El campo: cambios a la ley agraria, marchas campesinas y productividad agrícola

"MES: ABRIL"

LA PRENSA ALIMENTA LOS INTERESES DE LOS GRUPOS URBANOS y, por ello, hace en general poca mención de los problemas del campo, los cuales desconoce tanto como sus lectores. Cuando finalmente los aborda, genera inquietud y confusión, pues rara vez explica el contexto en que se ubican sus afirmaciones altisonantes.

La inquietud que sienten los lectores es válida, ya que lo que pasa en el campo nos afecta a todos. Toca, además, un aspecto primordial de nuestra idiosincrasia. La tenencia de la tierra, el estado de ánimo de los grupos campesinos y la productividad agrícola real han sido tradicionalmente aceptados como factores básicos de nuestro desarrollo económico y social.

La susceptibilidad y la suspicacia respecto a lo que ocurre en el campo van acompañadas de viejas pasiones. Nadie olvida que fue en el malestar campesino donde prendió el fuego de nuestra Revolución. Tampoco se pasa por alto la eterna discusión sobre si las decisiones que se tomaron entonces siguen ahora siendo válidas. Ideologías e idiosincrasias contrapuestas, crecimiento demográfico inmoderado y empobrecimiento relativo, todo esto hace del campo mexicano un asunto espinoso y difícil.

Saco esto a colación, porque de diciembre a abril la prensa se ocupó frecuentemente de estos temas. En diciembre y enero se habló mucho de las modificaciones y adiciones que hicimos a la Ley de la Reforma Agraria. Entre enero y abril hubo varias marchas campesinas a la Ciudad de México, ninguna en sí misma importante, pero sí lo suficientemente llamativas como para hacerse notar. En esos mismos meses, particularmente en enero y febrero, se discutieron las cifras sobre la productividad agrícola de 1983 y la importación de granos para 1984. Finalmente, al terminar abril, culminó una campaña orquestada contra Horacio García Aguilar, secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

El 30 de noviembre de 1983 envié a la Cámara de Senadores una iniciativa para modificar y adicionar la Ley de la Reforma Agraria. El sentido de los cambios propuestos es facilitar el proceso de regulación de la tenencia de la tierra, problema que afecta a 50% del territorio nacional, frena la inversión en el campo, impide una mayor productividad y ocasiona graves conflictos entre los campesinos, quienes toman en sus manos el problema, dada la lentitud de las autoridades para resolverlo.

La irregularidad en la tenencia de la tierra ha sido ocasionada por mil factores, entre los que destacan la ignorancia de la gente y la ineficacia y corrupción de las autoridades. El excesivo crecimiento demográfico también ha echado leña al fuego. El problema existe y debe afrontarse. Hacerlo implica reconocer, aunque sea muy impopular, que prácticamente ya no hay tierra que repartir. La labor que me propongo es enorme y urgente, aunque poco lucidora. Se enfrentará, además, con muchos intereses creados.

El primer paso, necesariamente, implicaba la modificación de la ley agraria existente. Preparando el terreno, Luis Martínez Villicaña, secretario de la Reforma Agraria, presentó y discutió el proyecto de ley con varios grupos. Desde ahí se manifestaron las opiniones contrarias a las modificaciones, aunque en ningún caso se sustanciaron. El hecho es que el liderato campesino todavía está en manos de quienes cambiaron la ley por última vez, lo que explica que la consideraran perfecta y por tanto intocable.

Por otro lado, es cierto que nuestro proyecto de ley tenía fallas y que fue insuficiente el proceso previo de discusión y negociación. De cualquier forma, decidimos enviarla al Congreso.

Al llegar al Senado, se repitió la escena y se abrió nuevamente la discusión. La ley fue modificada en 60 puntos por los senadores, y finalmente fue aprobada con la ausencia de dos legisladores. Esto hizo que se retardara su paso a la Cámara de Diputados, que la recibió el 26 de diciembre, cuatro días antes de que concluyera el periodo legislativo. Causó molestia entre la diputación campesina, por lo que fue aprobada tres días después, con la ausencia de 45 diputados priistas y el abandono del salón plenario de una parte de la oposición parlamentaria. Baste esto para imaginar el revuelo que causó en la prensa.

