Desacuerdo con la nacionalización de la banca

"MES: DICIEMBRE"

El desprestigio del gobierno comenzó desde mediados de 1981, cuando bajó el precio del petróleo; sin embargo, la devaluación de febrero de 1982 y el aumento salarial de 10, 20 y 30% en marzo lo ahondaron enormemente. Fue un terrible fin de fiesta. Baste recordar que entre 1979 y 1980 la economía había crecido a un ritmo superior a 8% anual.

El anuncio del descubrimiento de grandes reservas probadas de hidrocarburos y el notable incremento del precio del petróleo en 1978 hicieron que los pronósticos acerca del crecimiento acelerado de la economía hasta finales de siglo fueran muy optimistas. Se habló incluso de “administrar la abundancia”. Este enfoque no sólo evitó que se tomaran las medidas necesarias para superar el debilitamiento estructural de la economía, sino que lo profundizó.

El país pasó entonces a depender de los abundantes recursos que produjeron las ventas de petróleo. Con ellos se financió el sector público, se obtuvieron las divisas que requería toda la economía y se garantizaron los créditos externos. Las tasas de inversión y de crecimiento fueron muy altas, pero también creció mucho el déficit del sector público, pues las ventas de petróleo permitieron al gobierno no aumentar sus precios y tarifas, mantener baja la inflación e insignificante el desliz del tipo de cambio. Las exportaciones mexicanas no petroleras se encarecieron, abaratándose comparativamente los productos importados.

El petróleo se convirtió en el eje central de la política macroeconómica. Por ello, cuando a mediados de 1981 empezó a caer la cotización del crudo en los mercados internacionales y México tuvo que reducir el precio de su petróleo para mantenerse en el mercado, resultó necesario recortar el gasto del sector público.

La disponibilidad de crédito externo permitió suplir la deficiencia de divisas y, a pesar de la sobrevaluación del peso en relación con el dólar, el gobierno decidió no modificar el tipo de cambio.

Esta situación hizo suponer a un número cada vez mayor de ahorradores y especuladores que la devaluación del peso era inminente, provocando una enorme salida de capitales del país. Se trató de subsanar la pérdida de reservas internacionales mediante más endeudamiento externo, ahora en buena medida de corto plazo; sin embargo, la situación se hizo insostenible, y en febrero de 1982 se dio una devaluación de cerca de 100%. Entre mayo de 1981 y febrero de 1982 salieron del país alrededor de 20 000 millones de dólares.

Con la devaluación surgieron tendencias recesivas y se creó un clima de creciente desconfianza. En ese contexto y con objeto de restituir parcialmente el poder adquisitivo de los trabajadores, el gobierno decretó en marzo un incremento salarial de 10, 20 y 30%, según el sueldo que cada persona recibiera. Con esta medida se continuó la política expansionista y se anuló el efecto positivo que trae una devaluación, pues el aumento salarial evitó el abaratamiento de las exportaciones y disparó los precios dentro del país.

El déficit financiero del gobierno creció desmesuradamente, y en agosto se dio una segunda devaluación y se implantó un sistema de cambio dual, con un tipo de cambio controlado y otro libre. El peso cayó de nuevo un poco más de 100 por ciento.

Ese mismo mes, cuando la profundidad de la crisis económica se hizo del conocimiento público, el deterioro del gobierno fue tan grande que llevó a López Portillo a tomar una medida drástica: la nacionalización de la banca, como reacción emotiva extrema. ¡Qué trágico ver el desplome de López Portillo en sus últimos tres meses de gobierno!, ¡cómo destruyó la imagen de la Presidencia de la República!, ¡qué severo el daño que con ello se causó!

Desde principios de 1982, su hijo José Ramón fue su asesor principal, a quien más escuchaba. Y claro, José Ramón, rodeado de amigos, recibía influencias. Sé que desde febrero empezó a instar a su padre a la nacionalización de la banca. López Portillo me dijo, por el mes de mayo, que estaba obligado a considerar todas las opciones que permitiesen salir de la crisis económica. Mencionó desde el control de cambios hasta la necesidad de nacionalizar la banca. Me ofreció que no tomaría medidas de peso sin consultarlo antes conmigo.

