Cambio de gobernador en Guanajuato

"MES: JUNIO"

El 26 de junio el gobernador de Guanajuato, Enrique Velasco Ibarra, solicitó al Congreso del estado, por motivos personales, licencia para ausentarse del cargo por más de 90 días.

Este hecho, que fue claramente entendido como una remoción definitiva, sólo formalizó lo que era una realidad: el gobernador no pudo o no quiso encarar la grave responsabilidad de gobernar a su estado. Su abulia ante el poder se fue agravando, hasta hacer la situación insostenible.

Enrique Velasco Ibarra recibió el apoyo de López Portillo, de quien era secretario particular, para ocupar la gubernatura de Guanajuato, sin tener ningún antecedente de trabajo o ninguna liga efectiva con el estado. Eso no es singular; sí lo es, en cambio, que tan pronto como llegó al gobierno, enloqueció.

La historia parece chusca, pero en el fondo es sintomática. Al llegar a Guanajuato se enamora perdidamente de una muchacha y tiene conflictos públicos con su mujer, de la que finalmente se divorcia, en medio de un gran escándalo local, para casarse con la joven. Estos asuntos, que pertenecen al ámbito privado, se convirtieron en el centro de la vida del mandatario guanajuatense, quien descuidó totalmente el gobierno y delegó en sus colaboradores toda responsabilidad. Se creó un vacío de poder en el que no se solucionaban los problemas agrarios y surgían problemas políticos. Mientras tanto, el gobierno se encontraba en un estado de corrupción generalizado. El secretario de Finanzas, Raúl Robles, que tenía compañías constructoras e inmobiliarias que hacían grandes negocios, era el factótum de lo que ocurría en Guanajuato.

Tan grande era el desinterés del gobernador que, en medio de una crisis y una etapa de austeridad y escasez como la que estamos atravesando, se acumulaba dinero en la caja del gobierno… Velasco Ibarra jamás pidió créditos ni presentó programas de trabajo. Esto me sorprendió desde que fui secretario de Programación y Presupuesto. Ya como Presidente, pude comprobar que no cumplía con las tareas mínimas que se esperan de un gobernador.

Velasco Ibarra se presentaba sólo en las ocasiones protocolarias, pues en realidad jamás buscó una entrevista conmigo. Cuando lo llegué a ver en privado, me hablaba de sus proyectos, que eran absurdos o intrascendentes. Recuerdo que mencionó su deseo de formar un instituto de biogenética y que me planteó la necesidad de hacer un viaje para establecer un mayor acercamiento con la ONUDI. El problema de Velasco Ibarra fue que no ejerció el poder.

Después de la experiencia de Yucatán, Gobernación y el PRI pretendieron repetir la faena y lo llamaron para decirle, el 7 de junio, que la situación política del estado, a un año de las elecciones, era muy precaria. Le señalaron la necesidad de sustituir, dada la información que de ellos se tenía, a su secretario general de Gobierno, Mauricio Clark Ovandía; a su secretario de Finanzas, Raúl Robles Álvarez, y a su procurador de Justicia, Enrique Gómez Guerra; como relevos se le sugirieron a Salvador Rocha Díaz, Fernando Gutiérrez Ortega y Miguel Ángel García Domínguez, respectivamente.

Tuvo que aceptar, pero se negó a renunciar. Argumentó que la presión de que era objeto representaba una falta de respeto a la soberanía del estado. En fin, trató de defenderse pero, al cabo de ocho días, regresó a Gobernación y dijo que los cambios lo habían desgastado, que había irritación en la ciudadanía y que en tales circunstancias prefería dejar la gubernatura.

La forma en que procedimos fue muy criticada. Se dijo que era una muestra clara de centralismo político y una falta total de respeto al pacto federal. Se criticó también la ausencia de una explicación pública.

Todo ello es cierto, pero organizar la destitución de un gobernador de otra manera, es decir, promoviendo que sea derrocado por las fuerzas locales, puede tener un alto costo social. Agitar el ambiente político en un estado puede significar, incluso, peligro de violencia, ya que mientras el gobernador está en funciones, el Congreso y todo el aparato político lo reconocen como su jefe nato.

Por otro lado, encontrar algún asunto grave que involucre directamente al gobernador y en el que se le pueda demostrar que hubo corrupción resultaría muy útil y tendría, además, un efecto de ejemplaridad. Pero no es fácil formar un expediente en ese sentido, pues hay que tener acceso a información que difícilmente se puede obtener mientras el gobernador esté en funciones. Hacerlo resultaría una labor muy compleja, lenta y riesgosa, pues se requiere que todos los hechos sean plenamente comprobables; de lo contrario, las consecuencias podrían ser muy serias.

Ahora bien, desde el punto de vista de los gobernadores, tenemos que entender que si ellos aceptan que se les destituya de esa manera es porque tienen cola que les pisen. Si no la tuvieran, darían la pelea. De estar yo en su situación, respondería amenazando con un pleito de frente, seguro de que en caso de un enfrentamiento, no sería yo el único dañado.

Al analizar la forma en que hemos actuado, me hice una reflexión que creo que podría justificar nuestras acciones desde un punto de vista teórico-doctrinal.

Cuando Gobernación le pide a un gobernador su renuncia, no debe entenderse como un acto de gobierno, sino como uno de partido, independientemente de quien lo ejecuta. El partido no puede sostener a quien ha demostrado su incapacidad para gobernar. Claro, este argumento sólo es efectivo en la medida en que exista una alianza cabal entre el partido y el estado. De cualquier forma, el cambio de gobernadores nos desprestigia y hiere, aun cuando se logre sin violencia.

La pregunta de fondo es qué es peor, si el desgaste de un mal gobierno estatal o el uso inadecuado de una forma constitucional. Ubiquemos las críticas, reconociendo que la mayoría fueron hechas por los columnistas intelectualizados, porque la verdad es que hay mucha gente de Guanajuato que piensa que lo malo fue que el cambio no se diera antes. Pero claro, los que están conformes con el cambio no lo gritan.

El problema del cambio de gobernadores sigue preocupándome, porque hay otros que están en fila y, si no actuamos, ponemos en peligro las elecciones de 1985. El gobernador de Chihuahua, Óscar Ornelas, es un buen hombre; desafortunadamente, mientras todos lo empujan, el PAN crece de manera desmedida. José de las Fuentes Rodríguez, gobernador de Coahuila, no trabaja más de tres horas, según me dicen, en las mañanas, pues las tardes las dedica a tomar copas con los amigos.

En un segundo grupo vendrían los gobernadores de Tamaulipas, Emilio Martínez Manautou, y de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes, aunque no son los únicos merecedores de crítica. La problemática que ellos me presentan, en todo caso, es de menor graduación.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.