Las críticas se centraron en el hecho de que el secretario de la Reforma Agraria quedó facultado para firmar las resoluciones agrarias. La suspicacia aumentó, pues no se estipuló la obligatoriedad de publicarlas en el Diario Oficial. Con esto, se concluyó que se le estaba dando una excesiva autonomía de acción. Esta afirmación es falsa, pues los asuntos agrarios, antes de llegar a ser resoluciones, pasan por las comisiones agrarias mixtas y por el cuerpo consultivo estatal.

Por otro lado, es necesario entender que me resulta físicamente imposible, dado su número, firmar personalmente todas las resoluciones agrarias. Tan sólo los certificados de inafectabilidad que deben expedirse alcanzan la cifra de cerca de medio millón. Ello también explica que no se publiquen en el Diario Oficial.

Lo que hemos hecho, en cambio, es publicar las resoluciones agrarias en los periódicos locales.

Otro aspecto que causó críticas, pero que nosotros consideramos indispensable, fue la modificación en el sistema de elección de las autoridades ejidales, que implica que el Consejo de Vigilancia en el ejido debe ser elegido en forma directa y bajo el principio mayoritario. Antes, las autoridades de los ejidos eran nombradas por mayoría de votos entre dos planillas, y la perdedora asumía el cargo de Consejo de Vigilancia, planteándose desde el inicio una situación de rivalidad y conflicto.

En general, se criticaron los mecanismos para agilizar los trámites y se señaló que su simplificación daba mayor poder a los gobernadores y a los delegados agrarios. Si esto es grave, me parece que lo es más aquello que contribuye a la lentitud burocrática, que no sólo no evita los abusos, sino que parece facilitarlos.

Finalmente, se criticó la ampliación de uno a tres años de los contratos que celebran las empresas forestales con los ejidatarios de zonas boscosas, que tienen por objeto dar más estabilidad al proceso, dando tiempo a que las empresas madereras cubran sus costos de operación. Originalmente habíamos pensado en ampliarlo a cinco años, pero nos resistimos a hacerlo por las evidentes críticas que esto traería, al entenderse como un beneficio para los industriales.

Las críticas se hicieron, a pesar de que quedó claramente especificado que, aun durante la vigencia del contrato, podrían revisarse los precios. Debemos dejar claro que no son las empresas forestales las que realizan la explotación irracional de los bosques. Ello ocurre al margen de toda ley o contrato. Tal vez las únicas áreas de explotación racional sean aquellas que se sujetan a un contrato.

En fin, las críticas fueron perdiendo presencia con el solo paso del tiempo, pues de hecho nunca se sustentaron con argumentos sólidos.

La Ley de la Reforma Agraria cobrará mayor sentido en la medida en que empiece a funcionar el concepto de desarrollo rural integral, que implica, en el fondo, la mejor coordinación y eficacia de las entidades públicas encargadas del campo. La clave para que esto ocurra se encuentra en el gabinete agropecuario, que debe formular los planes y programas de acción correspondientes a cada dependencia, ventilando en su seno las discrepancias. Además de eso, debe revisarse el funcionamiento de las entidades del sector público para tratar de limitar su corrupción y aumentar sustancialmente su eficacia.

En cuanto a los campesinos, es difícil saber qué esperan realmente del desarrollo mexicano. No creo que tengan grandes expectativas, pero tampoco se encuentran en una actitud de apatía o pasividad. Cuando hay una falta de nuestra parte, los campesinos presionan, pero lo hacen en diferente grado, puesto que son muy diferentes los campesinos del noroeste que los indígenas de Chiapas. Hay lugares en los que tenemos que estar más vigilantes para ver que no estalle el conflicto, pues sabemos, además, que los partidos de oposición están al acecho para penetrar los núcleos en los que hay descontento.

Tal es el caso de la Central Independiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas, que está ligada a los campesinos del Pacto Ribereño, esto es, a aquellos que en Tabasco reclaman cifras multimillonarias por los daños ecológicos producidos por Pemex. Su liderazgo es corrupto y está enredado con cuanta facción opositora al gobierno existe.