En esa ocasión, y en otras posteriores, me dijo que le apenaba mucho la situación en que me estaba dejando el país, pero que las circunstancias lo obligaban a tomar decisiones. Yo siempre le respondí que respetaría su gobierno hasta el final y que entendía que era él quien tenía que tomar todas las decisiones hasta el término de su mandato. No obstante, le hice ver que, en mi opinión, nacionalizar la banca constituía una medida que en nada ayudaba a la situación económica por la que atravesaba el país y, en cambio, abría el riesgo de que expropiáramos un cascarón vacío, pues de perderse la confianza, podría darse un retiro masivo de ahorros. Así, la banca nacionalizada podría convertirse en un aparato que se nos escurriera de las manos. Finalmente, dejé claro que sí consideraba necesario que se me consultara esa decisión.

Mi relación con el Presidente era respetuosa pero distante, pues desde febrero de 1982, cuando la atención pública se centró en los problemas económicos del país, sentí la necesidad, para evitar que se apagara mi campaña, de hacer pronunciamientos fuertes que crearan en la ciudadanía la expectativa de que mi gobierno implicaría un cambio. Ello tenía por objeto ir separando las posturas del candidato de las del gobierno.

Dentro de este periodo de distanciamiento se dio una situación muy especial, pues cuando se decidió que yo sería el candidato, López Portillo me comentó que no sabía qué hacer con David Ibarra, su secretario de Hacienda, a quien ya le había perdido la confianza. En realidad, ésta era la culminación de un proceso muy largo en el que David Ibarra no sólo había caído de la gracia de López Portillo, sino que incluso éste ya le tenía aversión personal. Mi respuesta consistió en señalar que comprendía que le resultara muy difícil trabajar con un secretario de Hacienda que no le inspiraba confianza, pero que la decisión sólo podía ser suya. En abril sustituyó a David Ibarra por Jesús Silva Herzog. Al realizar el cambio, me dijo: “Nombro a su amigo para hacer más fácil la transición, a lo cual ayudará el que Silva Herzog y usted sean amigos de Miguel Mancera”.

En julio me dijo que el control de cambios sería una medida que él sentía que podía tomar solo, porque era reversible. Añadió que ya tenía los borradores de los decretos para la nacionalización bancaria, pero que desde luego los tenía congelados, pues sus asesores jurídicos les encontraban fallas legales. Insistió en que no tomaría la medida sin antes consultar conmigo. Yo le reiteré mi punto de vista, haciéndole explícito que tal decisión afectaría gravemente a mi gobierno. Sé que para esas fechas también había consultado con Silva Herzog, de quien igualmente había recibido un comentario negativo. La verdad es que no me comunicó su decisión de nacionalizar la banca hasta el 31 de agosto a las 8:30 de la noche, por conducto de José Ramón. Yo sospeché esa posibilidad sólo desde esa mañana o, tal vez, desde el día anterior.

Al entrevistarse conmigo, José Ramón comenzó exponiéndome toda la teoría en la que habían fundado la nacionalización de la banca. Habló de las razones por las que los banqueros eran indignos de confianza, pero centró la justificación de la medida en la voluntad de su padre de conservar la fortaleza del gobierno, a fin de entregarme un gobierno vigoroso. Pacientemente lo escuché y, cuando terminó, le dije:

—Si su padre ya tomó esa decisión, quiero decirle que disiento totalmente.

Le advierto que recibirá aplausos durante quince días…
—No son aplausos lo que busca —interrumpió José Ramón.
—Bueno, es una forma de hablar —respondí—. Recibirá aplausos durante quince días, se organizará el sistema político, habrá manifestaciones en el Zócalo,
la gente de izquierda se pondrá feliz. Sin embargo, antes de que salga, va a sufrir un grave desprestigio por los efectos negativos de la medida.

—Si el Presidente hace esto, es para darle más dimensión a la Presidencia de la República y podérsela entregar fortalecida —replicó.
—Lo que me va a entregar es una mariposa atravesada por un alfiler. Un país lleno de odios y sin poder de negociación con el exterior —repuse.
—Es muy grave lo que está diciendo. Le pido autorización para comentárselo al Presidente.
—No solamente le doy mi autorización, le pido que se lo comente. Sin embargo, si ya lo ha decidido, dígale usted que tendrá mi solidaridad política.

