiterar antes de que se supusiera indiferencia o complacencia de nuestra parte ante estos actos.

Por ello, el día primero de agosto, fecha en que asistí a la Procuraduría General de la República, pronuncié un discurso fuerte al respecto. Con ello desinflé las críticas y cuestionamientos que se multiplicaban en la prensa. Esto confirmó mi tesis de que debemos hablar y explicarnos, tanto sobre los temas de consenso como sobre aquellos que resulten conflictivos.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.