La CIOAC criticó vehementemente las modificaciones a la Ley Federal de la Reforma Agraria, e inició, a principios de febrero, una marcha a Villahermosa para acusar al gobernador Enrique González Pedrero de haberse apoderado del dinero que Pemex entregó para indemnizar a los campesinos del pacto. El asunto es absurdo, y nos representa un punto de malestar constante, pues en realidad Pemex indemnizó en forma colectiva al área dañada, precisamente para evitar que los dirigentes, comprobadamente corruptos, se quedaran con el dinero. La CIOAC, de cualquier forma, hace noticia en los periódicos.

Por otro lado, el 13 de febrero, cerca de 200 campesinos del ejido de San Andrés Cuexcontitlán, Estado de México, iniciaron una marcha a la Ciudad de México para pedir mi intervención en la solución de un problema de tierras. Éste sería el ejemplo de esas pequeñas marchas, bastante frecuentes, que hacen que la gente de la ciudad tome conciencia de que existen problemas en el campo.

El 15 de febrero, un grupo de campesinos del valle de Toluca y del norte del Estado de México llegaron, después de tres días de camino, a las oficinas centrales de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pidieron la restitución de tierras ejidales y bienes comunales, así como la aplicación de acciones penales contra caciques y acaparadores de parcelas. Señalaron que, desde el 27 de agosto pasado, el gobierno del estado les había prometido una solución.

El 5 de marzo, los dirigentes del Frente Nacional Agrario anunciaron en Salvatierra, Guanajuato, el inicio de la caravana de solidaridad nacional campesina hacia la Ciudad de México. El día 12, cuando finalmente llegaron, denunciaron que los funcionarios agrarios "dan largas a los asuntos y en muchas ocasiones están coludidos con los caciques para consumar los despojos de tierras comunales y ejidales". Ese día comenzaron un plantón frente a Palacio Nacional. Tres días después regresaron a sus lugares de origen, luego de dialogar con las autoridades de la SARH y de Banrural. Una comisión de 12 representantes se quedó para negociar con el titular de la SRA.

El lunes 26 de marzo, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala convocó, desde Tuxtla Gutiérrez, a cinco regiones del país para realizar una marcha a la Ciudad de México. Los motivos fueron típicos, esto es, una política agraria que termine con el latifundismo y acelere el reparto de tierras, así como el cese de la "represión" en el campo. Concretamente, pedían solución a expedientes agrarios rezagados; un alto a los actos de la policía estatal, y la liberación de determinados campesinos.

El lunes 2 de abril se unió a esta marcha la Unión Campesina Independiente, del norte de Puebla y centro de Veracruz; la Alianza Campesina Revolucionaria, de los estados de Guanajuato, Colima y Jalisco, y la Organización Campesina Emiliano Zapata, de Chiapas.

El 3 de abril, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala continuó su jornada nacional de lucha contra la política agraria del gobierno, con la realización de mítines y marchas en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Colima y Puebla. El día 8, los contingentes campesinos pertenecientes a la coordinadora empezaron a llegar a la Ciudad de México. El 10 decidieron hacer un "plantón indefinido de 20 000 campesinos" en el Zócalo.

El hecho es que su presencia constituyó una presión. Montaron guardia en las oficinas de la Reforma Agraria, así como en la Secretaría de Gobernación. El secretario de la Reforma Agraria les propuso formar grupos de trabajo por paquetes de problemas y se manifestó dispuesto a fungir como negociador ante las instituciones correspondientes.

El PAN, el PSUM, el PST y el PPS expresaron su apoyo a los campesinos y manifestaron que si el Estado no resuelve los graves problemas que enfrenta el campo, "hay riesgos de desestabilidad social". Aun el clero aprovechó para señalar que el campo está cada día más olvidado.

Luis Martínez Villicaña reiteró al día siguiente su disposición al diálogo, pero advirtió que en los problemas del campo "no habrá soluciones sobre las rodillas". Declaró que las marchas eran un camino equivocado para gestionar respuestas a planteamientos concretos, pues dan margen a que organizaciones con diferentes intereses aprovechen la situación.