Esa misma noche del 31 de agosto, me vinieron a ver Silva Herzog y Mancera para decirme que querían renunciar. Tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir, pues acababa de realizarse una reunión de gabinete a la que habían asistido los secretarios de Hacienda, Gobernación, Defensa y Marina. En ella, López Portillo les había comunicado su decisión, a fin de que se tomaran las medidas de seguridad necesarias. Allí fue donde se resolvió que el Ejército custodiara las sucursales bancarias. A Mancera le informé que su renuncia ya no iba a ser necesaria, pues López Portillo había decidido sustituirlo por Carlos Tello. A Silva Herzog le dije que su obligación era mantenerse en el puesto y tratar de afrontar desde ahí las circunstancias: no podíamos dejar todo en manos de unos locos.

Esa noche me quedé pensando en la actitud que yo debería tener durante el informe presidencial. Tomé la determinación de aplaudir con parsimonia cuando se mencionara la nacionalización bancaria. Deseaba que quedara claro que aplaudía por protocolo, pero sin ningún entusiasmo. Sin embargo, por preparado que yo haya estado, no dejó de ser un trance muy difícil el que tuve que vivir ese primero de septiembre de 1982. La medida implicaba para mí una grave falta de respeto y la sospecha de que el Presidente pretendía condicionar mi gobierno.

A partir del primero de septiembre empezó una etapa diferente en mi relación con López Portillo. Fueron momentos muy difíciles, porque yo suponía que el Presidente estaba muy acelerado y temía que pudiera tomar otras medidas graves. Por ello pedí verlo.

Fui a desayunar con López Portillo el 3 de septiembre. Sólo entonces me di cuenta del nivel emocional de desconcierto por el que estaba atravesando. Me recibió con expresiones como ésta: “A lo mejor nos ha tocado la responsabilidad histórica de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, el holocausto de la humanidad”, refiriéndose a la posibilidad de una moratoria de la deuda externa, que hundiría el sistema financiero internacional. También me llegó a decir: “Tal vez a nosotros nos corresponda promover la revolución social en México”. Fue entonces cuando decidí que mi comportamiento, para asegurar una transmisión pacífica del poder, debería orientarse a tratar de tranquilizarlo, a no hacer nada que lo pudiera agitar y llevar realmente a cumplir con esos propósitos o amenazas que me soltaba con frecuencia.

En esa ocasión, me explicó que no me había consultado su decisión de nacionalizar la banca por el riesgo de que estuviera en desacuerdo. Además, como de todos modos iba a tomar la medida, pensó que era mejor no consultarme, para evitar un rompimiento serio conmigo. Con la mayor calma posible, le dije que lo que había que hacer era ver hacia adelante, pensar en lo que íbamos a hacer.

—Usted —le dije— ha tomado una medida que a mí me tocará instrumentar, y yo veo que esta medida es jurídicamente débil, que los principios en que se apoya son discutibles ante el Poder Judicial.

López Portillo respondió que realizaría una reforma constitucional para consignar la nacionalización de la banca. Al escuchar esto, lo único que me quedó fue pedirle que la modificación constitucional se hiciera en términos que me dejaran margen de maniobra. Le comenté que buscaría la forma para que los bancos se convirtieran en sociedades de capital mixto, cosa que le sorprendió. Recuerdo que exclamó: “¡Qué barbaridad!”. No obstante, traté de hacerle ver la conveniencia de ello, pues sin la confianza del sector privado, los bancos dejarían de captar dinero. Cuando terminé mi exposición, López Portillo sugirió que ese punto fuera dialogado a través de intermediarios. Él propuso a Carlos Vargas Galindo, y yo a José Sáenz Arroyo.

El hecho real es que la nacionalización de la banca no le aportó a López Portillo ni beneficio económico, ni provecho político. Económicamente, empeoró los problemas por los que atravesaba el país. Políticamente, el respaldo que obtuvo le duró sólo un mes, continuando después el deterioro de su imagen, la propagación de dimes y diretes, y un clima de incertidumbre económica y política. Si la medida tuvo apoyo popular inicial, fue porque el pueblo siempre ha identificado a los banqueros como explotadores y porque incluso los industriales y comerciantes se sentían agraviados por ellos. Sin embargo, la nacionalización de la banca también abrió heridas que le ganaron a López Portillo enemigos permanentes.

La consecuencia política de esta medida fue la radicalización de la sociedad, su polarización. Creó un ambiente conflictivo, un avispero que complicó y dificultó la labor de mi gobierno. Es insostenible la tesis que justifica la nacionalización de la banca como necesaria políticamente. No es cierto que para el primero de septiembre el deterioro del prestigio del gobierno planteara la posibilidad real de un golpe de Estado, pues ya estaba próximo el relevo presidencial: yo ya había establecido contacto con personas, grupos y sectores que confiaban en mi cordura y capacidad.