El jueves 12 se instalaron en la SRA tres mesas de trabajo para escuchar las demandas de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, pero el titular de esa dependencia condicionó la resolución de los problemas planteados al desalojo del plantón de campesinos en el Zócalo. El viernes 13 se levantó el plantón.

Finalmente, el 17 de abril, 400 campesinos de San José de los Amoles, Guanajuato, hicieron una marcha del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Acusaron de represión al gobernador Velasco Ibarra y fueron apoyados por el PST.

Estos datos sirven para ejemplificar la protesta campesina, por lo menos la más politizada, pues la más usual consiste en abandonar la tierra y emigrar a las grandes ciudades.

En fin, a pesar de estas manifestaciones, vale la pena señalar que la situación en el campo no se está agravando. Por el contrario, en ciertas partes hay una mejoría relativa. Lo importante es que la penetración de los partidos de oposición en esta área ha bajado entre el momento en que tomé posesión de la Presidencia de la República y la actualidad.

Ahora bien, en lo que refiere a los resultados de la producción agropecuaria, el ingeniero García Aguilar anunció en enero que había aumentado 140% entre 1982 y 1983. En marzo, el director de la Conasupo, José Ernesto Costemalle, informó que la reserva alimentaria es de casi seis millones de toneladas de productos básicos, lo que representa dos millones más de toneladas que el nivel del año anterior, cuando se importaron 9.5 millones de toneladas para satisfacer las necesidades nacionales. Por tanto, se prevé la necesidad de comprar a Argentina y a Estados Unidos siete millones de toneladas de granos básicos, cifra inferior en 30% a lo importado en 1983.

El hecho es que los datos dados por el secretario de Agricultura no casaron perfectamente con los del director de la Conasupo, lo que dio lugar a comentarios y críticas. Yo considero inevitable que el primero sea optimista, por la naturaleza misma de su trabajo, y que el segundo, por la misma razón, sea pesimista. Este último quiere importar la mayor cantidad de alimentos para asegurar que no habrá desabasto.

Además, la diferencia en las cifras también puede entenderse como resultado de que en el campo la estadística es todavía muy defectuosa. Sin embargo, lo que sí se puede asegurar es que la producción agropecuaria de 1983 fue sustancialmente mejor que la de 1982. Ello se debe no solamente al buen clima, sino también a una mejor organización y control de las fuerzas de producción para aprovechar ese buen clima.

Los resultados todavía nos colocan, sin embargo, en una situación muy lejana de la autosuficiencia alimentaria. Yo no creo que ésta sea factible en el curso de mi sexenio. Tal vez se pueda reducir el déficit mejorando la eficiencia, pero considero que serán necesarios cuando menos dos o tres años más para lograr la autosuficiencia. Por lo pronto, lo único que podemos hacer es fijarnos la meta de aumentar la producción y disminuir la importación.

Es importante señalar que se está realizando una reestructuración de la SARH. Esta Secretaría es inmensa: cuenta con cerca de 180 000 empleados y tiene viejos y profundos problemas de corrupción. García Aguilar ha luchado contra la corrupción; ha roto mafias y grupúsculos, y ha disuelto comisiones que no parecían tener otro sentido que el de cohechar a periodistas y gobernadores.

Naturalmente, los afectados han lanzado una campaña perfectamente orquestada para desprestigiar al secretario, a fin de lograr su remoción. A finales de abril esto se hizo muy evidente. No obstante, la realidad señala que hay producción, que se está sembrando y que ha disminuido la importación de alimentos. En estas condiciones, yo no puedo permitir el triunfo de esa campaña.

Lo que ha fallado es la comunicación social. No se están explicando los nuevos objetivos ni los logros alcanzados. Esto implica, tal vez, que García Aguilar necesita más trato político. Además, aunque fuera cierto lo que algunos me dicen, en el sentido de que el titular de la SARH no está trabajando con suficiente ahínco, éste no es el momento para cambiarlo, pues parecería que estoy cediendo a la presión. Además, quien lo sucediera podría concluir que si no se alinea con los corruptos, su puesto está en peligro.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.