A partir de esa fecha, me dediqué a aconsejar y a tratar de frenar a aquéllos con quienes yo podía tener un acercamiento. Recibí a muchos extranjeros, les sugerí que yo tenía ideas diferentes de las de López Portillo, sin poder ser demasiado claro o abierto. No obstante, sí les hice ver, les hice sentir, que mi Presidencia no continuaría por ese camino; al contrario, buscaría la solución de los conflictos que sus medidas habían creado.

Me visitaron inversionistas extranjeros y gente como Kissinger y Rockefeller. Para recibir al juez Clark, quien entonces era presidente del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, consulté con López Portillo, ya que se trataba de algo muy delicado. Él estuvo de acuerdo en que se realizara la entrevista, pues pensó que ello ayudaría a calmar al gobierno norteamericano. Clark me dijo que ellos entendían que la situación era muy difícil para mí, por lo que querían que yo supiera que si se me ofrecía algo, “cualquier cosa”, estaban a mi disposición… La forma en que Clark me presentó sus puntos de vista fue muy insinuadora, por lo que mi respuesta consistió en decirle que lo único que yo podía pedirles era que, en la medida de lo posible, le brindaran su apoyo al gobierno mexicano, a fin de que transcurriera tranquilamente el tiempo que faltaba para que yo asumiera la Presidencia de la República.

También tuve que recibir y calmar a los empresarios. Ellos me dijeron, en un momento dado, que estaban dispuestos a unirse todos y hasta me hicieron insinuaciones veladas de acción política violenta. Yo tuve que frenarlos, pedirles que dejaran de hablar, que suspendieran reuniones como aquellas de “México en la libertad”, en las que cuestionaban que en nuestro país se viviera en un Estado de derecho. Me llegaron a hacer caso cuando menos en un 90%. También los obreros me buscaron. Me decían: “¿Qué hacemos?, no hay gobierno”. Yo les contestaba: “No lo hay. No hagan nada, vamos a esperar hasta el primero de diciembre”.

La inquietud estaba en grado de ebullición. Se habló mucho de que si yo apoyaba o no la nacionalización bancaria, de que si esto implicaba un rompimiento con López Portillo o no, y por eso me vi en la necesidad de hablar. Algunas ideas avancé cuando la Cámara de Diputados me declaró Presidente electo.

A mediados de septiembre ya se mencionaba la conveniencia de elevar a rango constitucional la nacionalización de la banca. López Portillo me dejó leer los proyectos y tuve la posibilidad de hacer algunas modificaciones que sentí importantes para dejar la puerta abierta a la formación de una banca mixta. Logré cambiar el texto de manera que no se dijera que los bancos serían organismos descentralizados, sino simple y llanamente instituciones, quedando abierto el camino para definir después qué tipo de instituciones. Quienes fungieron como enlaces en esta negociación fueron Carlos Vargas Galindo y Sergio García Ramírez, por parte de José López Portillo, y José Sáenz Arroyo, por la mía. García Ramírez fue invitado a participar cuando quedó claro que la negociación entre Vargas Galindo y Sáenz Arroyo no progresaba, porque el primero se negaba a aceptar que los bancos pudieran ser organismos de capital mixto.

Para entonces, lo realmente preocupante era que corrían en el aire rumores de que habría más nacionalizaciones. Se mencionaban la televisión y la industria alimentaria. Se decía que el presidente López Portillo pensaba enviar a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Orgánica del Banco de México hecho por Carlos Tello, así como algunas reformas al Código Penal elaboradas por el Procurador que adelantaban el camino de la renovación moral que había sido bandera de mi campaña presidencial. Traté de aguantar y de calmar a la gente, de no hacer nada que pudiera provocar la ira de López Portillo, pero ya para la tercera semana de octubre le dije a José Ramón:

—Oiga, ¿cuál es la actitud de su padre? ¿Qué es lo que quiere realmente?
¿Limitar la posibilidad de mi gobierno, marcarme el paso por donde debo caminar?
Entre más avance con medidas específicas, más tendré que rectificar el primero de diciembre y más triste será el espectáculo que tendremos que dar. No me dejo cinchar. Entre más me fuercen, más voy a rectificar.

Ese mismo día recibí, con todas las formalidades del caso, el recado de que el Presidente quería desayunar conmigo donde yo quisiera. Inmediatamente contesté señalando que yo iría a desayunar a Los Pinos, pero López Portillo me preguntó que si no quería yo invitarlo a desayunar a mi casa. Así que finalmente hubo un desayuno en mi casa que nos permitió carearnos a fondo. Yo le hice ver que si insistía en promulgar otras leyes, como la que elevó a rango constitucional la nacionalización de la banca, referentes a la reglamentación del Banco de México

o sobre delitos de funcionarios públicos, yo me vería en la necesidad de cambiar esas leyes el primero de diciembre. Tendría que hacerlo, simple y llanamente, por un principio de autoridad. No podía aceptar leyes que ni siquiera conocía. —Ya cambió usted al director del Banco de México —añadí—. Es su decisión y su responsabilidad, pero como en mi opinión Carlos Tello no tiene capacidad, no va a durar ahí más que los días que le restan a su gobierno.

Le hice ver que ya en la calle, en la boca de todo el mundo se hablaba de un distanciamiento entre él y yo. Él me contestó: “Usted sabe que eso no es cierto”. Yo le dije: “Sí, pero eso se dice y en política las apariencias son hechos”. Fue entonces cuando llegamos a un pacto. Él ya no seguiría moviéndome las cosas y tratando de determinar lo que yo podría hacer o no hacer en el futuro. Me reiteró su actitud de no ejercer presión en la formación y definición de mi gobierno.

En ese desayuno me hizo referencia a algunos de sus amigos. Me preguntó qué pensaba hacer con Rosa Luz Alegría. Le dije que nada, que yo no podía darle posición de relevancia, pero que le buscaría trabajos de asesoría. Me trató el caso de Tello y de José Andrés de Oteyza y le ofrecí darles alguna protección, pero no necesariamente puestos públicos. En ese momento, él todavía creía que conservaría un gran prestigio. Por eso me preguntó si yo deseaba que se quedara en México

o se fuera de viaje, haciéndome ver que el peso político que había cobrado con motivo de la nacionalización de la banca podría menguar mi presencia en mis primeros meses como Presidente. Respondí que esa decisión era suya, que hiciera lo que juzgara más conveniente, que yo no podía, ni debía, determinar lo que sería su vida privada.
En lo que se refiere a José Ramón, debo decir que me decepcionó su actitud. Cuando yo lo enfrenté y le pregunté qué participación había tenido él en la nacionalización de la banca, y cómo era posible que trabajando conmigo jamás me hubiera comentado nada, me negó todo; simple y llanamente, me negó todo. Esto yo lo considero deslealtad. En este sentido, Tello es el más consistente. Es el único que no se apena por su participación y responsabilidad. Pero volviendo a José Ramón, él llevará la carga de haber sido uno de los principales artífices del desprestigio de su padre. También fue él, con financiamiento de Hank, quien construyó las casas de la colina. Yo tengo la tesis de que quien la hace, la paga. Ya le dije eso a Hank, que a ver cómo ayuda a López Portillo a salir del problema que le representan esas casas.

El final del sexenio fue trágico. Mil novecientos setenta y seis también lo fue. Yo tuve entonces la oportunidad de participar de cerca, y pensaba que si hubiera una cámara oculta que filmara lo que estaba pasando en Los Pinos y lo diera a conocer al público, la gente se horrorizaría de cómo puede llegar a manejarse el gobierno. Por ejemplo, en esa época, Luis Echeverría de pronto se dormía en las juntas. Había que estar ahí sin saber si continuar la reunión o velarle el sueño. Era una situación muy desagradable. Estaba tan deteriorado el estado de ánimo del Presidente, tan inestable, que uno verdaderamente sentía temor al escuchar a algún funcionario, como Fausto Zapata, decir que todos los problemas de México eran causados por los ricos, que él llevaba allí, en la mano, la lista de los 40 hombres más importantes de México, que había que declararles la guerra, que lo que se requería era apresarlos esa noche.

En esa ocasión me quedé temblando ante la posibilidad de que el Presidente dijera: “Sí, ¿verdad?, qué buena idea, vamos a hacerlo”. Echeverría dejó pasar la sugerencia. Eso lo hace a uno reflexionar sobre la realidad del sistema, el riesgo que un momento de locura puede acarrear. Yo me preguntaba qué pasaría si realmente hubiera dicho que sí. ¿Empezaría una guerra civil o el Ejército daría un golpe de Estado? Hay un gran peligro en el enloquecimiento de los presidentes. Los locos hacen enloquecer al Presidente, porque la locura es contagiosa.

Los colaboradores cercanos al Presidente pueden causarle mucho daño y, con ello, hacerle daño al país. Pueden destruir procesos que después son muy difíciles de reconstruir. Pienso ahora que hubo un quebrantamiento en la clase dirigente, que posiblemente ocurrió por razones generacionales. El hecho es que todo se llegó a cuestionar; por ejemplo, se puso en tela de juicio el desarrollo estabilizador. No me refiero a si estuvo bien o mal cuestionarlo, sino a la forma en que se hizo y los resultados políticos que ello trajo.

Este cuestionamiento lo hicieron, durante el gobierno de Luis Echeverría, políticos como Horacio Flores de la Peña, quien utilizó a nuevas generaciones que se dedicaron a resaltar los rasgos efectivamente equivocados, las obsolescencias, los rezagos que caracterizan al gobierno. Lo grave fue que lanzaron un movimiento con una concepción económica muy endeble, que no reconoció que la política de industrialización del país estaba alcanzando sus límites, porque el crecimiento de la producción estaba restringido al mercado interno. El ritmo de nuestra economía disminuyó gradualmente, debido a que nuestros productos no tenían ni la calidad ni los precios requeridos para competir internacionalmente.

En lugar de enfrentar esta realidad y combatir las restricciones del comercio internacional, Luis Echeverría reorientó la política para hacer del Estado el motor de la economía, impulsando la inversión mediante obras públicas y el crecimiento del consumo vía subsidios. Esta estrategia expansionista no se hizo acompañar de una política de ingresos públicos sana, pues fue financiada por métodos inflacionarios, preponderantemente la emisión de circulante y la contratación de deuda externa. Como era de esperarse, todo ello terminó en una devaluación, después de 22 años de haberse mantenido constante el tipo de cambio.

Además, es importante destacar que, al no atacar el problema de fondo, se acentuaron los vicios estructurales arraigados en nuestro sistema económico desde muchos años atrás. Me estoy refiriendo a problemas tales como un aparato productivo y distributivo desequilibrado, desintegrado y muy vulnerable a fluctuaciones económicas externas e internas; baja productividad del sector agropecuario; un aparato comercial desmedido; amplios segmentos industriales excesivamente protegidos, y graves desigualdades sociales. A ello se unieron enfoques fiscales y financieros inadecuados, que impidieron que se tomaran las medidas necesarias para mantener un tipo de cambio realista y elevar los ingresos públicos para financiar el gasto gubernamental. Este crecimiento de la economía, apoyado exclusivamente en el incremento del aparato del Estado, agudizó el grave desorden en la ejecución del gasto público que ya existía.

El problema originado en Flores de la Peña pasó al gobierno de López Portillo, quien también tuvo una concepción errónea de la economía y las finanzas. Para ellos, la inflación no es mala; todo está bien mientras se siga creciendo. Y claro, ahora se está pagando esa equivocación.

Se me ha entregado un sistema político desmembrado; un sector productivo desquiciado, porque hay que reconocer que la nacionalización bancaria rompió abruptamente su estructura, buena o mala, sin tener a la vista un proyecto alternativo estructurado. De la administración pública, lo menos que se puede decir es que aflojó, aflojó mucho. Lo que necesitamos no se puede hacer de golpe.

La situación es grave. Las cifras disponibles hablan de una importante caída del PIB, de aumentos significativos en el desempleo y la inflación, así como de un crecimiento desmedido de la deuda externa, con vencimientos a corto plazo que comprometen las divisas que recibe el país. Esto sin mencionar la terrible devaluación del peso. Existe el temor de que se produzca una ola de quiebras con severísimas consecuencias para el aparato productivo y el empleo.*

Por ello, hemos adoptado una estrategia para evitar la debacle, que nos obliga a frenar la economía, con todos sus riesgos y sus injusticias. Porque si no frenamos, no solamente no mejora el país, sino que se nos va para atrás con un impulso muy fuerte. El problema actual va más allá de lo que se puede resolver con una purga. Es urgente controlar el desorden político y económico para no caer en un gobierno de tipo fascista. No podemos olvidar que hay fuertes tendencias conservadoras en el sistema y que la posición de Estados Unidos es clara.

 
.:: Miguel de la Madrid Hurtado: Cambio de Rumbo ::.